Santa Bárbara de Zulia.- Jesús Alfredo Zambrano, de 53 años, ingeniero y productor agrícola, contó en exclusiva este martes 8 de diciembre a El Pitazo, las razones que lo obligaron a sepultar a un obrero en su finca en el estado Zulia. La falta de gasolina y la carencia de recursos económicos para darle sepultura mediante una empresa de servicios fúnebres incidieron en la decisión que le valió una detención por parte de las autoridades policiales en el Sur del Lago.
Zambrano asegura que se pretendió hacer ver el entierro, ante la opinión pública, como el encubrimiento de un homicidio. Gracias a las experticias de los peritos forenses, el hecho fue esclarecido y, desde su residencia, la número 15-21, situada en la calle 8 del sector 20 de Mayo de Santa Bárbara de Zulia, narró que desde el sábado 28 de noviembre comenzó la odisea que ni él ni su familia desean recordar.
Esa mañana le notificaron vía telefónica que el obrero de su finca, Marco Antonio Rincón, de 84 años, había fallecido. Rincón era colombiano y no tenía familiares en el país, por lo que desde hacía 10 años vivía en la unidad de producción Carolina, por un encargo que el padre del productor le hizo antes de fallecer: que velara por el bienestar del anciano trabajador.
“Marco prestó servicios a mi padre en una finca de El Guayabo durante 30 años. El también se llamaba Jesús Zambrano y le decían ‘Chango’. Luego estuvo conmigo otros 15 años más. No podía trabajar, de hecho tenía tres años padeciendo complicaciones de salud. Una pierna no le respondía. Estaba cada vez más enfermo. Cuando me enteré de su muerte no teníamos gasolina ni para llegar a la hacienda”, recordó el agroproductor.
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El domingo 29 de noviembre se trasladó a la unidad de producción y, desde entonces, comenzó a hacer diligencias para enterrarlo. Menciona que desde hacía algunos años incluyó al fallecido como familiar en el servicio funerario que paga como trabajador de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago (Unesur), donde es profesor de la carrera de Administración de Empresas desde hace 18 años, pero por esa póliza no le dieron respuestas.
“El seguro no venía funcionando de manera regular. Los últimos entierros se hacían con colaboraciones de los trabajadores. También ese domingo hubo fallas de conexión telefónica; llamamos a mucha gente para trasladar el cuerpo para elaborar los permisos, según los protocolos”, acotó. Ubicó a otras dos personas para hacer el traslado, pero el tiempo se agotaba y el cuerpo del fallecido comenzaba a hincharse y expedir mal olor.
Uno de los contactados por Jesús Zambrano era trabajador de un servicio funerario en el municipio Colón, quien, para movilizar el cuerpo, le pidió a cambio gasolina y 100 dólares americanos, pero en la familia del productor no tenían tales recursos económicos. De hecho, la unidad de producción está en bancarrota por las imposibilidades operativas que arrastra en el marco de la crisis económica en Venezuela.
Contó también que un allegado le manifestó que podían sepultarlo en la misma finca. Dijo que ese era el deseo de Marco Rincón, quien siempre les recordaba que lo sepultaran en el predio donde pasó sus últimos años. “Esa persona nos dijo que después de enterrarlo podíamos agilizar los trámites con un permiso en la alcaldía”, relató Zambrano.
El mismo domingo 29 de noviembre, entre un vecino de la finca, él y su hijo, procedieron a cavar la fosa con un miniexcavador. El cuerpo lo envolvieron en sábanas y le hicieron unos rezos para cumplir la tradición guajira. Remarca que fue colocado en arena y entre unas tablas de madera. Por ser día domingo no pudieron tramitar los permisos de rigor en la finca, lo que harían a primera hora de la mañana del lunes 30; sin embargo, para su sorpresa, las autoridades policiales llegaron a corroborar una denuncia en contra de Zambrano.
“La mañana siguiente recibimos una comisión de Policolón, ante una supuesta denuncia por homicidio. No sabemos quién pudo haberlo notificado”, mencionó. Zambrano, sin nada que temer, testificó lo ocurrido a los agentes, quienes decidieron reportar el caso ante el Eje de Investigación de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), base San Carlos, a fin de descartar la hipótesis de un crimen.
A la unidad de producción se apersonaron muchos más agentes. Para su sorpresa, luego de no conseguir apoyo para obtener gasolina o unidades vehiculares para cumplir con la debida sepultura, luego del entierro llegaron cerca de 10 unidades y unos 50 efectivos de distintos componentes de seguridad.
El caso comenzó a esclarecerse entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1° de diciembre, luego de que el personal forense efectuó la autopsia, la cual reveló que Rincón había fallecido por un infarto al miocardio. Sin embargo, para el mismo momento en que su vecino, su hijo y él rendían declaraciones ante la unidad de homicidios, un medio regional en el estado Zulia publicó de manera errónea que Zambrano confesó el presunto homicidio. La versión infundada fue difundida rápidamente entre la colectividad del Sur del Lago. Los nervios y la angustia que habían drenado en la familia Zambrano se apoderaron de nuevo del círculo familiar. La familia y los amigos de Jesús desestimaron la publicación.
“No sabemos de dónde salió esa información tergiversada. Ni yo confesé un supuesto crimen y se determinó que tampoco ocurrió un homicidio”, dijo Jesús Alfredo, quien ahora está libre de toda culpa. De hecho, Zambrano exigió una aclaratoria a quienes divulgaron la información, para remarcar su inocencia.
El cuerpo de Marco Rincón, por su parte, fue desenterrado y llevado hasta la morgue improvisada del cementerio Dr. José Gregorio Hernández, en la población de Santa Bárbara. Este lunes 7 de diciembre, los restos mortales del humilde labriego fueron finalmente sepultados en el cementerio local, luego de ocho días de una sepultura sin permisos, una exhumación forense y un segundo entierro en un lugar en el que inicialmente no pudieron sepultarlo por falta de recursos económicos y la carencia de combustible.
Zambrano, padre de cinco hijos, con tres de ellos en el exterior, es ingeniero de producción egresado de la Unesur, con maestría en gerencia de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet). Asegura que el hecho le deja profundas lecciones, entre ellas que debe haber mucho más conocimiento pleno de las leyes, instancias y servicios para sepultar un cuerpo en medio de la pandemia del COVID-19.
El productor agrícola en el Sur del Lago prefiere no volver a recordar los momentos de angustia que pasó en medio de averiguaciones oficiales, donde por instantes se pensó que estuvo incurso en delitos. Él y su familia quieren olvidar el mal episodio que catalogan como plagado de confusiones y señalamientos que, poco a poco, esperan superar. Él regresará a las aulas de clases y con suerte a la unidad productiva que anhelan volver a ponerla operativa.
