Veinte familias tienen 18 meses esperando algún tipo de información que les indique el paradero de los 32 falconianos que salieron de manera ilegal el 7 de junio de 2019 desde la población de Agüide, en el municipio Píritu, a bordo de una embarcación con destino a la isla de Curazao en busca de una mejor calidad de vida.
Jhonny Romero, padre de uno de los desaparecidos —Jesús Romero Palacios, joven de 27 años— y coordinador del Comité Nacional de Familias Víctimas de Desapariciones y Trata en costas venezolanas (CoFaVic Maydey), indicó este lunes 14 de diciembre a El Pitazo que la información en 18 meses ha sido nula. Aun cuando han sido constantes las exigencias ante el Ministerio Público y las organizaciones de DD. HH. para que continúe la búsqueda de los falconianos por mar, aire y tierra, los resultados no han sido los esperados.
«En Falcón están dos de los cinco casos de desaparecidos en el mar durante los años 2019-2020, que contabilizan 113 personas desaparecidas, y la única tesis que los familiares sostenemos es que en el caso de La Vela las 32 personas que no aparecen fueron secuestradas y están en manos de grupos organizados que se dedican al tráfico y trata de personas», dijo.
Los falconianos —2 adolescentes, 10 mujeres y 21 hombres— pagaron entre 500 y 600 dólares para viajar de manera ilegal hasta la isla de Curazao el 7 de junio. Tres días después, el 10 de junio, el cuerpo de Elio Rafael Ramones fue encontrado en aguas curazoleñas, por lo que los familiares presumen que pudo haber una simulación de hundimiento que no funcionó, debido a que nunca aparecieron más cuerpos en el mar.
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A raíz de las desapariciones de las embarcaciones en Falcón (La Vela y Tiraya), hay dos personas detenidas, pero ocho diferimientos de audiencias preliminares han retrasado el proceso judicial. Las acciones emprendidas desde hace varios meses por los familiares de las personas que desaparecieron en alta mar desde La Vela, municipio Colina, y Tiraya, municipio Falcón, han desembocado en la conformación de una comisión especial por parte de la Fiscalía Superior con competencia en Derechos Humanos, que inició la investigación de los casos de desaparición de las embarcaciones en las que viajan falconianos con destino hacia Aruba y Curazao.
Aun cuando el informe sobre la Violación de Derechos Humanos de la ONU, que presentó Michelle Bachelet en meses pasados, no incluye el caso específico de estas desapariciones, Romero declaró que las acciones emprendidas con el respaldo de la iglesia falconiana y de otras organizaciones dieron la posibilidad de visibilizar el problema de las desapariciones de migrantes en el país y su utilización por redes de trata de personas.
Las indagaciones realizadas por los familiares que aún buscan a sus hijos, hermanos y tíos, dan cuenta de la negativa, hasta ahora, de Interpol y otros organismos en cuanto a la posibilidad de que los desaparecidos pudieran encontrarse en alguna otra isla del Caribe, informó Jhonny Romero, padre de uno de los desaparecidos de este viaje clandestino.
En septiembre de 2019, representantes de Acnur estuvieron en la población de El Yabo, municipio Colina, de donde proviene la mayoría de los desaparecidos en junio de ese año, con el fin de investigar este caso, así como estudiar la realización de un proyecto social en el sector, que registra la mayor cantidad de pérdidas y/o personas desaparecidas en las embarcaciones.
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La desinformación sigue siendo uno de los factores que mantienen en zozobra a los veleños, pues ya son 18 meses desde que vieron con vida por última vez a este grupo de falconianos, y aún hoy nadie sabe nada ni se ha obtenido una declaración oficial de lo que ocurrió ese día.
Los familiares manifestaron su preocupación con el caso, pues dijeron que las autoridades nacionales aún no se han pronunciado y las investigaciones se mantienen estancadas.
Jhonny Romero expresó que existen esperanzas y que esta ardua lucha que han mantenido por año y medio tiene una respuesta en la comisión encabezada por la Fiscalía Nacional de Derechos Humanos (DD. HH.) con la colaboración de investigadores de otros organismos de seguridad del país.
Sin embargo, cumplen mensualmente una agenda de protestas, reuniones y hasta capacitación que busca encontrar respuestas y apoyo, a pesar de la cuarentena por el COVID-19, y reciben lineamientos de organizaciones a favor de los DD. HH. para sumar más acciones, luego de su conformación como Comité Nacional de las víctimas de las Desapariciones Forzosas.
