Barquisimeto.- El representante del Foro Penal capítulo Lara, Abraham Cantillo, declaró a El Pitazo que 32 personas han sido detenidas en las manifestaciones contra Nicolás Maduro registradas en Barquisimeto y Carora, a partir del 23 de enero.
De este grupo 21 personas continúan privadas de libertad, incluyendo a ocho adolescentes con medida cautelar sujeta a fianza y dos mujeres: Aidismar Figueroa, de 20 años y Mariolis Meléndez, de 38.
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Del listado, 12 adultos tienen boletas de traslado sin ejecutar al Centro Penitenciario David Viloria (Uribana), una cárcel de presos comunes al norte de Barquisimeto en la que han muerto ocho reclusos durante 2019 por la propagación de enfermedades infecto contagiosas como hepatitis, tuberculosis, entre otras.
El abogado señaló que en Lara las detenciones han sido arbitrarias y selectivas. Denunció que dos de los ocho adolescentes que siguen privados de libertad son hermanos.
Se asomaron a una protesta al oeste de Barquisimeto y fueron sacados a la fuerza de su vivienda el 27 de enero.
Ese mismo día, la GN se llevó a Figueroa, una joven que no participaba en las manifestaciones, pero que se encontraba en los alrededores del Comando Regional número 4 cuando los militares salieron a replegar a los ciudadanos.
También se refirió al arresto del estudiante universitario Diego Sánchez, el 23 de enero al este de la ciudad.
«Fue detenido primero por funcionarios de la policía estadal que le pidieron la identificación y lo dejaron irse y a escasas cuadras se lo llevó la Guardia Nacional.
Si analizamos el caso de Diego y de los dos adolescentes encontramos un patrón», explicó Cantillo. Sánchez tiene doble nacionalidad, venezolana y española, y es uno de los primeros en ser presentado en tribunales.
La defensa no ha tenido acceso a Sánchez y sus visitas han sido suspendidas en al menos dos oportunidades.
El representante del Foro Penal advirtió que el Ministerio Público y los jueces tienen los mismos lineamientos para todos los imputados.
«Tenemos la presunción de que hay una fórmula perfecta con delitos exagerados sin contrariarse. De esta manera están generando presos políticos automáticamente y cometen un delito al utilizar los medios de justicia para judicializar a los ciudadanos», reiteró.
El penalista calificó de grave que todos los imputados enfrenten los mismos cargos. A los adultos los acusan de uso de adolescentes para delinquir, agavillamiento, instigación al odio, resistencia a la autoridad y cualquier otro delito que tenga privativa máxima de libertad.
A los menores de edad, los procesan por detentación de explosivos y resistencia a la autoridad. Los ocho menores de edad que permanecen tras las rejas esperan completar los recaudos para la fianza y quedarían en libertad con una medida cautelar de presentación en tribunales cada una o dos semanas, tal y como ocurrió con los otros seis menores de edad en Carora.
En la entidad los detenidos se encuentran en destacamentos de la GN y el retén de menores de El Manzano. Abuso de las Faes Cantillo cuestionó la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en las protestas.
«Las Faes no están creadas para la preservación del orden público. En 2017 también era irregular la aparición del Conas (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro). Se supone que el Estado tiene un presupuesto para capacitar a la Guardia Nacional en materia de orden público y la policía regional tiene un grupo», detalló.
Ese cuerpo es responsable de dos arrestos en las manifestaciones de Carora, el 23 de enero; de asesinar a tres jóvenes acusados de quemar la casa de la alcaldesa de El Tocuyo, el 25 de enero y de dirigir un allanamiento sin orden judicial en la urbanización Sucre de Barquisimeto, el 10 de enero.
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