Por: Angeyeimar Gil
El 28 de septiembre celebramos el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Una iniciativa del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1990, asumido posteriormente por todo el mundo. No sorprende, pues, que el 8% de las muertes de mujeres sea por aborto inseguro. Uno de cada 4 embarazos en el mundo termina en aborto. En Venezuela, sin estadísticas oficiales, se estima que por 4 partos en hospitales públicos, se atiende un aborto clandestino. Esto supone 15 abortos al día. Una práctica constante que no aumenta o disminuye por la legalidad o penalización, porque siempre se practica. Penalizarlo, no va a disminuirlo.
Documentos de la época grecorromana evidencian que el aborto era una alternativa de la que disponían las mujeres. En algunos momentos de la historia, los hombres no tenían ninguna incidencia en la decisión. Era asunto exclusivo de las mujeres, como corresponde. La religión cristiana, luego asignó al aborto una connotación negativa como pecado, al contravenir el “orden divino”.
En la modernidad, la religión ha jugado un papel fundamental para apoyar al Poder y logró que el aborto se prohibiera y penalizara en muchos países. El primer país del mundo en permitir nuevamente la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue la URSS, en 1920. Solo podía realizarse de manera pública y por personal médico. La decisión estaba vinculada a la implementación de políticas sociales para elevar la calidad de vida de mujeres y de la niñez.
Actualmente, solo 58 países del mundo han avanzado en la legalización del aborto y 134 lo autorizan, si corre riesgo la vida de la mujer (aquí entra Venezuela) y 5 lo prohíben absolutamente. De estos últimos, tres están en América Latina (El Salvador, Nicaragua y República Dominicana) y los otros son El Vaticano y Malta, ambos con una influencia casi absoluta del catolicismo.
En Venezuela, el Código Penal es el instrumento jurídico que sanciona el aborto. Una legislación de hace 124 años que no ha variado sobre este aspecto, convirtiéndola en una legislación incongruente con los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, e inconstitucional al contradecir a la Carta Magna que, aunque no plantea literalmente la posibilidad de la interrupción del embarazo, establece el derecho de las personas a decidir cuántos hijos o hijas tener y con qué intervalo de tiempo tenerles.
Es tan anacrónico el Código Penal venezolano, que establece la posibilidad de aborto a petición del hombre para salvaguardar su honor, invisibilizando a la mujer y colocándola como propiedad privada. Establece sanciones para la mujer de 6 meses a 2 años y para el personal médico o acompañantes de 12 a 30 meses de prisión. Esta última pena era la imputada por el Ministerio Público a Vanessa Rosales (ya en libertad) por apoyar a una adolescente de 13 años, embarazada tras un abuso sexual.
Sobre la discusión de la despenalización del aborto recaen posiciones religiosas y éticas que limitan la comprensión de éste como un derecho humano de las mujeres, de la autonomía de los cuerpos de las mujeres y la posibilidad de disminuir las estadísticas de muertes maternas prevenibles. Además, retrasa la justicia social que significaría para las mujeres pobres poder acudir a un centro de salud sin ser juzgadas, humilladas y maltratadas, y sin el temor constante a morir o sufrir lesiones permanentes en el intento de decidir no ser madres.
La lucha en Venezuela por la despenalización del aborto comienza en 1982, cuando la Federación Médica Venezolana solicitó reformar la Ley del Ejercicio de la Medicina para despenalizar el aborto en tres supuestos.
Le siguió otro intento en 1984. Luego de 1999, en siete oportunidades las organizaciones feministas han acudido al poder para exigir la despenalización del aborto. Aunque este Gobierno y sus principales figuras se han llamado a sí mismos “feministas”, ha sido el Gobierno que más ha negado a las mujeres sus derechos sexuales y reproductivos.
Hoy sigue vigente la lucha de las mujeres. Ahora con más fuerza por las inhumanas condiciones de vida y de reproducción en el país. Por la falta de métodos anticonceptivos, disponibles y accesibles para todas. Por el incremento exponencial de las violencias sexuales y la incapacidad del Estado de garantizar justicia y reparación a las víctimas. Pero principalmente, porque las mujeres tienen el derecho a decidir autónomamente sobre sus cuerpos, sin la violencia estructural del Estado ni la imposición religiosa.
Tenemos derecho a ser madres y a no serlo. La maternidad debe ser una decisión. Seguimos exigiendo Educación Sexual Integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal y seguro para no morir. En Venezuela, también será Ley.
ANGEYEIMAR GIL | @angeyeimar_gil
Exconsejera de Protección de los derechos de los Niños, niñas y adolescentes
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