Organizaciones no gubernamentales en Zulia piden a los poderes del Estado llegar a un acuerdo pacífico que permita buscar una solución a la crisis que atraviesa el país.
“Se deben lograr acuerdos entre las instituciones del Estado para que los proyectos de sectores económicos y sociales sean implementados. Un acuerdo pacífico y negociado es la vía para avanzar en la solución de la grave crisis que atraviesa el país”, indicó Juan Berríos Ortigoza, coordinador de Documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia.
Codhez junto a Transparencia Venezuela y el Comité de Derechos Humanos de la Guajira urgen en la necesidad de alcanzar acuerdos sectoriales para aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela, y en particular, la grave situación que vive el Zulia en materia de crisis eléctrica y otros servicios públicos.
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Las organizaciones recordaron que el pasado siete de octubre en Caracas un grupo de organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado de alerta para proponer un mecanismo que permita la ejecución de proyectos urgentes para los venezolanos que son imposibles de implementar en el marco de la actual crisis de gobernabilidad.
Entre esos proyectos urgentes, destacan los representantes de las ONG, se encuentra atender la reconstrucción del sistema eléctrico nacional con los actores políticos, equipos técnicos de las Naciones Unidas y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que aprobó un crédito inicial de 350 millones de dólares para mitigar la crisis en el servicio, con énfasis en los estados Zulia, Táchira, Nueva Esparta y Miranda.
“Nosotros promovemos que existan acuerdos sectoriales porque a mediano plazo, eso es lo que puede permitir salvar vidas y ese es el propósito fundamental de este pronunciamiento”, señaló Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela – Capítulo Zulia.
“Exhortamos al Estado venezolano, gobierno y oposición, a buscar una salida a la grave crisis de los pueblos indígenas en el Zulia”, manifestó José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira.
Indicó que los pueblos indígenas en el Zulia no tienen garantías para el acceso a servicios básicos de electricidad, agua potable y telecomunicaciones. Las organizaciones sostienen que estos acuerdos sectoriales deben tener como marco el respeto a los derechos humanos y la participación de la mayor cantidad de actores políticos y sociales.
