Los pacientes crónicos de Lara han salido a protestar durante la cuarentena decretada por el Gobierno por la pandemia del COVID-19 para reclamar insumos, medicamentos y gasolina. Foto: Liz Gascón
Barquisimeto.- El informe anual de la Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhelara) revela que durante 2020 empeoraron las condiciones de vida de toda la población debido al colapso institucional, la desprotección social, las violaciones masivas de derechos humanos y la profundización de la emergencia humanitaria compleja tras la llegada de la pandemia del COVID-19.
La coalición, integrada por 18 organizaciones no gubernamentales (ONG) de Lara, publicó su balance este 10 de diciembre para conmemorar el Día de los Derechos Humanos.
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Según el informe, más de 200 pacientes renales en diálisis murieron en Lara entre marzo y noviembre de este año. Tan solo en una de las siete unidades de diálisis que hay en el estado, activistas de derechos humanos contabilizaron 34 decesos.
El recorte de la duración de las diálisis por daños de las máquinas y las plantas de ósmosis, los retrasos de las terapias ocasionados por los cortes de electricidad, el déficit de máquinas, insumos y personal, así como las fallas de transporte empeoraron las condiciones de los casi 850 pacientes que se tratan en seis unidades de diálisis de Barquisimeto y una de El Tocuyo.
Las muertes de pacientes renales aumentaron 20% en comparación con 2019, advierte la Redhelara.
“Dos pacientes murieron por COVID-19 en centros centinelas. Uno de ellos se complicó porque no había como trasladarlo a una unidad de diálisis. Estamos con miedo de contraer COVID-19 no tanto por la enfermedad, sino porque nos negamos a ir a estos centros pues no contamos con especialistas para nuestras patologías ni medicinas o insumos”, relató Shoribell Yustiz, vocera de la ONG Vida Renal Contigo.
La Redhelara señala que en 2020 agudizó el desmantelamiento de los servicios de salud pública y persistió la escasez de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, VIH, cáncer, que solían ser distribuidos gratuitamente por parte del Ministerio de Salud o el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).
La mayoría de estos pacientes tampoco tiene prioridad en las estaciones de servicio cuando necesitan gasolina. Entre los afectados hay 256 pacientes trasplantados, relató Yustiz.
“No hemos sido tomados en cuenta en estos planes de abastecimiento (de gasolina) para pacientes crónicos. Los encargados nos indican que no entramos como patología prioritaria. Pues resulta que sí, que nosotros necesitamos trasladarnos a las farmacias de alto costo que se encuentran en los seguros sociales de Barquisimeto mensualmente. Nosotros no podemos dejar de tomar estas medicinas”, expresó.
Yustiz denunció que un representante del Gobierno justificó la exclusión de este grupo de pacientes cuando reclamaban combustible en una oportunidad. “Textualmente nos dijo que sino había medicinas (en el sistema de salud pública) para qué necesitábamos gasolina. Desde hace cuatro meses están llegando las medicinas que no fueron distribuidas por un año en los seguros sociales”, reiteró.
Durante la pandemia el personal de salud continúa desasistido, alertó la coordinadora de Médicos Unidos de Venezuela (MUV) capítulo Lara, Luzmila Leal.
“En la mayoría de los centros de salud, la dotación de insumos para realizar las pruebas rápidas de descarte del COVID-19 fue insuficiente y los insumos de material médico-quirúrgico alcanzaron un déficit del 90%”, sostiene el informe de la Redhelara.
Entre marzo y diciembre, en Lara murieron nueve médicos y una enfermera a consecuencia del COVID-19, según cifras de MUV.
“Nuestras exigencias no han tenido eco en el Ministerio de Salud. Le ha tocado a organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil tomar responsabilidad en sus manos y equipar en la medida de todo lo posible al personal de primera línea en defensa contra el COVID-19”, declaró Leal.
El informe anual de la Redhelara también da cuenta del empobrecimiento de las familias.
“Lara presenta índices de pobreza extrema muy por encima del promedio nacional. De cada 10 hogares en Lara, alrededor de 7 se encuentra en pobreza extrema (Encovi 2020), por ello, puede comprenderse que organizaciones de protección alimentaria reporten que alrededor del 30% de la población infantil presente cuadros de desnutrición aguda y un 46% estén en situación de riesgo (de acuerdo con los registros de Madres y Padres por los Niños de Venezuela, Mapani)”, agrega el balance regional.
La nutricionista, especializada en gestión de seguridad alimentaria, Susana Raffalli, aseguró que la pérdida absoluta del valor del trabajo está cocinando hambre y desnutrición de forma masiva.
“Si tuviera que tomar la bandera que me corresponde en todo este espectro de los derechos humanos en el país, les diría que el derecho a la alimentación sigue muy resquebrajado”, comentó en la presentación del informe.
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Raffalli considera que la oferta de alimentos en los anaqueles solo da una falsa sensación de mejoría.
“Lo cierto es que están resquebrajados más que nunca tres aspectos muy básicos: la capacidad del Estado de honrar su obligación de atender a la población que está bajo su tutela como los privados de libertad y las personas en hospitales públicos; está menoscabada la capacidad del Estado de protegernos de la hiperinflación, la dolarización y de la mala focalización de los mecanismos de protección social que ellos mismos manejan y está muy menoscabada nuestra capacidad como titulares del derecho a la alimentación”, argumentó.
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