La cuarentena recrudeció la violencia sexual contra la niñez

El encierro al que nos obligó la pandemia por Covid-19 ha traído consecuencias abrumadoras para la infancia en Venezuela. La pérdida de la socialización natural que ofrece la escolaridad y la protección que brinda, es una de ellas. Pero la pandemia también ha incrementado las violencias sexuales (VS) contra niños, niñas y adolescentes. Mes a mes son más noticias de este delito.

La Red por los Derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (REDHNNA) presentó un diagnóstico nacional sobre violencia sexual que da cuenta del incremento y de las falencias del Estado para hacerle frente. Indica que en 2020 se registraron 194 menores de edad víctimas de distintas violencias sexuales. Solo en el primer trimestre de 2021 el número llegó a 176. Pasó de 16.1 delitos por mes en 2020, a 58.6 mensuales en 2021, representando 350% de incremento.

Esta investigación nos habla de 52.58% de victimarios desconocidos o personas que no tienen una relación cercana o cotidiana con las víctimas. Aclaramos que estos datos surgen de la revisión periódica de fuentes secundarias y no representan la totalidad de situaciones que ocurren, que deben ser muchas más.

Una ola de denuncias

La ola de denuncias de acoso y abuso sexual que se dieron por las redes sociales en el mes de mayo con el #MeTooVzla o #YoTeCreoVzla, que alcanzó en un mes más de 600 denuncias, son muestra clara de los factores de riesgos asociados a la violencia sexual en la sociedad venezolana. Y que se retoma con el reciente pronunciamiento de la selección de fútbol femenino en el que denuncian al entrenador Kenneth Zseremeta de acoso y abuso sexual a varias jóvenes del equipo entre los años 2013 y 2017, cuando la mayoría eran adolescentes.

Las denuncias en mayo y la actual han sido públicas, dadas a conocer mediante las redes sociales, y posteriormente atendidas por las autoridades, principalmente el Ministerio Público para el inicio de la denuncia penal. Esto da cuenta de la poca confianza que hay en las instituciones de protección. Lo que limita o retrasa la búsqueda de apoyo, protección y atención para las víctimas. En ninguno de los episodios hemos visto propuesta para la atención psicosocial que las víctimas necesitan. Y ni hablar de la reparación.

El informe de REDHNNA muestra las limitaciones estructurales del país para atender, proteger y brindar justicia y reparación a las víctimas. Entre otros, indican que las instituciones del sistema de protección cuentan con infraestructuras deficientes, ausencia de personal, horarios y accesibilidad limitados; no disponen de programas de atención para las víctimas suficientes a nivel nacional y en capacidad de atención.

Adicionalmente, evidencia la revictimización tras la denuncia. Esto último, tienen como causa fundamental la falta de trabajo coordinado entre órganos del sistema de protección, pero también la ausencia de líneas de acción, rutas de atención estandarizados y universales conocidos y promovidos para su cumplimiento.

No sólo se trata de falta de ley

La Asamblea Nacional ha aprobado en primer discusión un proyecto de ley para la atención y erradicación del abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Pareciera que la aprobación de leyes fuese la más urgente necesidad para atender un problema social como el abuso sexual, que no lo es.

No se trata de ausencia de instrumentos legislativos, que los hay, con fallas. Se trata de la ausencia de una política pública coordinada y estructurada que pueda hacerle frente al abuso sexual. Se trata de la falta de disposición política y recursos para crear centros de atención especializados para las víctimas. No hay una política de educación para la sexualidad integral que sería un factor de protección determinante frente al abuso sexual.

Esta ley, aprobada en primera discusión, no cuenta con una exposición de motivos que dé cuenta del por qué es necesaria y sobre la base de qué datos se diseñó de la forma en la que fue diseñada, una falla de fondo, que le resta pertinencia.

Consideramos que, tal como está redactada, la ley no servirá para atender la realidad social del abuso sexual en el país. Es una ley que se plantea como objetivo prevenir y erradicar el abuso sexual y no incluye ni la sanción de los victimarios ni la reparación de las víctimas, fundamentales para la erradicación de un delito.

Aunque menciona la necesidad de evitar la revictimización, no dice cómo es posible lograrlo, qué debe hacer cada órgano o funcionario para evitar ese proceso traumático y doloroso para las víctimas.

Adicionalmente, esta propuesta de ley solo contempla el abuso sexual, no incluye la trata de personas con fines de explotación sexual ni las violencias digitales. Y está muy enfocada al abuso sexual en el ámbito familiar, cuando las estadísticas nos hablan de un repunte del abuso fuera de ámbito familiar. Y sigue ausente un protocolo de atención unificada para el personal de los distintos sistemas que puedan atender una situación de abuso sexual. 

Aunque la intención parece buena, las leyes no son soluciones a los problemas sociales si no cuentan con una claridad en su contenido, estructura y coherencia. Pero además, a estas características deben sumarse presupuestos, infraestructura y personal humano capacitado, sensibilizado y bien remunerado. En el caso de abuso sexual, debe contar también con un sistema de justicia eficiente, que no permita impunidad, retraso procesal y que promueva reparación de las víctimas.

Es urgente la atención de este flagelo, pero es necesario el trabajo coordinado e inclusivo de toda la sociedad, principalmente, de quienes se han especializado en combatir de este delito.

ANGEYEIMAR GIL | @angeyeimar_gil

Docente de la Escuela de Trabajo Social de la UCV. Trabaja como investigadora en la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna)

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