El programa Cada Familia una Escuela presentado por el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, no cumple con los parámetros para el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes | | Foto venezuelaaldia.com
Existen fuertes razones para pensar que este año escolar concluirá con clases a distancia, no solo en Venezuela, sino en buena parte del mundo. La crisis del coronavirus y su cuarentena redujo la movilidad de todos los ciudadanos, entre ellos los estudiantes y docentes en todos los niveles. Recuperar la confianza para que los alumnos y maestros regresen a las aulas depende de que se supere esta oleada del virus y la garantía de que no ocurrirán nuevos contagios con COVID-19 en el mundo.
En el caso venezolano, la complicación aún es mayor, por eso ya se conoce de colegios privados en Caracas que anuncian que el segundo y el tercer lapso se culminará a distancia. Además, para esta semana se espera un anuncio oficial del Ministerio de Educación que ratifique lo que se da como un hecho.
No obstante, existe un factor que diferencia a Venezuela del resto de los países afectados por la pandemia, lo que, sin duda, afectará el retorno a las aulas. Mientras en otras naciones se acumulan excedentes de gasolina y diésel y el precio de los combustibles baja, en Venezuela escasea a nivel tan crítico que conocedores del sector aseguran que de gasolina solo queda lo que está en los tanques de los llenaderos del país. De allí la dolarización del expendio de combustible.
Por eso, así se logre controlar la propagación del virus a través de las medidas de distanciamiento social, lo que no parece suficiente debido a la debilidad del sistema de salud en Venezuela, quedaremos a merced de una crisis que se destapa, hasta ahora, en su máxima expresión: la escasez de gasolina.
El experto Francisco Monaldi lo expresó con claridad en una entrevista con El Pitazo: el racionamiento podría profundizarse, incluso después de que finalice la cuarentena obligatoria, “debido a la fragilidad de la industria petrolera venezolana, los problemas de flujo de caja del régimen y las sanciones de los Estados Unidos que están arreciando en estos momentos”.
¿Puede cambiar ese panorama? Ocurriría si, al menos, la gestión de Nicolás Maduro logra negociar con el empresario venezolano Wilmer Ruperti, por ejemplo, el envío de millones de barriles de gasolina, pagados con petróleo sin refinar, oro u otro mecanismo de compensación, o que tal vez el gobierno ruso, nuevo propietario de la participación de Rosneft en el negocio petrolero venezolano, traiga carburante, burlando las sanciones de EE. UU. y la batalla que mantiene con Arabia Saudita por los precios del petróleo. También puede suceder que ocurra prácticamente un milagro que lleve a la recuperación de la producción de Cardón, Amuay, El Palito y Jose, que eleve la producción de gasolina de menos de 30.000 barriles diarios a unos 150.000 en la visión más optimista.
De allí que, parafraseando planteamientos publicados en dos documentos surgidos de organizaciones preocupadas por buscar soluciones a la crisis, uno de ellos liderado por Diálogo Social y el otro por Labo Ciudadano, Acción Solidaria y partidos políticos minoritarios en la Asamblea Nacional como Avanzada Progresista, se hace necesaria la construcción de mecanismos que ayuden a enfrentar la crisis y, en especial, a sortear los problemas de escasez de combustible que la coalición dominante en Miraflores solo quiere atribuir a las sanciones de EE. UU., evadiendo la responsabilidad de la gestión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en la destrucción de la industria petrolera.
No obstante, si no se llegaran a construir esos acuerdos políticos y ciudadanos que permitan atender la emergencia por la pandemia y la producción e importación de combustible, entonces, cómo se garantiza la educación a distancia a los estudiantes venezolanos en todos los niveles y estratos sociales, incluso en contra del propio gobierno, que ya ha mostrado evidencias de que quiere monopolizar la atención de salud, como por ejemplo al impedir que médicos accedan por su cuenta a donaciones para trabajar con una mayor bioseguridad.
El programa lanzado por el ministro Aristóbulo Istúriz, Cada Familia una Escuela, del cual El Pitazo publicó un análisis el 30 de marzo, muestra su incapacidad para trabajar en la formación del análisis y la comprensión de parte de los estudiantes. Está muy lejos de representar, como lo exponen Diálogo Social y otras organizaciones en el punto 13 de su documento, “una propuesta estructurada y viable para garantizar el acceso a la educación, tomando en consideración las dificultades en el acceso a Internet y otras plataformas de comunicación”, entre otras razones por el ancho de banda, lo que, por cierto, hizo desistir a una empresa trasnacional de cerrar un acuerdo con el gobierno de Maduro para suministrar el software para la educación a distancia, según conocimos de fuentes cercanas a la negociación.
La propuesta del ministro de Educación no es la solución, porque solo se trata de memorizar conocimientos, lo que repite esquemas de la educación tradicional, cuando en verdad el COVID-19 llegó para cambiar todas las estructuras de quienes sobrevivamos a esta pandemia.
De allí que enfrentar esta pandemia con viejos esquemas y sectarismos hambrientos por mantener el poder perjudicará el futuro de los alumnos obligados por las circunstancias a recibir la educación a distancia.
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