Reclusos en Yaracuy. Foto: cortesía OVP
Caracas.- Familiares de reclusos de la Comandancia General de Yaracuy denunciaron ante el Ministerio Público una presunta extorsión por parte de los funcionarios de Poliyaracuy, quienes, aseguran, amenazan a los privados de libertad con sacarlos de una celda con comodidades a una con menos privilegios, si no cancelan $200 por persona, según reportó este miércoles 18 de noviembre el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
De acuerdo con la ONG, este pago, calificado de ilegal y fraudulento, corresponde a privilegios dentro de las celdas, como la entrega de comida y paquetes, así como al acceso a servicios básicos como agua, espacios para asearse o recibir la luz del sol.
«En estos calabozos se hace negocio con las necesidades de los reclusos», advirtió el OVP en su reporte.
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La ONG recalcó que la sede de la Comandancia General de la Policía de Yaracuy es un centro de detención preventiva que se estableció hace más de 63 años, pero que actualmente ya no es un recinto transitorio porque desde hace años alberga a presos que deberían estar en las cárceles.
«En este centro, los detenidos deberían permanecer durante 48 horas hasta su audiencia de presentación, pero el Observatorio Venezolano de Prisiones pudo recabar testimonios donde hay reclusos que llevan más de 5 años recluidos en este lugar», detalló el OVP.
De acuerdo con la ONG, el hacinamiento se ha hecho común en la sede de la Comandancia General de la Policía de Yaracuy, en la que las enfermedades infecciosas y la tuberculosis se han incrementado, por lo que el lugar es uno de los que tiene más índices de contagio.
Según el OVP, a los reclusos les exigen un total de $2.600, $200 por cada uno de los privados de libertad, para permanecer en la celda con comodidades, e incluso les han indicado que realicen el pago en dos partes cuyo primer adelanto deben hacerlo este jueves, porque de lo contrario serían desalojados y reubicados en celdas con peores condiciones.
«Esto podría denominarse como el pago más alto que se exige en esta comandancia que, según testimonios, aumentó de $50 a $200 por recluso, pues no es el único cobro que se exige. Los familiares también deben pagar para que los presos tengan acceso a agua potable, ver la luz del sol y acceso a paquetería», detalló el OVP
La ONG precisó que este martes, 17 de noviembre, una fiscal del Ministerio Público coordinó el traslado de reclusos al Centro de Coordinación Policial del municipio Cocorote para resguardar su integridad física.
Los familiares de los reclusos piden que no haya represalias por las denuncias contra los funcionarios policiales.
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