Édgar José Flores Sánchez, de 29 años y abogado de profesión, se encuentra privado de libertad hace 47 días en Coro por protestar en Churuguara ante la escasez de gasolina
Coro.- La ideación suicida es el trastorno mental de las personas que tienen pensamientos recurrentes en terminar con sus vidas. Este trastorno está resaltado en el informe forense que hizo el doctor Juan Carlos Roberty, jefe de psiquiatría del Hospital de Coro, al evaluar a Edgar José Flores Sánchez, de 29 años y abogado de profesión, privado de libertad hace 47 días en la capital falconiana por protestar en Churuguara, en la sierra de Falcón, ante la escasez de gasolina.
En esta zona de producción agrícola, cuyo aporte de hortalizas para el consumo nacional solía rondar el 25%, el pasado 15 de abril, tras una espera de más de 72 horas para surtir sus vehículos, los churuguarenses protestaron ante el conocimiento de que en los tanques había 28 mil litros guardados.
A la escena se presentó el alcalde por el Psuv del municipio Federación, Castor Díaz Torrealba. Su presencia caldeó los ánimos de los churuguarenses y sus exigencias.
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La estación de servicios en la que se desarrolló este embrollo es un patrimonio familiar de la familia de Edgar Flores, del que perdieron control este año por las restricciones para repostar combustible, que ahora está a discreción de la Guardia Nacional (GN) y de las listas provenientes del Psuv y sus dirigentes locales sobre a quienes se les tanquea y a quienes no.
Flores increpó al alcalde sobre esta circunstancia y le manifestó su necesidad de acceder a combustible para poder movilizarse a Barquisimeto, a tres horas de esta localidad, a su cita psiquiátrica y a adquirir su medicación. La respuesta de Díaz provocó que Flores perdiera los estribos y lanzara un puñetazo que terminó recibiendo un efectivo de la GN.
Lo que se desató fue un efecto dominó en el que salieron comprometidos físicamente tanto el alcalde como los funcionarios de la GNB y cuyo descontrol sirvió para que se hallasen culpables a mansalva de la reacción ciudadana.
El primer detenido, ese mismo 15 de abril, fue el productor agropecuario Darío Medina, quien se mantuvo al margen del conflicto esa jornada mientras hacía la cola para surtir su vehículo, sin embargo, fueron hasta su casa, entrada la noche, para pedirle su declaración. Medina amaneció el día siguiente en la sede del Cicpc de Coro, a dos horas y media de Churuguara, detenido “por motivos políticos”.
Luego de 24 horas incomunicado y 40 horas detenido, le fue dada libertad condicional bajo régimen de presentación cada 45 días. Se le imputó “participación en manifestación”.
El domingo 19 de abril, fue el turno de Edgaris Beria Barrios, comerciante de verduras, Miguel Vargas, agricultor y de Édgar Flores Sánchez.
Una comisión mixta del Cicpc y la GN los sacó de sus casas esa madrugada, en un operativo en el que hasta le dispararon a un perro mientras actuaban sin órdenes de detención por parte de la fiscalía.
Edgari Beria Barrios es una joven comerciante de verduras traídas desde Los Andes. Testigos sostienen que le hizo la exigencia al alcalde de surtir el combustible que sabía que estaba almacenado en la estación. El productor agropecuario Miguel Vargas les solicitó a efectivos de la guardia medir el combustible en los tanques de la estación para demostrar que había suficiente para surtir.
Sin embargo, durante su presentación, la fiscal Elsy Villegas, en la ciudad de Coro, les imputó Incitación al Odio, Asociación para Delinquir, Lesiones Genéricas y Resistencia a la Autoridad, medidas bien vistas por la jueza del Tribunal Segundo de Control, Alejandra Mora, quien los privó de libertad durante 45 días mientras se hacían las respectivas averiguaciones.
Mora desestimó las solicitudes de la defensa de Edgar Flores ante su condición psiquiátrica, pese a que se tratan de informes médicos que atribuyen su conducta y personalidad a un trastorno psiquiátrico.
