Los trabajadores continúan protestando en la calle para exigir sus beneficios laborales. | Foto: Carlos Suniaga.
Por: Carlos Hermoso
Deben tener algunos recursos. La negociación con los trabajadores de Pdvsa y Sidor —si bien a sus espaldas e inconsultas, además de chucutas— y los asomos de Jorge Rodríguez sobre el salario mínimo, al indicar la posibilidad de alcanzar los 350 dólares, son evidencia de ello. Por otra parte, andan sacando cuentas para ver cuánto pudiera tocarles a los empleados públicos. Saben que la situación es explosiva.
Ciertamente es posible alcanzar un salario mínimo de 350 dólares. Pero la aspiración debe ser de 600 dólares, que se compadece grosso modo con lo que establece el artículo 91 de la Constitución.
No se cuenta con datos respecto de la economía venezolana. El presupuesto de ingresos es una incógnita. Muchos afirman que no hay dinero para aumentos salariales y que cualquier ajuste conducirá a más inflación. El tan propagado dogma de que “todo aumento salarial produce inflación” hace su efecto, al punto de que es mucha la gente que dice que es mejor que no haya aumento alguno. Cuando la cosa es que los ajustes se producen por la inflación, no al revés.
Hay elementos que nos hacen pensar que estamos en presencia de un leve incremento del PIB, más bien, de un freno en su decrecimiento. Lo que sustancialmente no cambia para nada la circunstancia crítica de nuestra economía. Pero hay señales que indican que, dado ese hecho, la dictadura cuenta con algunos recursos. Buscará producir aumentos reales para dinamizar la demanda de la gente y con ello estimular la producción de bienes y servicios, lo que favorecerá a los dueños de los medios de producción y a los importadores, y atemperar la lucha de los trabajadores por salario.
Si no ha habido inversiones directas significativas; si la deuda externa no se ha incrementado; si las remesas no aumentan sino que disminuyen; si los ingresos por concepto de venta del crudo no representan lo suficiente… si nada de esto está ocurriendo, de algún lado deben provenir tantos dólares que se drenan a la economía. Algo sale de Venezuela, además de petróleo, que hace que ingresen dólares. No es mayor misterio: el ingreso más importante debe ser por la colocación de oro en el mercado por diversas vías. Seguramente el contrabando realizado por la propia dictadura: evaden las sanciones y obtienen recursos. Hay otros mecanismos menores a los cuales la dictadura echa mano. Hasta querían encargarse de distribuir las asignaciones a distintas fundaciones que realizan proyectos de investigación o de ayuda a sectores focalizados de la sociedad, para hacerse de dólares vengan de donde vengan.
Según información publicada por el diario El Nacional: “La estatal PDVSA y sus empresas conjuntas enviaron en febrero un total de 30 cargamentos que transportaban alrededor de 732.107 barriles por día de productos crudos y refinados al mercado asiático. Un número creciente de compradores sin historial en el comercio ha aumentado su consumo de manera constante desde octubre pasado”. De ser cierto y mantenerse este incremento en la producción de crudos, una parte de los recursos puede provenir de esa fuente.
Además, el gobierno acelera las acciones hacia una mayor privatización de Pdvsa y la dolarización e internacionalización en el precio de la gasolina para hacerse de algunos recursos y poder cumplir con algo de aumento de los salarios. Buscan privatizar algunos activos como Cantv, Corpoelec, entre otros servicios y empresas del Estado.
En esa dirección, Andrés Eloy Méndez, diputado chavista a la írrita asamblea nacional madurista, el pasado jueves 4 de marzo declaró que “considera que la gasolina subsidiada en el país debe ‘eliminarse’. Que el precio del hidrocarburo en toda la nación debe ser a 50 centavos de dólar por litro”. Dan algo de salario, para luego quitarlo con el pago de la gasolina y los servicios privatizados.
Carlos Hermoso
Un buen porcentaje de los recursos que llegan lo drenan a la circulación. Otro tanto queda en el camino en manos de quienes dirigen las operaciones, en el caso del contrabando de oro y otros minerales, por ejemplo. De lo cual también una buena tajada es drenada a la circulación. Parte de esos recursos se convierte en demanda. Algún porcentaje se convierte en capital.
En última instancia, los chavistas van a cumplir a toda costa con la tal honra de la deuda externa. Cubiertos los compromisos, buscan destinar algo para pagar a los trabajadores. Comienzan, como es de esperar, con los obreros vinculados a la producción de bienes y servicios de las empresas del Estado. En el marco de la privatización, eso es garantía para negociar a precio de gallina flaca empresas como Cantv, con salarios muy bajos. Eso les brinda una ventaja comparativa, como dicen los economistas. Las venden baratas y con salarios de hambre, aunque muy superiores a lo que reciben los trabajadores de la administración pública, cuyo salario en la práctica desapareció.
Los esclavistas —viendo que sin suficientes alimentos y recursos básicos para vivir el trabajador rinde menos— se veían obligados a brindarle mejores condiciones. La esclavitud tiene sus límites, tanto como los tiene el moderno sojuzgamiento del capital sobre el trabajo. De allí que el salario, expresión del valor de la mercancía fuerza de trabajo, se haya incrementado en la empresa privada. El capitalista está obligado. Si no lo hace, el obrero no le rinde. Para explotarlo mejor debe darle condiciones mínimas. De allí la tendencia al incremento de los salarios en la empresa privada. No es mucho, pero alcanza para lo mínimo o se acerca, pero casi siempre por debajo. La mengua.
