Andy González, una mujer wayuu de 44 años, denunció que fue “maltratada, ultrajada y torturada” por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc) en Guajira.
El hecho ocurrió el pasado 21 de mayo en la población de Paraguaipoa a las 3:00 pm, según contó este jueves 28 de mayo a El Pitazo. González dijo que los funcionarios llegaron a su casa de manera violenta y se la llevaron a la delegación donde vivió momentos de torturas.
“En la mañana fui a las instalaciones de la estación de servicio de Paraguaipoa a buscar un combustible para hacer una diligencia y luego fui a mi residencia. Como a las tres de la tarde llegaron tres funcionarios del Cicpc, entraron a mi casa sin permiso acusándome de haber robado un teléfono, enseguida me empezaron agredir y me dijeron que los tenía que acompañar a la delegación y me montaron en el vehículo”, contó González.
Durante su relato, González se quejó de los dolores que les ocasionaron los golpes que recibió de los funcionarios del Cicpc.
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“Me llevaron a la delegación. Enseguida me empezaron a ultrajar, maltratar y torturar para que confesará que me había robado el teléfono y no podía hacer eso porque soy inocente. Nunca pensé vivir una tortura tan fea y menos de unos hombres que se hacen llamar funcionarios. Tengo la piel con moretones y me duele todo el cuerpo”, resaltó.
La víctima manifestó que sus familiares optaron “por negociar con los funcionarios” para su liberación. Sin embargo, hace pública está denuncia para visibilizar la situación que se vive en su territorio y no todos quieren denunciar por temor a posteriores maltratos.
Ante esta realidad, los habitantes de Guajira hacen el llamado a los cuerpos pertinentes a examinar esta situación que vulnera la integridad y dignidad de los pueblos indígenas y en este caso una mujer que se ha visto afectada por los abusos de poder de las autoridades de seguridad acantonados en esta región zuliana.
Desde el inicio del año 2020, han aumentado las denuncias sobre violaciones a derechos humanos a los indígenas por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad que se encuentran en el municipio fronterizo.
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