Nueva Esparta.- La directora del Instituto Público Neoespartano para el Ecosocialismo (Inec), Daliana Amparán, califica la extracción de las plantas datileras de la isla de Margarita como un acto ilegal que atenta contra el patrimonio natural y la protección ambiental, por lo que exhorta al Gobierno Central a tomar medidas sancionatorias al respecto.
La información fue suministrada al equipo de El Pitazo, la mañana de este domingo 7 de noviembre, por la representante del organismo ambientalista de Nueva Esparta, quien expresó su preocupación por la extracción “ilegal” de la Phoenix dactylifera, mejor conocida como palma datilera.
“Esta planta fue declarada patrimonio natural y cultural según el decreto 007 aprobado por representantes de la cámara del municipio Díaz, quienes en el año 2000 prohibieron su extracción sin autorización y aprobaron una ordenanza en la que se obliga a la siembra de ocho plantas datileras por cada una que sea extraída”, resaltó.
Amparán explicó que la extracción ilegal de la palmera datilera se observa desde hace dos semanas aproximadamente en los municipios Díaz, San Juan Bautista, Fuentidueño y Gómez. Esta planta estaría supuestamente siendo trasladada hasta Caracas y entidades de Falcón para la decoración de espacios ornamentales sin contar con los permisos correspondientes.
“Se necesita permiso de la cámara municipal y del Ministerio del Ambiente, ambos deben coordinar para poder autorizar esta extracción y de paso deben sembrar ocho palmeras por cada una de las que extraen. Nada de esto se está cumpliendo. En el municipio Díaz están conmocionados por este hecho sin presentes”, resaltó Amparán.
La directora de Inec explicó que la palmera datilera es una la planta autóctona, cultural y que ha servido como atractivo turístico en la isla de Margarita en las últimas décadas, además detalló que para que uno de estos troncos alcance los 1,5 metros de altura deben transcurrir, al menos, diez años, lo que pone en riesgo la extinción de la misma en Nueva Esparta.
La representante del organismo ambiental asegura que su denuncia está basada en los artículos 127 y 129 de los Derechos Ambientales, los cuales citan que todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural, además de aclarar que un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro.
