Barcelona.- Proyecciones realizadas por el presidente de la Cámara de Comercios en el municipio Bolívar del estado Anzoátegui, Wael Rad, revelan que la cuarentena forzó el cierre de entre cinco y ocho tiendas por cada centro comercial ubicado en la zona norte de la entidad.
La información fue suministrada al equipo de El Pitazo la tarde de este 22 de junio. Rad especificó que los grandes y pequeños establecimientos comerciales han sido los más afectados con las restricciones laborales debido a la reducida circulación de personas que se ha observado luego del cierre de los locales para evitar la aglomeración.
“Los comerciantes han registrado grandes pérdidas, ya que muchos han tenido que continuar pagando sus actividades económicas, alquileres y demás gastos sin percibir ingresos. Otros también han optado por mudar sus negocios a zonas más transitadas”, recalcó.
Rad propuso la creación de planes crediticios por parte de las bancas públicas, privadas y el Ejecutivo Nacional con la finalidad de impulsar y apoyar a los grandes y medianos comerciantes regionales. También la creación de una mesa de trabajo para discutir ideas que ayuden a aportar soluciones a los comerciantes durante el período de restricción laboral.
“Un 20% de los comerciantes se han reinventado y han optado por realizar modificaciones en sus registros comerciales a través de actas de asambleas que les permitan incluir artículos de primera necesidad y poder continuar laborando, pero esto pudiera generar doble pago de actividad económica para algunos”, recalcó.
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Estas modificaciones mencionadas por el representante de los comerciantes en Barcelona también se han observado en el municipio Sotillo de la entidad, donde en las últimas semanas se ha notado un incremento de ventas de alimentos en los establecimientos que se dedicaban a la comercialización de otros rubros.
Algunos comerciantes, como Rey Suárez, quien tiene una venta de cosméticos en la calle Libertad de Puerto La Cruz, contaron que se han visto en la obligación de vender artículos alimenticios y trabajar a riesgo de que les cierren el negocio porque deben cumplir con el pago de impuestos municipales, servicios públicos, alquiler y empleados, recursos con los que no cuenta, según asegura.
“Nos hemos visto afectados por la prohibición para trabajar, pero hasta ahora no nos han exonerado los gastos mensuales y somos víctimas casi a diario de efectivos policiales que nos matraquean para no cerrar nuestros negocios”, resaltó.
