Barquisimeto.- El abogado Abraham Cantillo, coordinador del Foro Penal capítulo Lara, señala que tras el inicio de una investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, el Estado necesita reestructurar el sistema judicial y ofrecer garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos.
En una entrevista concedida este lunes, 8 de noviembre, Cantillo indicó que urge el cese de la persecución contra ciudadanos, activistas de derechos humanos, ONG, medios y periodistas y de las detenciones arbitrarias con fines políticos. Asimismo, reiteró que el Estado está en la obligación de aportar información al fiscal Karim Khan sobre sus actuaciones en los casos de asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas y malos tratos durante las protestas antigubernamentales de 2017 o incluso antes.
El coordinador del Foro Penal capítulo Lara, aseguró que la investigación de la CPI debe abarcar a todos los responsables y no solo a los autores materiales de los delitos. «En derecho penal existe un elemento para cada persona que comete un hecho. En materia de delitos de lesa humanidad, se revisa toda la cadena de mando que promueve, es cómplice, que encubre la situación. Eso debió pasar en Venezuela hace mucho tiempo», sostuvo.
Los agentes de seguridad, fiscales y jueces que no contestaron a su obligación constitucional deberán ser observados, agregó el portavoz de la organización que ha contabilizado más de 15.700 detenciones arbitrarias en Venezuela desde 2014 hasta la fecha.
Por ejemplo, si en algún momento una persona fue aprehendida sin elementos de convicción para probar que estaba cometiendo un delito y, si, de alguna forma algún fiscal materializó esa situación, tendrá una responsabilidad penal. Y si un juez avaló esa situación también la tendrá. Pero eso lo determinarán la investigación», subrayó.
Claman por justicia
Por otra parte, Cantillo dijo que habrá una «luz al final del túnel» para las víctimas y sus familiares. Sobre el principio de la complementariedad, explicó que se trata de la intención que haya demostrado Venezuela de hacer justicia. «Pero pareciera que desde 2017 hasta 2021 no hubo una respuesta. En este momento al Estado venezolano le corresponde rendir cuentas y al fiscal de la CPI, observar y analizar esa respuesta. Este es el primer país de Latinoamérica que está siendo investigado por delitos de lesa humanidad», concluyó.
Según la Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhelara), la inacción de los órganos de justicia ha imposibilitado la plena identificación de las cadenas de mano que autorizaron la comisión de violaciones de derechos humanos en las manifestaciones. En Lara, se registraron 20 asesinatos durante las protestas del año 2017 y cinco ejecuciones extrajudiciales en las de 2019. En al menos tres casos, el Ministerio Público (MP) libró órdenes de aprehensión que no fueron ejecutadas.
