En los últimos meses la consideración de la posibilidad de una transición política en Venezuela ha tomado fuerza, hecho que por sí solo representa una ganancia para el equipo de Juan Guaidó y todos los sectores que reclaman un cambio en el país. De este modo, la interrogante común de los ciudadanos sobre la factibilidad de un proceso en el que se retomen los caminos democráticos es un paso, en comparación con otros momentos históricos en los que la continuidad del régimen se ha dado por hecha.
La situación de inconformidad generalizada frente el estatus quo es un signo de que aún existe en la conciencia cívica venezolana el aprecio por la libertad como valor indispensable para el desarrollo de la vida y esto abre las rutas para la construcción de mecanismos que han de permitir la vuelta a la democracia.
La respuesta a si es posible o no una transición depende de la perspectiva con la que se aprecie el escenario político actual. Desde la desesperanza cualquier cambio de gobierno será siempre una quimera; no obstante, existen argumentos que tienden a demostrar lo contrario, como por ejemplo el hecho de que mientras mayor es la disposición de la élite política gobernante a aferrarse en el poder, más se revela su fragilidad, aumentan sus muestras de ilegitimidad y crece su pérdida de respaldo ante actores de la comunidad internacional. Incluso han llegado a quedarse sin la voz o el silencio cómplice de políticos de izquierda que a lo largo de estos años los habían apoyado.
Resulta significativo el hecho de que los regímenes dictatoriales se caracterizan por la condensación del poder en manos de un individuo, grupo o élite, sin estar en la mayoría de los casos facultados por reglas constitucionales ni procurar el orden político del Estado. Además, esta forma de ejercicio del poder se basa en la restricción de las libertades civiles y métodos represivos de control social y político. En ese sentido, el informe presentado el 4 de julio por la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tiene la particularidad de que, si bien no emplea el término “dictadura”, acusa al gobierno de Nicolás Maduro de erosión de las instituciones fundamentales y violación de derechos humanos, resaltando la limitación del ejercicio de los derechos cívicos.
Sin embargo, aunque el argumento del carácter arbitrario y despótico del gobierno madurista cobra fuerza en instancias internacionales, no resulta suficiente, pues continúa sostenido por otros actores, dentro de los que destaca un alto mando militar liderado desde hace cinco años por Vladimir Padrino López. Este es un hecho inédito en la historia de los mandatos chavistas, ya que es el mayor tiempo que un ministro de la Defensa de la “revolución” ha permanecido en su cargo. Esto puede leerse como otra señal de la poca estabilidad de la élite política gobernante, pues pareciera que el solo cambio del titular del Ministerio de la Defensa pudiera desembocar en mayor desequilibrio para el grupo que ostenta el poder.
Asimismo, resalta la figura de Remigio Ceballos Ichaso, quien se mantiene como comandante estratégico operacional y pareciera fungir, entre otras cosas, como una pieza de contrapeso sobre Vladimir Padrino López, algo así como el hombre que tomaría el control en caso de que el otro decidiera pronunciarse a favor de la restitución del hilo democrático.
Queda por ver si en el marco de las actividades programadas para el 24 de julio en conmemoración del natalicio del Libertador y aniversario de la Armada Venezolana se anuncia la renovación de cargos dentro de la Fuerza Armada Nacional (FAN), aunque lo más probable es que las fichas más estratégicas continúen en su lugar.
Ante este escenario, queda considerar el estado en el que se encuentra la FAN a lo interno, marcado por un significativo número de deserciones y bajas, así como por un cuestionable apresto operacional, causado por la escasez de personal y dudosas condiciones del armamento, materiales y equipos, asuntos que repercuten en la moral de sus miembros y nos llevan a preguntarnos si de verdad quienes ostentan el poder cuentan con la mayoría de los hombres y mujeres de verde.
A la luz de estos planteamientos, las acciones de la FAN en una transición política deberían orientarse a la reconciliación con los intereses supremos del Estado, alejándose por completo de las parcialidades políticas, facilitando la disolución de las fuerzas represivas y garantizando el bienestar de la sociedad de la que forman parte sus miembros, ya que de lo contrario seguiría en un proceso de desgaste, en detrimento de su propia supervivencia como institución.
De esta forma, la transición con sus implicaciones (reemplazo de los mecanismos de participación, toma de decisiones y competencia política) se vislumbra cada vez más cercana y factible, dependiendo en buena medida de la capacidad de resistencia a la desesperanza por parte de la ciudadanía y el potencial de sus líderes para aglutinar esfuerzos y continuar con solidez la lucha por la libertad.
*Neho Sucre, politóloga y militar retirada
Twitter: @NehoSucre
