Hija de vigilante de Aeroclub Barquisimeto preso y sin juicio ruega por su libertad

Caracas.- “Hija me voy a morir aquí siendo inocente, por algo que yo no hice”, rememora entre lágrimas Norka Hernández las palabras de su padre, José Humberto Hernández, quien está preso desde el 29 de marzo del año 2016, en la cárcel Fénix, de Barquisimeto, sin que le hayan realizado juicio hasta la fecha.

Yeimber Machado, abogado de Defiende Venezuela, ONG que llevó el caso a instancias internacionales, explicó que José Humberto Hernández fue detenido cuando tenía 62 años, ahora tiene 67. Prestaba sus servicios como vigilante del Aeroclub de Barquisimeto.

En la actualidad sufre de prostatitis en grado tres, dos hernias (umbilical e inguinal) y a principios del año 2021 tuvo un derrame pleural en sus pulmones que le ha ocasionado problemas respiratorios.

“Tiene neumonía y es posible que también tenga tuberculosis”, dijo el abogado. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, en la cárcel Fénix, están aislados 145 presos por presentar tuberculosis, todos están sin tratamiento y tres murieron en el mes de enero por esta causa.

Para la prostatitis, que empeoró durante la prisión, se requiere una intervención quirúrgica urgente que le ha sido negada.

Por estas razones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó una medida cautelar al señor José Humberto Hernández Rodríguez, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de sus derechos a la vida, integridad personal y salud.

“Fue detenido de manera injusta, fue golpeado y torturado para que se declarara culpable. Está preso por los delitos de tráfico de drogas en grado de cómplice, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. No ha habido juicio y su expediente fue trasladado a Caracas, esa es una de las razones por la cual el proceso está suspendido en el tiempo”, detalló Machado.

Explicó que el señor José Humberto Hernández tiene casi cinco años en prisión preventiva, sin condena ni culminación del proceso penal, cuando en el Código Orgánico Procesal Penal establece que una persona puede estar máximo dos años en esta condición.

“En el año 2018 una comisión del denominado Plan Cayapa visitó el penal, y acordaron una medida humanitaria a través del Ministerio para Asuntos Penitenciarios, pero como no había internet ni sistema no se pudo ejecutar la libertad. Cuando los familiares regresaron para exigir esta medida, la respuesta fue que se había extraviado del sistema esa decisión”, narró Yeimber Machado.

En fecha más reciente, según contó la hija del detenido, otra comisión del Plan Cayapa volvió a Fénix y al ver a José Humberto Hernández, le dijeron: “Viejo, a ti no te podemos atender porque no hay expediente”.

Sin expediente

En el Tribunal Sexto de Juicio de la circunscripción penal del estado Lara, debería reposar el expediente de José Humberto Hernández. Sin embargo, desde el año 2017, debido a un amparo que introdujo otro imputado en la causa, el Tribunal Supremo de Justicia, con sede en Caracas, requirió el expediente del caso.

“Efectivamente enviaron el expediente al TSJ, pero hubo falta de cuidado porque no dejaron ni siquiera una copia en Barquisimeto. Ahora el juez alega que no puede realizar ningún tipo de actuación, porque no tiene el expediente”, declaró el abogado Yeimber Machado.

Recalcó que durante los últimos años se han otorgado medidas humanitarias en Lara, pero ni siquiera revisan el caso del señor Hernández, por la falta de expediente.

“Ellos saben que mi papá es inocente, hicieron sus investigaciones, barrido del teléfono y estaba limpio. No tiene conexión con los demás detenidos, no los conocía. En juicio vamos a demostrar su inocencia. Su peor delito es ser pobre ¿Cómo es posible que vayan a condenar a un inocente a que se muera en la cárcel?”, preguntó con voz entrecortada Norka Hernández, hija del señor José Humberto.

Tanto su hija como los demás familiares ruegan que el Estado cumpla con la medida otorgada por la Cidh, para que su padre pueda recibir la atención médica urgente que requiere y que su causa no siga paralizada.

“El Estado debe garantizar la salud y la vida de los ciudadanos que están bajo su custodia. Ahora, con la medida de la Corte Interamericana están sometidos a mayor supervisión y a un proceso jurídico internacional”, recalcó el abogado de la ONG Defiende Venezuela.