La juez Ana Tovar realizó una audiencia y la dejó sin efecto después de recibir órdenes superiores | Foto: Keren Torres
Barquisimeto.- “Un exabrupto jurídico”; así calificó Macario González, diputado a la Asamblea Nacional, la decisión de la jueza Ana Tovar en los tribunales larenses, cuando echó para atrás la decisión que había tomado en la audiencia que realizó a siete personas detenidas durante una manifestación contra los apagones.
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En la audiencia del martes 12 de mayo, la juez había dictado medidas cautelares con régimen de presentación a las siete personas que fueron detenidas durante una protesta en El Tocuyo, realizada el viernes 8 de mayo debido a la prolongación de los apagones en la capital del municipio Morán del estado Lara.
Sin embargo, Guillermo Palacios explicó que cuando los detenidos y sus abogados se retiraban, después de haber escuchado la sentencia, la jueza los volvió a llamar para decirles que la decisión quedaba sin efecto y que se realizaría una nueva audiencia al día siguiente, el miércoles 13 de mayo.
“Sabemos que la juez recibió una llamada del jefe del Circuito Penal para que cambiara su decisión y dejara a estas personas presas, cuando lo único que hicieron fue reclamar por las continuas fallas en los servicios públicos, en este caso, por la electricidad. Para nadie es un secreto lo que estamos viviendo en Venezuela con relación a este tema”, declaró a El Pitazo Guillermo Palacios.
Los familiares de los detenidos, que en total fueron 13 personas, no quisieron declarar a los medios de comunicación a las afueras de los tribunales larenses mientras esperaban la nueva audiencia. Tenían la esperanza de que sus seres queridos quedaran en libertad; sin embargo, al final del día, Ana Tovar decidió privativa de libertad para siete de los detenidos de El Tocuyo.
“Algunos de ellos ni siquiera estaban manifestando; ya estaban en sus casas y los sacaron a golpes. Fue una cacería de brujas. Entre los detenidos están dos adolescentes y una persona con discapacidad, que apenas tiene un 20% de movilidad. ¿Cómo esta persona puso en peligro a un funcionario de seguridad?”, se preguntó Guillermo Palacios.
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Se les imputaron los delitos de instigación al odio, obstaculización de vías públicas, obtención de objetos explosivos, resistencia a la autoridad, uso de menores de edad para delinquir y asociación para delinquir.
“Estos son presos de Gisela Rodríguez, alcaldesa de Morán, y de la gobernadora, Carmen Meléndez, quienes llamaron al circuito judicial para que se cambiara la decisión después de que se había realizado la audiencia”, denunció Guillermo Palacios.
Residentes de esta ciudad informaron por vía telefónica a El Pitazo que algunas personas quemaron cauchos y basura en las vías el viernes 8 de mayo. De este modo protestaban contra los apagones cuando llegaron los efectivos de la Guardia Nacional (GN), dispararon perdigones y dispersaron la concentración.
Afirmaron que la mayoría de los aprehendidos no estaban en el lugar, sino que los sacaron de sus casas después de la manifestación. Un padre y un hijo también están detenidos. El joven fue a visitar a su novia y como ya era medianoche, el papá, preocupado, fue a buscarlo. Cuando regresaban, guardias nacionales los persiguieron y los sacaron de su casa a la fuerza.
“Sabemos que estaban incumpliendo la cuarentena, pero los están incluyendo como quienes estaban en la protesta y no fue así”, declaró un vecino, quien debido a las continuas amenazas pidió resguardar su identidad.
El general de división José Santiago Moreno Martínez, comandante de la Zona de Defensa Integral (Zodi-Lara), informó el sábado 9, durante un programa radial con la gobernadora Carmen Meléndez, que en El Tocuyo fueron detenidas siete personas “por alteraciones de orden público”.
En la minuta policial se lee que los funcionarios llegaron a la protesta por los apagones “con la finalidad de repeler y minimizar cierres de vías, encontrando focos activos con la quema de neumáticos con alteraciones de orden público, motivado a la falta de fluido eléctrico”.
Macario González informó que la denuncia sobre estas decisiones, que considera arbitrarias, se consignó ante la Comisión de Política Interior de la AN. Mencionó que la ONG Acceso a la Justicia, defensora de los Derechos Humanos, también tiene conocimiento de la situación y la llevará ante las instancias internacionales correspondientes.
“Recordemos que en Lara detuvieron al médico Colmenárez por unos estados de whatsapp, y el defensor de Derechos Humanos Henderson Maldonado también estuvo preso unos días por un tuit; esto es terrorismo de Estado. Recordemos que el tapabocas es para protegernos del coronavirus, no para callarnos ante las graves situaciones que ocurren con los servicios públicos”, dijo González.
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