Por: David Gómez Gamboa
No es casual que se repitan en Nicaragua y México algunas de las prácticas contra la libertad académica y la autonomía universitaria implantadas en Venezuela desde hace varios años, las cuales han sido suficientemente documentadas en informes de órganos internacionales de derechos humanos, de centros universitarios y organizaciones de la sociedad civil.
El final del 2021, así como el inicio del 2022, han estado marcados por acciones muy graves contra las universidades tanto en México, Nicaragua y, por supuesto, en Venezuela. Estas acciones representan un entramado de prácticas dirigidas a arrodillar a las y los universitarios críticos frente a gobiernos autoritarios.
En el contexto de las elecciones en Nicaragua de noviembre de 2021, han sido documentadas violaciones a la libertad académica, reunión pacífica y otros derechos de los universitarios, con relación a situaciones de adoctrinamiento y propaganda política dentro de recintos académicos, a expulsiones de estudiantes universitarios por motivo de discriminación política, a detenciones arbitrarias de líderes y lideresas estudiantiles como forma de represión ante sus opiniones críticas al gobierno, o a acciones contra profesores universitarios como Arturo Cruz Sequeira, académico del Instituto Centroamericano de Administración de Empresa (INCAE), quien luego de postularse como precandidato presidencial sufrió distintas represalias.
El 10 de febrero de 2022, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ante la opinión pública internacional la cancelación de la personería de 26 universidades y asociaciones de fines académicos y sociales por la Asamblea Nacional de Nicaragua.
En Nicaragua, al menos, 13 instituciones universitarias fueron ilegalizadas entre el 2 y 3 de febrero de 2022 por un “supuesto” incumplimiento de la Ley N° 147 (sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro) y la Ley N°977 (contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva). Entre éstas, las universidades Paulo Freire (UPF), Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE), Popular Nicaragüense (UPONIC), Asociación de Estudios Universitarios (UNEC), Hispanoamericana (UHISPAM), Internacional de la Florida, Estatal de Michigan, Corporación Universidad de Mobile, Universidad Particular de Ciencias del Mercado, Asociación Universidad Thomas More, Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales.
El 7 de febrero de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó 3 leyes que cambian la razón social de 6 universidades ilegalizadas y las convierte en 3 universidades estatales nuevas a las cuales le ceden el patrimonio de las ilegalizadas.
Mientras tanto en México, desde octubre de 2021 se han dado zarpazos contra la libertad académica y la autonomía universitaria con la orden de la Fiscalía General de la República para aprehender a 31 académicos pertenecientes al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el contexto de una posible “persecución política” por parte del Poder Ejecutivo y la Fiscalía, ante lo cual desde la sociedad civil latinoamericana se expresó gran respaldo a los académicos mexicanos. Posteriormente, en México fueron denunciadas prácticas contra la autonomía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en relación a la modificación de sus estatutos y el nombramiento arbitrario de su directiva.
Llama la atención que desde el 2021 se incluyera en el Código de Conducta del CONACYT lineamientos que atentan contra la libertad académica al impedir a los académicos emitir comentarios u opiniones desfavorables sobre las políticas o programas de la institución o publicar información, dar discursos o conceder entrevistas sin una autorización previa.
Igualmente, preocupa que entre el 2017 y 2020, en México fueron presentadas iniciativas de reformas legislativas por parte de los Congresos y Gobiernos locales de diversos estados, las cuales afectan directamente la autonomía de gobierno, financiera y administrativa de las universidades.
Tanta similitud con la situación venezolana no es mera coincidencia. Es importante recordar que en Venezuela se ha desarrollado una política restrictiva contra la libertad académica y la autonomía universitaria, la cual se evidencia a través de patrones y prácticas estatales, tanto en lo normativo-institucional, como a través de la asfixia presupuestaria contra las universidades públicas, prácticas de criminalización de la protesta y la discriminación contra universitarios, la usurpación de funciones y competencias propias de las universidades, el asedio del Poder Judicial y otros órganos del Poder Público contra las instituciones de educación superior; entre otras. La situación en Cuba es más grave aún, y por ello se analizará en entregas futuras.
Ante la tentación de “ideologizar” el tema de las violaciones a la libertad académica en Latinoamérica, es oportuno aclarar que hablamos de un derecho humano que se transgrede en contextos de regímenes autoritarios (de derecha o de izquierda), pero también en contextos democráticos (de derecha o de izquierda).
Como ciudadanos debemos condenar cualquier violación a este derecho humano esencial para la democracia y el desarrollo, venga de donde venga.
David Gómez Gamboa | @dgomezgamboa
Director de la Ong Aula Abierta / Docente y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ
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