Por: David Gómez Gamboa
Las universidades como cunas del pensamiento y conocimiento científico o como espacios para el debate y el intercambio de saberes, se encuentran “en jaque” en Venezuela. ¿Es esto un hecho casual o responde a la intencionalidad de un gobierno que las quiere “controlar”?
Obviamente no es un hecho casual. En las dos últimas décadas se ha desarrollado una política de Estado dirigida a minar la libertad académica, la autonomía universitaria y la educación de calidad en el marco de la educación superior, a través de la imposición de normas que favorecen el adoctrinamiento y promueven la creación de figuras paralelas al gobierno universitario, sustitutivas de las legítimas.
Evidencias claras son el Plan de la Patria 2013-2019, cuya finalidad era impulsar la transformación universitaria hacia el socialismo; la figura de un protector para la UCV y la creación de instancias como ARBOL para sustituir a la AVERU.
Asimismo, se ha implementado la asfixia presupuestaria que imposibilita el ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión; la intervención en las decisiones de los consejos universitarios y la usurpación de sus funciones por parte de autoridades del poder público.
Se suman a estas, las prácticas generalizadas de criminalización de la protesta contra los universitarios; discriminación por razones políticas en instituciones controladas por el gobierno central; represalias contra académicos; y en general, acciones restrictivas de la libertad de asociación tanto de estudiantes como de profesores en relación a asuntos absolutamente inherentes a ellos. Ha sido recurrente la exclusión de la FAPUV, de las asociaciones profesorales y de los gremios de las negociaciones colectivas frente al Estado.
Las universidades públicas padecen de un déficit presupuestario que oscila entre 97% y 99%. Vale decir que el Estado asigna entre 1% y 3% del presupuesto requerido por las instituciones de educación superior. Además, las violaciones a la autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente, han sido recurrentes. El CNU ha hostigado de manera reiterada a rectores de la AVERU e impuesto arbitrariamente autoridades universitarias.
Llama la atención que desde el 2010 el Poder Judicial haya producido, al menos, 50 decisiones que violan la libertad académica y la autonomía universitaria.
El gobierno venezolano ha ejecutado prácticas represivas contra académicos por expresar ideas críticas en torno a temas de interés nacional. En 2017, al menos 17 profesores fueron detenidos de manera arbitraria por manifestar ideas críticas o protestar pacíficamente. En julio de 2021, Javier Tarazona, profesor universitario y activista de derechos humanos, fue detenido arbitrariamente luego de realizar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos e incursiones de grupos irregulares en Venezuela.
En mayo de 2020, la Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) fue amenazada por Diosdado Cabello con la “operación tun-tun” luego de publicar un informe científico sobre la situación de la COVID-19 en Venezuela. Incluso, en el marco de la pandemia, profesionales de la salud —algunos profesores universitarios—que denunciaron problemas relativos a la prevención, atención o gestión de la pandemia, fueron víctimas de amenazas o represalias.
Adicionalmente, las universidades y el país enfrentan una tragedia sin precedentes: la pérdida de su capital humano. La deserción estudiantil durante 2020 y 2021 es alarmante, oscila entre el 40% y 60%. Aula Abierta estima la deserción estudiantil en algunas escuelas y dependencias universitarias de la UCV en 41,53%; en la ULA, en 57,96%; en LUZ, entre el 40% y 60% y, en la UDO en 58,61%.
La pérdida del recurso profesoral se estima entre el 40% y 50%. Sin embargo, creemos que estos porcentajes son apenas la punta del iceberg, en un contexto de opacidad informativa que propicia el gobierno central.
Los profesores universitarios perciben salarios de pobreza extrema (hoy entre 4 y 11 dólares al mes, según su escalafón o dedicación) y no cuentan con seguridad social. La situación se agravó considerablemente a partir del 2016, en el contexto de la emergencia humanitaria que afecta al país.
Todo esto hay que decirlo a la comunidad internacional. Es importante que en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde los estados evaluarán a Venezuela a principios del 2022, se visibilice que las universidades venezolanas se encuentran en jaque, partiendo de la relación inherente de la libertad académica con la democracia y el desarrollo. Insistimos, sin universidades no hay democracia ni desarrollo posibles.
David Gómez Gamboa | @dgomezgamboa
Director de la Ong Aula Abierta / Docente y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ
El Pitazo no se hace responsable ni suscribe las opiniones expresadas en este artículo.
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