Barcelona.- Los bajos ingresos que actualmente perciben, la reducción del horario laboral, el aumento de los montos que deben pagarse por servicios públicos y la inestabilidad en los cobros de los impuestos tributarios son algunas de las causas principales por las cuales un estimado de 520 licoreros del estado Anzoátegui han comenzado a laborar desde la clandestinidad.
La información fue confirmada por miembros de la directiva de la Asociación de Licoreros (Asolicor) en la entidad, Joselyn Salazar, Carlos Rodríguez Girott y Juan Salazar. Ellos explicaron al equipo de El Pitazo la mañana de este lunes, 21 de febrero, que mantener vigentes los permisos y los montos establecidos por concepto de impuestos municipales ha comenzado a superar el margen de ganancia de los comerciantes dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en el estado.
“Los impuestos han sido anclados al petro y ello representó un aumento de las tarifas, que además son variables. El monto que debe pagarse por los servicios, como el aseo, se ha duplicado en su mayoría y los controles en el horario laboral cada vez son más irregulares. Esto representa una asfixia para los agremiados”, detalló Joselyn Salazar.
Por su parte, Juan Salazar resaltó que desde el inicio de la pandemia unos 390 licoreros han cerrado sus establecimientos y 260 se mantienen sin actualización de sus permisos. Por esta razón hizo un llamado a las autoridades municipales a apostar por el diálogo para evitar el cierre de más establecimientos comerciales.
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“Cuantificamos unos 1.300 licoreros en Anzoátegui, aproximadamente, y unos pocos, sobre todo los nuevos bodegones, son los que se han podido mantener al día. Nosotros como contribuyentes apostamos a la legalidad, pero esta asfixia económica nos va cerrando las puertas y posibilidades poco a poco”, agregó Carlos Rodríguez Girott.
Controles y fiscalización
Argenis Centeno es el dueño de una de las licorerías que funciona en el casco central de Puerto La Cruz y denuncia que las jornadas de fiscalización y patrullaje solo se están efectuando en las zonas céntricas. Asegura además que las multas están entre 1.200 (260 dólares) y 2.100 bolívares (455 dólares) por establecimiento.
“No creo que con todas estas restricciones laborales y pocos márgenes de ganancia un licorero esté ganando más de 2.000 bolívares (420 dólares) al mes. Esto no alcanza para pagar aseo, impuestos, agua, luz, publicidad, actividad económica y tasas municipales. Muchos tenemos que sacar de nuestros bolsillos para poder mantener la legalidad de nuestros negocios”, resaltó Centeno.
El comerciante reveló que pese a existir una ordenanza municipal que permite a los licoreros laborar hasta las 9:00 pm, funcionarios policiales y castrenses los obligan a bajar sus santamarías a las 6:00 pm sin justificación alguna.
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“En la zona norte de la entidad, la mayoría de las licorerías clandestinas funcionan en las zonas rurales, parte alta del municipio Sotillo o en calles escondidas que no son de fácil visibilidad; por lo tanto, las fiscalizaciones solo se las hacen a los que somos contribuyentes formales y estamos haciendo un gran sacrificio para mantener la legalidad”, enfatizó el empresario.
Otra de las agremiadas del sector licorero es Aída López, quien asegura que está evaluando la posibilidad de cambiar de ramo, pues el pago de impuestos y servicios públicos supera su margen de ganancia, lo que se ha traducido en pérdida de inventario y poco alcance para reponer mercancía.
“Mi negocio me deja un aproximado de ganancia de 500 dólares por mes, pero mis gastos en ese mismo lapso son de 420 dólares, sin incluir el alquiler. Si me multan porque no he podido hacer el pago del aviso publicitario este año, tengo que cerrar. No me dejan trabajar en mi horario establecido para ver si obtengo mayores ingresos y puedo laborar en santa paz. Tratan a los contribuyentes como delincuentes”, destacó López.
Representantes de Asolicor en el estado Anzoátegui hacen un llamado a las autoridades municipales para que se sienten a dialogar con miembros de la directiva e idear planes en conjunto que les permitan a los comerciantes ponerse al día con sus impuestos municipales y se aclaren los horarios laborales, respetando las ordenanzas municipales vigentes.