Caracas.- “La justicia por el asesinato de nuestro hijo llegó desde fuera, porque aquí en Venezuela el gobierno se lavó las manos», esas fueron las primeras palabras que Emilia Meléndez de Guerrero expresó tras conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitida el pasado 19 de julio, en la que responsabilizó al Estado venezolano por el ajusticiamiento extrajudicial por efectivos policiales de su hijo Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y su tío Ramón Molina Pérez, en marzo de 2003.
Casi dos décadas debieron pasar para que la familia Guerrero Meléndez pudiera encontrar algo de paz, al reconocer en entrevista ofrecida a El Pitazo que, probablemente, el gobierno de Nicolás Maduro no atienda el fallo de la comisión adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) aun cuando se comprometió a cumplir con las reparaciones correspondientes.
Jimmy Rafael Guerrero Meléndez tenía 26 años de edad al momento de su muerte. Trabajaba como taxista independiente y vendedor ambulante en Coro. Era padre de cinco hijos, cuatro de ellos están fuera de Venezuela y la menor, que cuando murió tenía tres meses, actualmente tiene 18 años de edad y es estudiante de Aduanas en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt en Falcón.
El 29 de marzo de 2003, se encontraba en Punto Fijo en el funeral de uno de los hijos de Ramón Molina. Jimmy, Ramón y un amigo de ellos decidieron ir a comprar unas bebidas a una licorería. Jimmy, al bajar del carro, fue interceptado por funcionarios de la brigada motorizada de Polifalcón, quienes le dispararon varias veces. Ramón Molina, de 49 años de edad y padre de seis hijos, intentó auxiliar a su sobrino, pero fue asesinado en el intento. El cuerpo de Jimmy Guerrero fue hallado en una estación de servicio a más de 500 metros del lugar donde fue asesinado, mientras que Molina fue encontrado en las afueras de la licorería, junto al carro en que se trasladaban.
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18 años después, Nieves Guerrero, padre de Jimmy, recordó que antes de la muerte de su hijo este había sido objeto de acoso y hostigamiento por funcionarios del Cicpc por más de cinco meses. Fue detenido y sindicado de ser el jefe de una banda de delincuentes, acusaciones falsas que denunciaron por ante el Ministerio Público y la Defensoría Pública en Falcón. A Jimmy le establecieron medidas de protección hacia su persona que nunca fueron ejecutadas, además las amenazas y el acoso no fueron investigados.
«Nunca entendimos cómo lo acusaban de ser jefe de una banda delictiva y lo dejaron libre cuando no consiguieron nada», señaló su padre, para quien la muerte del segundo de siete hijos significó la lucha más larga emprendida por toda la familia por lograr hacer justicia. Nieves dijo emocionado: «A mi hijo lo mataron porque se ensañaron con él».
Durante la entrevista, la señora Emilia sacó de dentro de la casa el retrato de su hijo y lo sostuvo entre sus manos. Expresó: “Sabemos que aquí no hay ningún proceso abierto y el responsable material fue absuelto, otros responsables muertos y la causa sobreseída. La búsqueda de justicia nos unió como familia e impulsó a otro de mis hijos, Jean Carlos Guerrero, a estudiar Derecho. No descansó hasta que la Cidh se pronunciara, en especial cuando apuntó que Jimmy y Ramón fueron asesinatos ocurridos por funcionarios policiales que presentaron el hecho como un enfrentamiento entre bandas delictivas».
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Nunca creyeron que las autoridades en Venezuela les dieran respuestas. De allí que todas sus esperanzas las volcaron en los organismos internacionales que luchan por los derechos humanos. La Cidh aceptó el caso de Jimmy Guerrero el 24 de mayo de 2019, con una respuesta favorable dos años después y 18 de espera familiar, tiempo en el que varios integrantes de la familia, incluido Jean Carlos, el abogado, salieron del país en busca de mejores condiciones de vida, pero con la certeza de que el asesinato de Jimmy y Ramón quedarían impunes.
