La participación efectiva de Juan Guaidó como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela en la Reunión del Grupo de Lima en Colombia, el pasado 25 de febrero de 2019, representa un avance significativo en el proceso de restaurar el orden democrático en Venezuela.
En principio, su presencia evidenció el reconocimiento de los gobiernos de la región a su autoridad y legitimidad como Presidente encargado y, además, es un logro concreto de las acciones que los ciudadanos impulsaron al reivindicar los principios de soberanía y participación política, en el marco del artículo 333 de la Constitución de 1999, durante los días previos y posteriores al 23 de enero del 2019.
No cabe duda alguna que el camino hacia la transición democrática está activado, pero por ser un hecho inédito, las soluciones esperadas no se logran con la rapidez que muchos quisieran, pues la prudencia debe ser la guía para lograr la sostenibilidad de un cambio político en Venezuela.
El Grupo de Lima fue categórico al concluir en su reunión del 25 de febrero que Nicolás Maduro no solo representa un régimen ilegítimo, sino que además, su permanencia en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad para la región.
La Asamblea Nacional, electa con el voto directo, secreto y universal de los venezolanos en el año 2015, encuentra en Juan Guaidó el más fiel exponente de su compromiso irrenunciable de restaurar el orden constitucional y democrático en Venezuela, expresado desde el año 2016 de manera reiterada en sus acuerdos políticos.
Pero además, las imágenes el 23 de febrero 2019, de los diputados Gaby Arellano y José Manuel Olivares, en la frontera con Colombia y Juan Andrés Mejías en La Carlota en Caracas, con megáfono en mano, dirigiendo a los ciudadanos y enviando un mensaje claro a los defensores del régimen ilegítimo, representan un precedente importante para valorar los tiempos que vivimos y el compromiso que ha tenido que asumir una nueva generación de parlamentarios frente al presente y futuro de Venezuela.
En ese marco político, el Grupo de Lima expresó su compromiso irreversible en favor de la democracia y la reconstrucción institucional, económica y social de Venezuela y, como era previsible, reiteró su posición de llamar a una solución pacífica, en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin el uso de la fuerza, y conducida por los propios venezolanos.
En el comunicado que hizo público el Grupo de Lima como producto de la reunión celebrada el 25 de febrero 2019, se acordaron una serie de acciones, que podrían ser asumidas como una hoja de ruta regional a los fines de procurar mayor presión sobre el régimen ilegítimo y en ese camino encontrar los elementos para lograr activar de manera efectiva la transición política.
Esos compromisos asumidos por la región fueron los siguientes:
1- Solicitar a la Corte Penal Internacional que proceda a tomar en consideración los hechos ocurridos el 23 de febrero 2019 en Venezuela, en el procedimiento que adelanta en virtud de la solicitud que el 27 de septiembre 2018 hicieran Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, refrendada luego por Costa Rica, Francia y Alemania.
2- Impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela, en seguimiento a la Resolución A/HRC/RES/39/1 “Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” del 26 de septiembre de 2018.
3- Reiterar el llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación que vive Venezuela, lo que supone una respuesta previa a la presentación de su informe sobre Venezuela en la 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
4- Colaborar para que comparezcan ante la justicia todos aquellos que fueron responsables de la violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados al servicio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro el pasado 23 de febrero 2019.
5- Adelantar gestiones directas ante el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas para que, de conformidad con sus competencias, impulse la activación del Sistema de Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela.
6- Avanzar en el reconocimiento de los representantes del Presidente Encargado, Juan Guaidó, de acuerdo con los procedimientos internos de cada país.
7- Mantener permanente coordinación con los representantes del Gobierno del Presidente Encargado, Juan Guaidó, tanto en sus relaciones bilaterales como en las organizaciones internacionales a las que pertenecen y en los foros multilaterales en los que participan, con miras al retorno de la democracia, la reconstrucción económica, y la inmediata atención de la crisis humanitaria.
8- Promover el reconocimiento de los representantes legítimos de Venezuela en las organizaciones internacionales y en los mecanismos de coordinación multilaterales.
9- Solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo acompañamiento a las autoridades legítimas de Venezuela en la implementación de las reformas institucionales y económicas que estas estimen necesarias para reactivar la economía y ofrecer oportunidades de progreso social para todos los venezolanos. En tal sentido expresaron el respaldo y la disposición a promover el Plan de Rescate del País, adoptado por la Asamblea Nacional el pasado 29 de enero, e incluso, en tal sentido, convocar una conferencia internacional.
10- Intensificar las gestiones del Grupo de Lima a nivel internacional estableciendo todos los contactos y coordinaciones necesarias, incluyendo misiones especiales, para dar a conocer los esfuerzos y las acciones que ha emprendido el Grupo para ayudar a la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela.
Por último, el Grupo de Lima, a través de su comunicado, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional, al Poder Judicial y al Sistema de Justicia Venezolano para que reconozcan de manera efectiva la autoridad de la Asamblea Nacional y al Presidente Encargado, Juan Guaidó, de manera que de esa forma contribuyan a facilitar la transición democrática en Venezuela.
Pero además, el Grupo de Lima también exhortó a las naciones que aún mantienen vínculos de cooperación con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para que ayuden a facilitar la búsqueda de soluciones que abran paso al proceso de transición democrática y la convocatoria de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles.
Queda camino por recorrer, pero se percibe que estamos mucho más cerca del cambio político que el país reclama y que la sociedad venezolana necesita.
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