La confusión reina entre los venezolanos desde que fueron confirmados los dos primeros casos por coronavirus | Foto EFE
Por Francisco Rodríguez
Venezuela no sólo tiene que confrontar una emergencia de salud pública sin precedentes, sino un desplome de los precios del petróleo que ha erosionado su ya disminuida capacidad de generación de ingresos externos. A ello se suma la decisión por parte del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones petroleras secundarias que penalizan a las empresas que ayudan a comercializar petróleo venezolano. Esta última decisión, que forma parte del giro de políticas anunciadas por la administración de Donald Trump en febrero de este año, ha llevado a que agentes intermediarios demanden que Venezuela acepte vender su petróleo a un descuento creciente debido al riesgo regulatorio en el que incurren al ayudar a comercializar petróleo venezolano. Como resultado, el petróleo de nuestro país se comercializa hoy a un descuento de alrededor de $20, cayendo por debajo de algunos estimados del costo de producción.
Todo esto ocurre en un país que tiene una capacidad extremadamente limitada para atender una emergencia de salud pública generalizada. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Johns Hopkins, la Iniciativa de Amenaza Nuclear y la Unidad de Inteligencia de The Economist, Venezuela es uno de los países con menor capacidad de respuesta ante una emergencia de salud global, ocupando el lugar 176 de 195 países (y último de 33 en la región de América Latina y el Caribe) en el Índice Global de Seguridad en Salud construido por ese estudio. Las debilidades de Venezuela son particularmente acentuadas en dos dimensiones necesarias para la atención de esta emergencia, que son la detección y reporte tempranos y la respuesta rápida y mitigación, en las cuales ocupa los lugares 182 y 180 de 195 países evaluados.
En cierta medida como resultado de esas debilidades, las medidas de cuarentena social anunciadas por la administración de Nicolás Maduro son, en una primera instancia, parte de la respuesta correcta que el país debe dar ante una pandemia de este tipo. Precisamente debido a que la capacidad del sistema de salud venezolano de manejar esta crisis es tan limitada, es prioritario intentar detectar y aislar los casos de forma de, idealmente, contener la expansión de la enfermedad o, en su defecto, aplanar su ritmo de crecimiento y hacerlo lo más cónsono posible con la capacidad de nuestra infraestructura de salud pública.
El problema fundamental de la aplicación de medidas de distanciamiento social en cualquier economía está en la capacidad del Estado y la sociedad de hacerlos cumplir. En esto juegan un rol la presión social y la capacidad del Estado de supervisar su aplicación y castigar su incumplimiento. Cualquiera de estos dos factores se puede ver desbordado por el fuerte costo económico que obedecer estas restricciones impone sobre los ciudadanos.
Es por ello que las economías desarrolladas están discutiendo la aplicación de medidas de alivio financiero tales como suspensión de pago de impuestos y préstamos de bajo o cero intereses, conjuntamente con políticas monetarias expansivas, para compensar a las familias por el costo de limitar su actividad económica y reducir su exposición social. Estas políticas no se limitan a las economías avanzadas. El gobierno de Perú, por ejemplo, acaba de anunciar la decisión de otorgar un subsidio temporal de S/ 380 (aproximadamente $107) a tres millones de familias en condiciones de pobreza para ayudarlas a sobrevenir el efecto de la crisis.
En Venezuela, es posible que el subsidio necesario sea aún mayor. Aunque los salarios de equilibrio en nuestro país son menores, una proporción mayor de la población vive en condiciones de precariedad, con lo cual, en ausencia de una transferencia universal o casi-universal, los incentivos a no obedecer los llamados a cuarentena social serán altos. Además, solo sectores muy reducidos tienen ahorros significativos para permitirles sobreponerse a un período prolongado de reducción de sus actividades económicas. Venezuela no parece disponer de un mecanismo efectivo de focalización hacia sectores más necesitados, lo que implica que tal vez no hay alternativa real a una transferencia universal o casi-universal en el corto plazo.
Venezuela no parece disponer de un mecanismo efectivo de focalización hacia sectores más necesitados, lo que implica que tal vez no hay alternativa real a una transferencia universal o casi-universal en el corto plazo.
Si partimos del supuesto de una transferencia de 25 dólares mensuales por persona, similar al costo de oportunidad actual para trabajadores no calificados, y dada una población económicamente activa de aproximadamente 15,9 millones de personas, un subsidio universal o cuasi-universal costaría aproximadamente 400 millones de dólares mensuales. Aún asumiendo una duración moderada del período de cuarentena social, estaríamos hablando de un costo de $1,2 millardos durante un período de tres meses.
