Santa Bárbara de Zulia.- Omar Peña es el nombre de un sujeto que involucró a sus dos hijos menores de edad en un negocio redondo de contrabando ilegal de gasolina. El carburante era obtenido desde un ducto de la estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) y que se ubica en una finca de la zona Sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia, según confirmó El Pitazo.
Se trata de una actividad lucrativa que involucraba menos esfuerzos y actores, pues no debían pernoctar ni hacer largas colas en gasolineras, mucho menos pagar cupos VIP en dólares o pesos colombianos a militares o dispensadores en las estaciones de servicio. A la preciada gasolina tenían acceso Peña y sus descendientes por una instalación -dispuesta bajo un improvisado enrejado en un tramo polvoriento del fundo Santa Rosalía, propiedad de Peña- conectada a un poliducto que pasa por esa pertenencia familiar. A esa mencionada instalación conectaban dispositivos rudimentarios y sacaban partido a cada gota que era almacenada posteriormente en pimpinas.
Según lo contado por funcionarios policiales que investigaron el caso, el fundo Santa Rosalía se ubica en el camellón caño Los Burros, a 41 kilómetros de distancia entre Santa Bárbara de Zulia, municipio Colón, y la población de El Vigía, municipio Alberto Adriani del estado Mérida, donde se ubica el llenadero de combustible y destino final de la gasolina..
Las autoridades policiales que ofrecieron una rueda de prensa en la sede del cuerpo de Policía del municipio Colón el lunes 3 de febrero, pormenorizaron que Omar Peña, de 57 años, así como sus hijos Jeison y Cristian, fueron sorprendidos mientras ejecutaban la extracción en el citado ducto, por donde corre gasolina y gasoil desde el llenadero de Bajo Grande, zona norte del estado Zulia, mediante la red del sistema Sumandes.
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Los tres implicados fueron detenidos con dos escopetas calibres 12 y 16; dos motocicletas: una Empire modelo cóndor 150, color rojo, placa AA9T45T, y otra Bera Socialista 150, gris, placa AB0B24W; y con 26 recipientes de distinta capacidad con al menos 490 litros de gasolina. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), subdelegación San Carlos de Zulia, detuvo a los implicados bajos los delitos de contrabando de extracción, desarme, control de armas y municiones.
El alcalde del municipio Colón, Blagdimir Labrador, reveló que un equipo técnico de Pdvsa se trasladará a la zona Sur del Lago para cuantificar la cantidad de litros extraídos y precisar qué implementos usaron para realizar la operación ilegal. Labrador reveló que autoridades de la región y Zona Operativa de Defensa Integral de los estados Mérida y Zulia supervisarán el tramo completo del ducto para verificar que la mencionada extracción no se haya ejecutado desde otras unidades de producción por donde pasa la tubería.
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Una venta alertó el contrabando
Omar Peña, el presunto cabecilla de los bachaqueros, recientemente efectuó una sospechosa venta de 1.000 litros de gasolina. Así se fue ganando la fama entre los lugareños del poblado limítrofe entre Zulia y Mérida; pero a la vez comenzó a levantar sospechas sobre la actividad extractora, confirmó una fuente ligada a la investigación.
Conforme pasaban los meses, Peña aumentó la cantidad de clientes interesados en la gasolina, que escasea desde el último de 2019 en todo el país, muy a pesar de que Venezuela posee una de las reservas de petróleo más grandes del planeta.
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Ya entre los cuerpos de seguridad se había generado la alerta sobre el caso porque las divisiones de inteligencia de los cuerpos policiales activaron las indagatorias, haciendo seguimiento a los vendedores y extractores. “Un informante indicó a quién le compraban la gasolina y esos vendedores no la compraban en las estaciones de servicio”, mencionó un integrante de los cuerpos de inteligencia.
El combustible que yacía bajo la fecunda tierra patrimonial fue durante varios meses ingreso económico de la familia Peña. Esas mismas ganancias resultantes de la actividad ilícita hoy los tienen esposados y sin poder acceder a un solo centavo en celdas de los organismos de seguridad, cuyos integrantes afirman “luchar” por evitar los casos de contrabando de gasolina en la jurisdicción.
