Barquisimeto.- La Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhelara) advierte que la cuarentena por COVID-19 ha estado marcada por el aumento de las protestas por servicios básicos, detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y el uso desproporcionado de la fuerza contra la población.
“Lara es un estado sujeto a grandes privaciones. La metástasis de los servicios públicos degrada las condiciones de vida de la población”, declaró a El Pitazo el sociólogo Nelson Fréitez, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla) y miembro de la Redhelara, este jueves, 20 de agosto.
En un lapso de 150 días de cuarentena, la Redhelara reporta el incremento de los cortes eléctricos diarios, la falta de agua por tuberías y la escasez de gas doméstico.
“Al inicio de la cuarentena, los cortes de luz eran de tres horas; en agosto aumentaron a seis, ocho o nueve horas. Las comunidades pasan hasta tres semanas sin una gota de agua y esperan tres meses por la llegada de la bombona de gas”, explicó Fréitez, que además alerta del colapso del sistema de salud pública y la vulnerabilidad del personal de salud que carece de equipos de protección en plena pandemia.
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Centro de castigo
Por otra parte, Fréitez indicó que una de las grandes preocupaciones de la Redhelara durante la cuarentena es la cantidad de vulneraciones registradas en la Villa Bolivariana, el refugio para migrantes con mayor capacidad en el estado Lara. En julio también fue designado como centro centinela para pacientes con COVID-19.
“La Villa Bolivariana se ha convertido en un centro de castigo para migrantes. Hay confinamiento y privación ilegítima de libertad. Hay personas que cumplen dos meses encerradas esperando los resultados de las pruebas o incluso la toma de la muestra”, agregó el sociólogo.
Recordó que el Ministerio Público no ha determinado responsabilidades tras la muerte de un niño de un año en la Villa Bolivariana por falta de atención médica a finales de mayo.
Por otra parte, indicó que entre marzo y agosto, 12 galpones del Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar) –principal centro de distribución de alimentos administrado por la Alcaldía de Iribarren– han sido intervenidos por la junta directiva entre marzo y agosto. Los comerciantes afirman que es una medida de retaliación por una demanda que introdujeron en tribunales en 2018 tras el aumento de los alquileres.
“No solo están violentando los derechos económicos de los arrendatarios, también se afecta la cadena de distribución y comercialización de alimentos al detal”, precisó Fréitez sobre los desalojos de locales y decomisos de mercancía sin orden judicial.
Sectores esenciales sin gasolina
La Redhelara propone a la gobernación crear un consejo estadal para racionalizar la distribución del combustible que cuente con la participación d sector salud, productores agrícolas, cámaras industriales y empresariales, colegios profesionales y organizaciones de derechos humanos para garantizar la movilidad de sectores esenciales.
Fréitez señaló que tienen denuncias de presunta corrupción, cobros ilegales, abuso de autoridad y tráfico de influencias de funcionarios militares en las estaciones de servicio. “Esta situación puede generar más conflictividad”, subrayó.