En el caso de la administración pública, las cosas son diferentes. Es trabajo improductivo, en el sentido de que no crea plusvalía. La remuneración de estos trabajadores se logra mediante la recaudación tributaria y fiscal. Del presupuesto de ingresos del Estado. Del fondo de salarios que se crea.
Que sea improductivo —en ese sentido de no crear plusvalía— no significa que no sea importante. Es más, los trabajos improductivos son similares en cuanto a su función concreta al de uno idéntico en el trabajo productivo. Un médico que abre su consulta en un local propio, se encamina a atender pacientes. Por su servicio cobra una determinada tarifa. Allí realiza un trabajo como médico exactamente similar al que realiza en la consulta siendo empleado de una clínica privada en la cual se convierte en productivo en tanto que produce plusvalía. Le pagan un salario, que le permite vivir en determinadas condiciones, pero los ingresos por ese trabajo son inferiores a lo que produce. La diferencia entre lo que produce y lo que le pagan es la plusvalía, la cual le queda al dueño de la clínica. Eso no sucede en el hospital público, ni en el consultorio privado. Trabajando por cuenta propia o en un hospital público, el facultativo no crea plusvalía.
Los trabajadores del Estado, los empleados y trabajadores públicos, cumplen la función, como colectivo, de echar a andar esa inmensa maquinaria que abarca todos los servicios, el sistema de justicia, comunicaciones, fuerza armada, cuerpos policiales, entre otros. En resumidas cuentas, las condiciones de reproducción de las relaciones sociales imperantes se alcanzan con ese inmenso ejército de trabajadores. En ese sentido, es mucho lo que deben producir. Pero no crean plusvalía. La remuneración que perciben es mediante la creación del fondo antes indicado.
Pues, bien, la dictadura eliminó el salario de más de tres millones y medio de empleados en la administración pública y la pensión o jubilación de cuatro millones y medio de personas. Cerca de 8 millones de venezolanos se quedaron sin ingreso salarial. No puede ser considerado salario un emolumento de 3 o 4 dólares. Es absurdo que se pretenda que se puede subsistir con semejante ingreso.
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Por otro lado, el aparato de Estado debe haber disminuido en un porcentaje significativo. El exilio social abarca a unos cuantos. Otros abandonan el cargo. Asimismo, son muchos los trabajadores que, sin haber renunciado, se dedican a cosas ajenas a sus funciones. Otros, en muchas de las funciones propias que cumplen en la administración de servicios públicos, privatizan sus tareas, cobrando —por debajo de cuerda— por el servicio que prestan. Colocan obstáculos para garantizar la “matraca” o llenar “el pote”, como se llama en el argot. La “mordida” le dicen en México. Licencias de conducir, apostillamiento de títulos, entre muchos otros servicios, son privatizados. Los policías, guardias nacionales, agentes del Cicpc, todos los cuerpos policiales y de control social, cobran, “martillan”, para decirlo en otra de las categorías del lenguaje. Qué decir de lo que cobran por gasolina. Esto disminuye la eficacia de la administración pública. Prevalece una corrupción generalizada. La inexistencia del salario es buena excusa para este deterioro creciente.
Hay que calcular el porcentaje del presupuesto de gastos, en dólares, que representa el pago de salarios en la administración pública. Se deberá tomar en consideración la significativa disminución que ha tenido el aparato de Estado, dado que es mucha la gente que se ha ido del país; o que se dedica a otras labores para subsistir. Por lo que ha disminuido la nómina.
Podemos afirmar que es muy poco lo que se destina al pago de sueldos y salarios. Ocho millones de seres humanos que dependen del Estado, calculando a partir de promediar el salario en 5 dólares mensuales, da un monto de unos 40 millones de dólares al mes. Al año el Estado usaría cerca de 500 millones de dólares para brindar el emolumento. Mientras, destina buena parte del presupuesto al pago de deuda pública, sobre todo externa.
La deuda externa gira en torno de los 160 mil millones de dólares. Atender la honra supone unos 14 mil millones de dólares al año. En información brindada por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo en Venezuela, el 15 noviembre de 2018, afirmó que “medios gubernamentales aseguraron hace un año que Caracas había pagado puntualmente desde 2013 hasta US$ 70.000 millones a sus acreedores, lo que interpretaban como una prueba de su solvencia”. Lo que representa unos 14 mil millones de dólares al año. Pero no hay para salarios de los trabajadores públicos.
Saben que no pueden esperar más. La explosividad social es muy grande. Pese a no haber una dirección política, el hambre acecha. Deben atemperar. Además, es caldo de cultivo para que sectores de la oposición puedan acercarse a la gente y canalizar el descontento en una lucha por un cambio radical. Ubiquemos que es el aspecto principal de las determinaciones objetivas de la situación política. Por lo que no solamente se trata de que tienen algunos recursos. Lo que más pesa es que la gente ya pasa mucha necesidad. A la mala alimentación se une el deterioro de los servicios, que, además de malos, resultan muy costosos para la gente poder usarlos. Condiciones suficientes para el cambio político, aunque sectores de la oposición siguen preocupados en ver cómo hegemonizan los espacios unitarios.
Falta la directriz. Las centrales sindicales, los sindicatos, federaciones gremiales, en su conjunto, deben diseñar el plan, la estrategia, y actuar en correspondencia con las demandas del momento. Seguramente hay sectores chavistas en la cuestión gremial que pudiesen estar vacilando al respecto y ser posibles aliados. El llamado es al rescate del salario con una huelga general. No al pago de la deuda externa. Que cumplan con los trabajadores.
CARLOS HERMOSO CONDE | @HermosoCarlosD
Economista y Doctor en ciencias sociales. Profesor de la Universidad Central de Venezuela. Dirigente político.
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