¿Puede Venezuela pagar este costo? Con el debilitado estado de sus finanzas públicas y en ausencia de acuerdos políticos que le permitan acceder a otros fondos, la respuesta es no. Dado que el precio después de descuento de nuestro petróleo está hoy por debajo de los costos de producción, es poco factible que exista renta petrolera alguna que dirigir hacia el pago de un nuevo programa de subsidio directo como éste. Ello ocurre además en una situación en la cual los ingresos por recaudación tributaria se verán igualmente golpeados por la recesión.
Un riesgo frente a esta situación es que las autoridades decidan otorgar una transferencia directa financiada a través de la impresión de dinero. Ya en hiperinflación, Venezuela no tiene ningún espacio para llevar adelante una política monetaria expansiva; el financiamiento monetario de esta cantidad de gasto probablemente sería contraproducente, llevando a una mayor caída en la demanda de dinero y a un descenso en el valor real de los ahorros y salarios, exacerbando la contracción de demanda agregada.
La capacidad de una economía de asegurar a su población condiciones básicas de consumo depende no del dinero que se ponga en sus manos sino de la cantidad de bienes que ponga en sus anaqueles. En una economía cuya población está activamente trabajando, estos bienes se generan mediante la producción nacional o del comercio internacional. En la medida en que las personas tienen que entrar en cuarentena, estos bienes dependerán de la capacidad de la sociedad de reorganizar sus procesos productivos y de importar bienes de economías que aún estén en condiciones de ofrecerlos.
En otras palabras, de nada sirve otorgar a los venezolanos capacidad de compra en el mercado local si el país no puede aumentar sus importaciones. Por eso es indispensable que el país acceda a las fuentes de recursos disponibles en moneda extranjera para pagar las compras internacionales necesarias para mantener el consumo y producción local así como para atender las necesidades básicas de equipamiento de nuestro sistema de salud pública. Para ello existen varias fuentes de recursos a las que se puede apelar.
Usando cálculos conservadores, estimamos que Venezuela podría disponer de aproximadamente una cuarta parte de los dividendos retenidos en empresas mixtas, la totalidad de recursos del IFR del FMI, y la mitad de las pérdidas producto de descuentos sobre su petróleo. Esto implicaría la disponibilidad de USD 6,7 millardos para atender la emergencia actual. Esto sería más que suficiente para financiar un programa de transferencias tal como el arriba indicado, así como un programa de adquisición de equipos e insumos médicos necesarios para atender la emergencia.
Ninguna de estas medidas es posible, sin embargo, en ausencia de un acuerdo político entre las partes. Es altamente improbable que ningún ente multilateral decida prestar recursos a Venezuela sin que esos préstamos estén avalados por la Asamblea Nacional. De la misma forma, el acceso a los recursos disponibles en cuentas en el exterior requiere en los casos de las empresas mixtas la aceptación de Estados Unidos de autorizar transacciones bloqueadas como resultado de pasadas órdenes ejecutivas (en el caso de recursos de CITGO también se necesitaría el aval de los acreedores). La aprobación de una licencia general con una excepción humanitaria a la restricción a la compra de petróleo venezolano también se haría necesaria para lograr reducir el descuento al que se coloca hoy el petróleo venezolano.
Es altamente improbable que ningún ente multilateral decida prestar recursos a Venezuela sin que esos préstamos estén avalados por la Asamblea Nacional
Es de esperar que la administración de Juan Guaidó, al igual que el gobierno de Estados Unidos, demande condiciones sobre la utilización de estos ingresos, de forma de asegurar que vayan dirigidos a la atención de la emergencia de salud. Justamente el diseño de este tipo de mecanismos ha sido uno de los focos de investigación de la Fundación Petróleo por Venezuela que dirijo. Ellas incluyen el nombramiento de juntas de supervisión profesionales y despolitizadas de mutuo acuerdo entre las partes, rol administrativo y supervisor para organismos internacionales tales como la Organización de Naciones Unidas, y control previo y posterior por parte de la Asamblea Nacional.
El logro de acuerdos políticos sectoriales que permitan atender problemas concretos de los venezolanos y protegerlos de los efectos colaterales de la crisis política cobra hoy una nueva urgencia. Frente a una amenaza directa a la vida de millones de venezolanos, tenemos la responsabilidad de hacer un llamado a una tregua para enfrentar a un enemigo real. El futuro juzgará a los líderes políticos de nuestra época por su capacidad de poner a un lado sus diferencias y sumar esfuerzos para enfrentar una amenaza a la vida de todos. Unirse para combatir la pandemia no implica de ninguna manera deponer los reclamos válidos ni mucho menos aceptar la legitimidad del contrincante. Implica afirmar nuestra voluntad de salvar vidas venezolanas.
Francisco Rodríguez es economista, director de la fundación Petróleo para Venezuela y profesor visitante del Centro Stone de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Tulane. frodriguez@oilforvenezuela.org, frodriguez1@tulane.edu.
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