En la Guajira venezolana, sus habitantes registran habitualmente hasta 72 horas continuas sin electricidad, el agua potable es escasa al igual que el gas doméstico, en los hospitales no hay medicinas ni insumos, la comida es cara y la ayuda del gobierno es casi nula.
Los afectados protestaron 25 veces en lo que va de 2020 para reclamar electricidad, agua, comida y gasolina, que no llega al municipio fronterizo desde marzo, cuando inició la cuarentena por el COVID-19.
La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ha sido represión con violencia. Son los funcionarios de la Guardia Nacional los que llegan a disolver las protestas con bombas lacrimógenas, perdigones, golpes, amenazas y detenciones.
El municipio Guajira, frontera con Colombia, está militarizado desde el miércoles, 7 de octubre, luego de que en la madrugada funcionarios de la Guardia Nacional atacaron a un grupo de manifestantes que protestaban, desde el martes 6 en la Troncal del Caribe, por el deterioro de los servicios públicos y después de estar una semana sin electricidad.
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A Nelsa Peña, una de las manifestantes, la golpearon y denunció al comandante encargado de querer matarla. «Nos atacaron cobardemente. Nos quitaron la electricidad y después llegaron. Yo tuve que correr y me agarró un jefe de ellos por el pelo, me estaba asfixiando y dándome puños en la espalda; como pude le di dos codazos y lo hice caer. Ese señor me iba a matar. Tuve que tirarme para una cañada para esconderme», indicó.
Esta no es la primera vez que ocurre, funcionarios de la GN arremetieron el 12 de abril contra manifestantes en el sector Guarero que tenían tres días en protesta por escasez de agua y comida. La Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) denunció que los militares usaron bombas lacrimógenas, perdigones y balas.
Los ataques también ha sido contra migrantes retornados. En julio, un grupo de venezolanos que estaban en cuarentena en el Pasi de Santa María de Guana protestaron porque tenían 20 días encerrados y nos les informaban cuánto tiempo más debían estar ahí. La Guardia Nacional no dialogó con ellos, sino que les lanzó bombas lacrimógenas y golpeó a 2 de los migrantes.
Las comunidades de Guajira permanecen largas horas sin servicio eléctrico. Iniciando el mes de octubre, los habitantes de Paraguaipo denunciaron que pasaron una semana sin el servicio.
En el casco central de Paraguaipoa hay una deficiencia de 62 transformadores que dejó a cientos de familias en la oscuridad. La alcaldesa de la Guajira, Indira Fernández, aseguró que trabajan para mejorar el servicio en la entidad y que se activó una mesa técnica para buscar una solución.
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La situación del sistema de salud público es precario. En 2017 el gobierno inauguró las instalaciones del Hospital Binacional y fue dotado con equipos médicos, insumos y medicinas. Nada de eso tiene ahora el hospital, que es centinela para atender casos de COVID-19.
Los pacientes denuncian que en los centros hospitalarios del municipio fronterizo no hay tensiómetros, oxígeno, termómetro y medicamentos. Aseguran que deben comprar hasta el algodón para que sean atendidos en la sala de emergencia.
En el caso del agua potable y del gas doméstico, los habitantes deben pagar en pesos colombianos o en dólares. Los pobladores aseguran que en este municipio no reciben atención de las autoridades para la distribución de ambos servicios.
A la falla de los servicios, se suma la caída de los ingresos de los habitantes de Guajira desde que inició la cuarentena. A las madres les ha tocado vender sus cabelleras para dar de comer a sus hijos, otros caminan casa a casa para pedir comida y hay quienes caminan cuatro kilómetros hasta llegar a las playas para buscar pescado.
Las bolsas alimentarias que envía el gobierno nacional llegan mensualmente a las comunidades y sólo dura cuatro días.
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