Tan solo en el mes de mayo unas 27 personas han sido privadas de libertad por protestar en el estado Lara, de un total de 34 arrestos realizados entre el 14 de abril y el 21 de mayo, según informó el representante de Foro Penal Lara, este 25 de mayo a El Pitazo, Abraham Cantillo.
Una de estas personas es Luis Pérez, quien según declaraciones de Alfonso Marquina, diputado a la Asamblea Nacional, tiene Síndrome de Down; además de Giovanny Meza, que sufre de esclerosis cerebral múltiple e incluso convulsionó en la audiencia de presentación; y Humberto Carreño, quien apenas tiene 20% de movilidad en su cuerpo.
Sobre Luis Pérez, Marquina declaró que el joven se asomó durante la protesta que realizaban los habitantes de El Tocuyo la noche del 8 de mayo, durante uno de los continuos cortes eléctricos en la región, cuando fue detenido por funcionarios de seguridad.
“Los informes médicos están en tribunales; ellos saben de las condiciones de estas personas. Cuando a Luis le dijeron que hiciera su declaración ante los jueces, lo que hizo fue llorar, porque él no sabe dónde está ni por qué está ahí. Es una acto de crueldad porque él es inimputable”, declaró Marquina este lunes, 25 de mayo, vía telefónica a El Pitazo.
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El parlamentario mencionó que tanto los familiares de Pérez como del resto de los privados de libertad tienen temor a declarar porque sus seres queridos albergan esperanzas de que sean liberados.
Para este caso se realizó una primera audiencia el martes 12 de mayo, cuando la jueza Ana Tovar dictó medidas cautelares con régimen de presentación a 7 de las 13 personas que fueron detenidas durante la protesta en El Tocuyo, entre ellas a Luis Pérez y Humberto Carreño.
Según explicó el parlamentario Guillermo Palacios, después de haber escuchado la sentencia, la jueza volvió a llamar a los abogados para decirles que la decisión quedaba sin efecto y que se realizaría una nueva audiencia al día siguiente: el miércoles 13 de mayo, cuando decidió la privativa de libertad.
El Tocuyo en primer lugar
En El Tocuyo, capital del municipio Morán, hubo 13 detenidos después de una protesta que realizaron los residentes de esta ciudad el 8 de mayo, debido a los apagones prolongados. De ese total, 11 quedaron privados de libertad por los delitos de instigación al odio, obstaculización de vías públicas, obtención de objetos explosivos, resistencia a la autoridad, uso de menores de edad para delinquir y asociación para delinquir.
Entre los privados de libertad están Luis Pérez, con síndrome de Down; y Humberto Carreño, con solo 20% de movilidad. Las otras dos personas son menores de edad, que quedaron con régimen de presentación.
Residentes de esta ciudad informaron vía telefónica a El Pitazo que algunas personas quemaron caucho y basura en señal de protesta, y cuando llegaron los efectivos de la Guardia Nacional dispararon perdigones y dispersaron la concentración.
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Resistencia a la autoridad
José Gregorio Hernández Gallardo y Humberto Eduardo Moreno Unda fueron detenidos, según Cantillo, de forma arbitraria la noche del lunes 18 de mayo, cuando hubo una protesta y cierre de vías en la urbanización La Sucre de Barquisimeto.
Explicó el activista que estas personas ni siquiera estaban en la protesta, sino que iban caminando por la carrera 28 entre calles 31 y 31 cuando funcionarios de la Dirección de Investigación y Estrategias Preventivas de la Policía del estado Lara (Diep) se las llevaron. En horas de la mañana del miércoles 20 de mayo se realizó la audiencia, en la que fueron excarcelados con régimen de presentación por el delito de resistencia a la autoridad.
Resultado contrario tuvieron los cinco detenidos durante el allanamiento que hicieron las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) el mismo lunes 20 de mayo, pero a las 2:30 pm, aproximadamente. En primer momento sacaron de sus viviendas a Pedro Pérez Zambrano -dirigente de La Causa R- Giovanny Meza, Aaron Atacho, Naudy Atacho, Fabricio Ojeda y Frank Urquiola. Este último fue liberado sin cargos.
Vecinos de La Sucre declararon a El Pitazo, vía telefónica, que los funcionarios de las Faes, mientras ejecutaban el allanamiento, les gritaban a las personas que se metieran a sus viviendas, que el Estado no estaba pagando muertos porque había toque de queda.
En la audiencia de presentación del sábado 23 de mayo, que había sido diferida el día anterior, fueron privados de libertad los cinco detenidos; sin embargo, en vista de que Giovanny Meza convulsionó delante de la jueza, fue referido a un examen médico forense, el cual además reveló que tenía cinco costillas rotas. Meza permanece recluido en el Hospital Central Antonio María Pineda. Antonio Giménez, juez de control noveno, del Circuito Judicial del estado Lara, fue el encargado de dictar esta medida.
En Carora
El jueves 21 de mayo fue dictada privativa de libertad a siete ciudadanos, entre ellos una mujer, que fueron detenidos el martes 19 en el sector Torrellas, de Carora. Pasadas las seis de la tarde, en el Palacio de Justicia de esa ciudad fueron imputados por el presunto ataque y daños a la planta eléctrica Carora I, en medio de unas protestas por falta de electricidad.
Habitantes del municipio Torres aseguraron que esa planta eléctrica tiene años sin funcionar y que los detenidos no tuvieron que ver con el hecho. Denunciaron que para el momento de su detención se encontraban en sus residencias.
Detenidos “por guarimbas”
El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Lara, José Santiago Moreno Martínez, informó el lunes 18 de mayo, a través del programa radial con la gobernadora, Carmen Meléndez, que a la fecha, desde que se decretó la cuarentena nacional, habían detenido a 37 personas “por guarimbas” y a 1 “por terrorista”.
Moreno Martínez afirmó que la Policía Nacional Bolivariana estuvo en los alrededores de la urbanización Sucre la noche del 19 de mayo para controlar los espacios, lugar donde protestaron por dos noches seguidas durante los cortes eléctricos sin programación. “Son 112 personas que contabilizamos entre detenidas y multadas por no acatar la cuarentena”, detalló Moreno Martínez.
A este número se suman cinco personas que fueron sacadas de sus casas la tarde del miércoles 20 de mayo, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) rodearon la urbanización Sucre y allanaron varias viviendas en busca de los supuestos organizadores de protestas.
No todos tuvieron sentencias de privativas de libertad, sino que fueron liberados horas después; mientras, otros recibieron excarcelación con régimen de presentación, previa fianza. Por eso las cifras varían entre una institución y otra.
