La Real Universidad de Caracas, base histórica de la democracia en Venezuela

Alberto Navas Blanco

El 22 de diciembre de 1721, el primer Rey Borbón de España, Felipe de Anjou, convertido en Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, dio en el Palacio Ducal de Lerma (Sur de Burgos) la célebre Real Cédula que elevaba al antiguo Colegio Seminario de “Santa Rosa de Lima de Caracas” a la categoría de Universidad, con la facultad de otorgar títulos de Bachiller, Licenciado, Maestro y Doctor; los que adquirían valor universal con el reconocimiento en 1722 de dicho instituto como Real y Pontificia Universidad de Caracas, por voluntad del Papa Inocencio XIII.

Este gran logro de la presión y solicitudes de la sociedad venezolana se complementaba con el interés de la corona española por racionalizar, modernizar y regalizar sus relaciones con sus posesiones ultramarinas, interés del regalismo borbónico que se completó con otras grandes medidas relativas a Venezuela, como la creación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1728 y de la Capitanía General de Venezuela en 1777 con el Rey Carlos III. Con todo ello se sentaban las bases de integración de lo que sería después de 1810 la Venezuela republicana e independiente.

La universidad en sí era una estructura republicana, aunque funcionaba dentro de un contexto monárquico, particularmente después de 1784 cuando el propio Carlos III autorizó al Claustro Pleno de Doctores y Maestros para elegir al rector de la Universidad caraqueña, mediante una Real Cédula en la que se implantaban no solamente las votaciones del Claustro sino la alternabilidad electoral de los aspirantes al cargo rectoral.

Por todo ello la universidad venezolana no solamente es anterior a la república e independencia, sino causa principal de ellas, por sus prácticas protorepublicanas, pero principalmente por los 2.576 egresados que formó entre 1725 y 1821, quienes fueron los cuadros que integraron las generaciones constructoras de la Venezuela republicana, independiente y liberal. Destacándose entre ellos figuras como Francisco de Miranda, Andrés Bello, Juan Germán Roscio, Cristóbal Mendoza (Primer Presidente de la República), Felipe Fermín Paúl, José María Vargas y muchos otros más.

Si alguna universidad es en verdad bolivariana, es la Universidad de Caracas, pues fue en ella donde en 1827, el Libertador Simón Bolívar, conjuntamente con el Dr. Vargas y el Claustro Universitario le dieron y aprobaron sus estatutos republicanos, confiriéndole el nuevo nombre de Universidad Central de Venezuela. Esto conforme al proyecto de Ley aprobado por la Gran Colombia para Caracas, Quito y Bogotá, inspirados en el pensamiento de los liberales españoles como Manuel José Quintana, ideando a las universidades centrales como “Universidad de Universidades”, modelo para la creación de un sistema de institutos de este nivel en el contexto socioterritorial de las nuevas repúblicas americanas y de la propia España que buscaba superar el absolutismo de Fernando VII.

Además de la normativa republicana de 1827, el Libertador y el Claustro Universitario acordaron dotar a la Universidad Central de bienes rentales capaces de garantizarle ingresos suficientes como para no depender de las rentas públicas y garantizar así, administrativamente, la necesaria autonomía académica. Protegiéndola de los poderes del Estado y de otros factores e intereses sociopolíticos. Desafortunadamente, la evolución republicana desde la década de 1840 enfiló hacia un retroceso en los logros en materia de autonomía universitaria, el caudillismo militarista se fue acentuando hasta que después de 1870 se perdieron los avances heredados tanto del gobierno del rey Carlos III como del propio Libertador Bolívar: La Universidad Central pasó a ser una dependencia presupuestaria del Estado, sus bienes confiscados y rematados en favor de allegados al régimen de Guzmán Blanco, el Presidente de la República designaba desde el portero de la Universidad hasta su rector.

Esta situación oprobiosa se mantuvo bajo los gobiernos de los generales Joaquín Crespo, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. La Universidad era intervenida o no, abierta o cerrada, dependiendo de la voluntad represiva del autócrata de turno.

El resurgimiento estudiantil de 1928, encarnado en figuras universitarias ya conocidas como Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba entre muchos otros, abrió el lento camino hacia la recuperación de la autonomía universitaria. Desde 1939 el gobierno de López Contreras admite reformas que avanzaron en ese sentido, especialmente bajo el rectorado del Dr. Antonio José Castillo, inspirador junto a Villanueva de la nueva Ciudad Universitaria de Caracas.

Aunque la dictadura militar del general Pérez Jiménez y sus aliados, entre 1948 y 1958, detuvieron el avance político de la autonomía, sí se ocuparon en avanzar las obras de la Ciudad Universitaria, reconocida posteriormente por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Pero se trataba de una estructura muy moderna en la que no se podía disentir ni criticar. La intervención con un Consejo de Reforma amordazaba la esencia crítica y creativa de la institución.

Desde 1946 la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt había aprobado el Estatuto Orgánico de las Universidades Nacionales, perfilando el futuro de la autonomía y el cogobierno universitario, proceso que fue interrumpido por el conocido golpe militar de 1948 que derrocó el gobierno de otro universitario como don Rómulo Gallegos. Posteriormente al 23 de enero de 1958 al terminar la dictadura militar, la nueva Junta de Gobierno reestableció el reconocimiento formal de la autonomía universitaria, realizándose sucesivas elecciones rectorales, decanales y de cogobierno, desde los rectorados de los doctores De Venanzi y Bianco, hasta la actual rectora Cecilia García Arocha; sesenta años de ejercicio democrático interno bajo una permanente lucha con los gobiernos democráticos de turno, tanto en la busca de un presupuesto justo y realista, como para evitar todo tipo de intervenciones ocurridas especialmente en las décadas del sesenta y setenta. Todo ello sin negar los errores internos que pudimos cometer los propios universitarios.

Desde finales del siglo XX y comienzos del XXI sufrimos un grave deterioro de los logros alcanzados desde 1958, principalmente por la denegación de los recursos presupuestarios necesarios para el mínimo funcionamiento de la Universidad Central de Venezuela y del resto del sistema de universidades autónomas surgidas desde la recuperación de la democracia. La intervención de la universidad en base a decisiones de tribunales de justicia han diferido por años las elecciones universitarias, en sentencias que contradicen la propia Constitución Bolivariana que reconoce a los profesores, estudiantes y egresados como base de la comunidad universitaria, para efectos del cogobierno universitario.

Aunque la universidad no está cerrada a discutir la participación de otros sectores en el gobierno administrativo y cotidiano de la institución, se debe preservar la pertinencia de lo académico en los asuntos privativos del cogobierno académico, e incorporar a los sectores de empleados administrativos y obreros, según su capacitación, al manejo de los órganos de cogobiernos que les sean pertinentes.

El conocimiento académico debe ser cogobernado por la Academia para no correr el riego de la perversión populista que es una forma indirecta de perversión y deterioro, que terminaría por arrastrar las universidades autónomas al aún más lamentable estado en que se encuentran las universidades dependientes del gobierno directamente, donde no se elige ningún tipo de autoridad ni de representación ante los cueros del cogobierno.

La diferencia de esta situación puede ser retratada con el ejemplo del avión donde se le consultaría a los pasajeros si prefieren que el avión lo maniobre para el aterrizaje el capitán y su copiloto o el cuerpo de aeromozas. Dos tipos y niveles de conocimiento respetables, pero que pueden llevar, según su uso, o a un sano aterrizaje o a un trágico desastre.