Previo a esta audiencia, el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, reiteró su solicitud de que cayera «todo el peso de la ley» para estos ciudadanos, responsabilizándolos por la manifestación y por las agresiones al alcalde y a los efectivos de la GNB.
Los ataques de pánico son episodios de ansiedad intensos que causan síntomas físicos como la falta de aire, palpitaciones y pérdida del control muscular. El disparador pueden ser situaciones de peligro aparente y no inminente.
La detención de Edgar ha transcurrido en hacinamiento con otros detenidos, a pesar de la pandemia mundial a raíz del COVID-19. No ha podido recibir visitas de sus familiares. Las autoridades las prohíben para evitar contagios del virus. No ha contado con su medicación ni con la terapia, esencial debido a su condición.
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El 12 de mayo, su defensa consiguió juramentar al doctor Juan Carlos Roberty, jefe de psiquiatría del Hospital de Coro, para someter a Edgar a un examen forense y emitió un detallado informe de su condición.
A los antecedentes de traumatismo encefálico en la niñez y de convulsiones a lo largo de su vida, se le suma una herencia de esquizofrenia. Su medicación corresponde a un cuadro depresivo y convulsivo, sin embargo, el doctor Roberty apuntó también trastorno psicótico de tipo orgánico e ideación suicida.
“Refiere fenómenos sensoperceptivos auditivos y visuales (alucinaciones). Escucha voces que le indican que lo haga (suicidarse)”, se lee en el manuscrito firmado y sellado por el especialista.
Al margen, el médico apunta el suicidio, hace tres meses, de un familiar directo de Flores ante un cuadro depresivo severo.
El doctor Roberty refiere que su evaluación fue solicitada el pasado 8 de mayo por la juez Mora.
Apostilla en el documento su recomendación de mantener su tratamiento farmacológico, controles médicos constantes de psiquiatras y neurólogos y el cuidado permanente de sus familiares. Sin embargo, la fiscal Elsy Villegas se negó a recibir dicho informe forense.
Este viernes 05 de junio, el tribunal liberó el expediente del caso para la consulta de la defensa de los ciudadanos. Familiares y abogados hallaron allí la ratificación de los cargos imputados a los tres, menos uno de los delitos: el de asociación para delinquir.
El expediente deja ver que la Fiscalía los sigue queriendo privados de libertad, pese a que ya terminaron los reglamentarios 45 días de investigaciones y a que no hay estimaciones de cuándo pueda darse la audiencia preliminar correspondiente, debido a la cuarentena, según decreto del TSJ.
“La fase intermedia del proceso está detenida. No hay procesos especiales”, explica la defensa a los familiares. Sin embargo, sí se pueden solicitar la revisión de las medidas y traslados por salud, tecnicismos que podrían dar con la excarcelación de los imputados mediante acuerdo del tribunal.
Luchan por el cambio de su sitio de reclusión. La detención de estos 3 churuguarenses en Coro, obliga a sus familiares a trasladarse hasta la capital falconiana para llevarles ropa, comida y chequearlos en plena pandemia por coronavirus y en la misma crisis por gasolina que los introdujo a esta situación hace dos meses.
Familiares y defensa ven la oportunidad de conseguir que sean trasladados a Churuguara para continuar ahí su proceso mediante un acuerdo del tribunal y la Fiscalía, un movimiento legítimo en esta fase intermedia, a pesar de las restricciones actuales en tribunales.
En el caso de Edgar, la fiscal Villegas se niega a catalogarlo como paciente psiquiátrico. En la audiencia de presentación, Flores, abogado y una persona con un intelecto bien forjado, insistió en autodefenderse y su disertación “fue magistral”, según testigos. Por tal razón, la fiscal no cree que una persona con su condición psiquiátrica pueda ser intelectualmente solvente.
Lo que lleva a que su familia responsabilice a esta fiscal, a la jueza y al Estado de la vida de Édgar. El precedente está asentado en el informe del psiquiatra forense: los episodios de ideación suicida.
Mientras que los familiares de Edgaris Beria Barrios y Miguel Vargas se declaran en manos de Dios.
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