Los migrantes han pasado hasta un mes confinados en la Villa Bolivariana. Foto: Cortesía familiares de retornados
Barquisimeto.- El informe anual de la Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhelara), una coalición de 18 organizaciones no gubernamentales locales, señala que entre los grupos más vulnerados durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19, decretada por el Gobierno en marzo, se encuentran los migrantes retornados, los reclusos y los adultos mayores.
En la Villa Bolivariana de Barquisimeto, primer refugio habilitado por el Gobierno para los migrantes retornados, murió un niño de un año y ocho meses de edad a finales de mayo sin que el Ministerio Público iniciara las investigaciones.
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Sus familiares denunciaron que al niño le sirvieron comida descompuesta, tuvo diarrea, deshidratación y se descompensó en el apartamento donde los tenían encerrados. El personal de las instalaciones no atendió sus solicitudes de ayuda.
“La población migrante fue internada masivamente en centros de confinamiento, especialmente en la Villa Bolivariana en condiciones de higiene inadecuadas, hacinadas, con déficit de alimentación diaria y comidas en mal estado y sometida a tratos inhumanos del personal militar y de enfermería que los custodió; incluso sin las atenciones de salud debidas ni las pruebas de descarte del coronavirus”, detalla el balance.
En las cárceles y centros de detención preventiva de la entidad, los índices de desnutrición alcanzan el 85% entre la población penitenciaria, agrega el informe. 45 reclusos murieron por desnutrición, tuberculosis y enfermedades gastrointestinales en 11 meses.
“Con el agravante de las restricciones de movilidad de sus familiares para llevarles alimentación y la sustracción de los alimentos cuando se los llevan por parte del personal de los penales”, indica la coalición de organizaciones.
Dos reclusos fueron asesinados por sus compañeros de celda en riñas por comida en los calabozos policiales donde sus familiares deben hacerse cargo de la alimentación.
Con respecto a la situación de los adultos mayores entre enero y noviembre, el coordinador del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, Edgar Silva, advirtió que continuaron privados, intencionalmente, del acceso a alimentos y medicinas porque la pensión se devaluó a menos de un dólar mensual.
“Perdimos el derecho que tenemos de disfrutar de una pensión justa y digna. Lo que queda de lo que era una pensión en Venezuela es la fecha de pago porque el monto es insignificante”, dijo.
La falta de dinero para subsistir obliga a los adultos mayores a trabajar de nuevo. A finales de octubre, en el oeste de Barquisimeto, Blaudio Antonio Cordero, un vigilante de 80 años de edad, fue asesinado a golpes durante el robo del galpón que cuidaba. Cordero aceptó el empleo en 2019 para mantener a su esposa y otros dos familiares.
Sobre las medidas implementadas por la Gobernación de Lara después de marzo para contener los casos de COVID-19, la Redhelara indica que las prohibiciones de movilidad y restricciones horarias solo derivaron en más afectaciones a la población forzada a salir de sus casas para resolver las tareas cotidianas: buscar leña o agua a kilómetros de distancia de sus comunidades.
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Los despliegues de cuerpos de seguridad para replegar focos de protesta fueron otra constante.
“En materia de derechos civiles, debido a los constantes cortes eléctricos, carencia de agua potable, gas y gasolina, diversos grupos de vecinos protestaron en las calles siendo reprimidos por la Guardia Nacional (GN), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) con un uso desproporcionado de la fuerza en varias zonas de Barquisimeto, Carora y El Tocuyo, dando lugar a más de 30 detenciones, presentados en los tribunales”, sostiene la red.
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