Yenny Silva es una de las 10 docentes que laboran en la institución Casa Cuna poeta Jesús Rosas Marcano, a las que les suspendieron su sueldo tras denunciar que no hay mínimas condiciones laborales para cumplir con clases presenciales y mucho menos a distancia.
La maestra afectada explicó a El Pitazo el miércoles 21 de octubre durante la protesta realizada en la Casa del Maestro, en el municipio Arismendi, estado Nueva Esparta, que considerando la realidad material que les agobia, a petición de la propia institución en la que laboran, expusieron las dificultades para atender a los estudiantes y días más tarde les fue notificada la medida de suspensión de su sueldo.
“Cuando fuimos a reclamar nos dijeron que había denuncias de representantes, pero jamás nos mostraron las pruebas. Lo que nosotros preguntamos es, ¿por qué el amedrentamiento con 10 docentes nada más, si este es un reclamo general, de hecho, nacional”, dijo.
Reiteró que sobran motivos para que el gremio magisterial se mantenga en conflicto, ya que viven desasistidos por parte del Gobierno nacional y en cuanto a la contratación, pues a la fecha todavía hay docentes que devengan un salario dos dólares al mes; es decir, menos de un millón de bolívares.
«Por lo que no tenemos las condiciones personales, ni sanitarias, ni laborales, ni tecnológicas para cumplir con jornadas presenciales, ya que la mayoría no posee ni siquiera un teléfono inteligente, ni conexión a internet, plataformas de formación, por lo que ofrecer educación a distancia es más crítico», manifestó Silva.
Esta misma situación es la que los ha llevado a rechazar el llamado al reinicio del periodo escolar 2020-2021.
Los docentes también lamentan no haber sido incluidos como sector priorizado en el plan de distribución de gasolina aplicado en Nueva Esparta. «Si cuentan con que ninguno de nosotros tenga carro sino que nos movilicemos en transporte público, el sueldo que ganamos no alcanza ni para una semana de transporte para asistir a las instituciones a coordinar las clases».
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Insistiendo en sus derechos, el jueves 22 de octubre, las 10 docentes afectadas se presentaron ante la Zona Educativa y aunque fueron atendidas, les informaron que no les será restablecido el pago hasta tanto acepten incorporarse a las clases.
Al respecto, la abogada Mari Rivas, quien asiste a las maestras afectadas, aseguró que: “la decisión viola el artículo 49 de la Constitución en lo referido al debido proceso y defensa de los derechos, que en este caso son económicos y laborales, además del derecho a la vida, pues obligar a asistir al trabajo sin las mínimas condiciones sanitarias es poner en riesgo la vida”.
