Zulia.- Detenidos e incomunicados permanecen los seis miembros de la Organización No Gubernamental Azul Positivo, este 13 de enero. La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia denunció a través de su cuenta de Twitter que los representantes de la ONG serán procesados ante la jurisdicción militar.
Los seis representantes de Azul Positivo están desde este 12 de enero en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), después de que funcionarios de este cuerpo de seguridad estuvieron en la sede para hacer una intervención y un procedimiento administrativo relacionado con el trabajo que realizan.
«#ALERTA | Integrantes de @AzulPositivo serán procesados ante la jurisdicción militar. Siguen sin tener contacto con los abogados y se desconocen los cargos imputados. Advertimos de una criminalización sin precedentes de la labor humanitaria en Venezuela», escribió Codhez en la red social Twitter.
LEE TAMBIÉN
ONG Zona de Descarga denuncia criminalización del concierto de Desorden Público en Petare
En otra de las declaraciones, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia exhorta «a las agencias de Naciones Unidas en terreno emitir un pronunciamiento urgente ante las agresiones al espacio humanitario en el Zulia, Venezuela. La cooperación internacional para la protección y socorro de las personas más vulnerables ante la emergencia humanitaria compleja debe ser garantizada por el Estado, y no obstaculizada».
Azul Positivo funciona desde 2004 y fue una iniciativa con el propósito de ofrecer información y acompañamiento en materia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Desde 2006, año en el que se registró de manera formal desarrollan proyectos comunitarios y es la organización referencial en Venezuela en materia de prevención de VIH, consejería y defensa de Derechos Humanos.
La asesora de Caritas Venezuela, nutricionista y especialista en Seguridad Alimentaria, Susana Raffalli, se refirió al caso de Azul Positivo: «Incomunicados, detenidos en instalaciones de contrainteligencia militar y sin abogados, no son condiciones para investigar y regular a personal humanitario. El sistema humanitario internacional instalado en Bandera de Venezuela con anuencia del Estado tiene otros mecanismos para eso».
