Por: Angeyeimar Gil

 Los años de abundancia, la saciedad, la hartura
 eran solo de aquellos que se llamaban amos.
 Para que venga el pan justo a la dentadura
 del hambre de los pobres, aquí estoy, aquí estamos.
 El Hambre / Miguel Hernández

Cuando a un niño o niña le sucede algo grave, miramos inmediatamente a su madre. Qué hizo o dejó de hacer. La maternidad es concebida como responsabilidad absoluta de la mujer sobre lo bueno o lo malo que pase a su prole. Es esa idea cristiana de la abnegación y sacrificio materno siempre en la mira del imaginario común para juzgar y sancionar moral y legalmente a la mujer que no lo cumpla, según la vista de los otros.

La situación de los cuatro hermanos de Anzoátegui, primero desaparecidos y luego encontrados tres de ellos en estado de desnutrición y deshidratación y uno de ellos (un año de edad) sin vida, nos alarma y conmueve. Pero esa historia no es nueva en Venezuela, y desde la Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes, Redhnna, la hemos documentado en varias oportunidades. La historia termina casi siempre en la acusación de una misma persona, la madre. En el mejor de los casos, a una institución, la familia. Pero casi nunca en el Estado.

En esta situación, el tiempo de desaparición de los niños fue el tiempo en que la madre de ellos estuvo detenida en averiguación y señalada como sospechosa. Mientras sus hijos se deshidrataban y el más pequeño iba perdiendo la vida, ella estaba tras las rejas, repitiendo una y otra vez a funcionarios policiales cómo se desaparecieron; cómo fue que, yendo a buscar leña y bajo la lluvia, ella les pidió a los más pequeños volver a la casa para protegerlos del clima y se perdieron.

No le creyeron la historia. Hoy se sabe que era cierta, que así fueron los hechos. Pasó de madre preocupada, pidiendo apoyo para rescatar a sus hijos, a ser detenida, limitada por una rejas y esposas para buscar a sus hijos y quizás, conseguirlos más rápido.

En realidad, esa madre, esos niños hoy hospitalizados y el bebé que murió, son víctimas de las miserias de un Estado y Gobierno que señala y juzga la pobreza, aunque hable en nombre de los pobres. Que utiliza la coerción y la fuerza pública para sancionar y criminalizar a los pobres.

Estos pobres son víctimas de la desigual distribución de los recursos, de la pobreza más cruel, la que duele en los huesos y en la panza, la que marca la vida para siempre. También son víctimas de la mirada indolente del Gobierno, y mucha gente juzga a una madre sin conocer esa cotidianidad, ni las penurias; sin conocer el hambre y los sacrificios, exigiéndole más sacrificios a veces humanamente imposibles.

La maternidad como una responsabilidad social

Ya el avance legislativo que trajo consigo el paradigma de la protección integral, abrió paso a la idea de que la crianza de los niños, niñas y adolescentes no es un asunto privado. Los derechos de los NNA son de interés público. Pero adicionalmente la protección de la infancia es una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado y la sociedad, con mayor énfasis en el Estado, que debe brindar el apoyo necesario para que las familias puedan cumplir su rol protector primario. Esto último, vinculado a la inversión, planificación, diseño y ejecución de políticas públicas y sociales que en Venezuela no existen.

La idea de que los hijos e hijas son para la vida, debe prender en la sociedad para que la maternidad no siga siendo una carga exclusiva de las mujeres, que las limita y obliga, individualmente, a enfrentar todas las injusticias sociales, para no ser acusadas como malas madres.

Y así debe ocurrir para que, en caso de que ocurra una desgracia como la que hemos padecido en Anzoátegui, no sea la madre señalada sino el Estado ausente, indolente y corrupto. Ese mismo que, después de llevar a una familia al límite de la muerte por el hambre y la pobreza, sanciona a una mujer por resolver como puede, buscar leña en el monte, como en años de la Colonia, para alimentar a su progenie. Es ese Estado que la detiene y encierra, la obliga a no aportar para rescatar a sus hijos y, cuando se conoce la verdad, simplemente la sueltan sin resarcir el daño irreparable.

La liberan de la cárcel para que vaya a enfrentar la misma pobreza, la misma miseria, ahora con el dolor de la pérdida de un hijo que, aunque no es su responsabilidad, también la siente como suya por la cultura patriarcal en la que creció y los dedos que la señalan.

Esa es la mujer que deberá enfrentar un proceso legal para la protección de los tres hijos e hijas que siguen en atención médica. Frente a la ausencia de políticas reales de atención y protección social para la familia en extrema pobreza, ese proceso se reducirá a la institucionalización de niños y niñas, separación de la madre y la familia y más dolor para la familia y para los niños.

Sigue invicto el constante ritornelo al paradigma tutelar de institucionalización y criminalización de la pobreza, que es en definitiva responsabilidad del Estado. Y seguirá así hasta tanto haya la disposición política de invertir en la niñez y en un sistema de protección que no solo atienda en las desgracias, sino que prevenga y apoye a las familias para proteger a NNA. Algo tiene que cambiar.

ANGEYEIMAR GIL | @angeyeimar_gil

Docente de la Escuela de Trabajo Social de la UCV. Trabaja como investigadora en la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna)

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