La pandemia por el COVID-19, la norma de que los familiares de los presos no pueden introducir alimentos a los centros de reclusión, el hacinamiento y ausencia de salubridad en las celdas dejaron un saldo de ocho retenidos y penados muertos por enfermedades relacionadas con la tuberculosis, desnutrición e hipertensión este 2020 en Falcón.
Enfermedades como neumonía, tuberculosis, hipertensión y hasta patologías relacionadas con los riñones fueron causas probables de muerte para los reos en la entidad, que se agravaron por la dificultad para alimentarse, debido a que los mismos retenidos aseguraron que la ración de comida que les fue suministrada solo consistió, la mayoría de la veces, en un plato de arroz sin ningún tipo de proteína.
Además de las malas condiciones higiénicas, los familiares denunciaron durante la mayor parte del año, y a causa de la cuarentena por la pandemia, que la desnutrición, las diarreas y la tuberculosis enfermaron y mataron a la población carcelaria durante el año que recién culmina.
«No nos dejan pasar paquetería, no tenemos útiles personales, todos los días se llevan a uno en grave estado para el hospital porque aquí no hay nada; en el servicio médico no hay medicinas ni asistencia, tampoco tenemos visitas y la ministra no quiere soltar a nadie. Hay mucha gente con la pena cumplida y no le dan libertad; esto cada día va más peor», dijo un reo que no quiso identificarse por razones obvias.
Registros de Gerardo Morón, periodista que cubre sucesos en Falcón, indican que en 2020 han fallecido ocho presos por tuberculosis y problemas relacionados con los riñones, desnutrición e hipertensión, entre ellos un narcotraficante oriundo de las Islas Vírgenes.
Sus nombres: Antonio Murillo (43), muerto el 27 de mayo; Marcial López Quiñones (66), fallecido el 11 de junio; Euro Benavides León (62), el 23 de junio y Joseph Luke Royer (73), el 28 de junio. En julio los decesos por enfermedad fueron José Gregorio Garrillo Molleda (29), el 22; y Elvis Ventura Túñez Bravo (37) el 23 de julio.
El 24 de agosto se conoció el deceso de Oscar Stell Romero Palomino (33), y el último el 29 de septiembre, Deivis Segundo García Ramírez (35), conocido como Burrero, quienes murieron por tuberculosis, crisis hipertensivas o simplemente de desnutrición en las celdas de las salas de retención policial en la entidad falconiana.
Sus familiares denunciaron que los reclusos —más aún los penados— viven el abandono gubernamental en medio de la pandemia por COVID-19, sin que se conozcan cifras reales —al menos en Falcón— de muertes que se puedan contabilizar.
La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, capítulo Falcón, señaló en un informe publicado en el mes de septiembre que cerca del 80% de los reclusos en las salas de detención en Falcón padecían de tuberculosis. El hacinamiento era notorio en los 18 centros de detención preventiva de los organismos Polifalcón, Policarirubana, Polimiranda, GNB, PNB, Desur, Cicpc, distribuidos en Coro, Punto Fijo, Tucacas y Tocuyo de la Costa, donde también existen casos de escabiosis y pediculosis (piojos).
Esta organización alertó que en 2020 habrían fallecido entre seis y siete presos, cinco de ellos por tuberculosis y problemas relacionados con los riñones, desnutrición e hipertensión. Entre ellos estuvo un narcotraficante oriundo de las Islas Vírgenes, lo que recientemente fue reconocido por el comandante de Polifalcón, GB Miguel Morales Miranda.
Al finalizar el año, el número total de fallecidos por enfermedades asociadas a la tuberculosis y la hipertensión es de ocho.
Desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus, en el mes de marzo, fueron suspendidas las visitas de familiares, primera fuente de alimentos par los detenidos; se suponía que la medida era para tratar de proteger a la población penal, pero para muchos reos ha significado una condena al abandono.
Se puso en práctica una nueva modalidad: la entrega de alimentos una vez que estos hubieran pasado por dos filtros: el primero contentivo, al ingreso a la sala de retención y el segundo, la permanencia de la comida una hora bajo el sol para que el calor, que supera los 38 grados bajo sombra, lograra eliminar cualquier virus.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció a finales de mayo un presunto brote de tuberculosis en algunas cárceles del país, lo que en los meses sucesivos ha ido expandiéndose en la mayoría de los centros carcelarios.
Falcón no ha sido la excepción y las denuncias de los familiares fueron documentadas por la ONG Una Ventana a la Libertad, quienes, a pesar de no contar con números exactos por parte de la oficialidad, reconocieron que el hacinamiento está haciendo mella en la salud de los penados.
En los 18 centros de detención preventiva que se encuentran en Falcón, los que más hacinamiento presentan son los ubicados en Carirubana, Coro y Tucacas, donde abundan además escabiosis y enfermos de hipertensión arterial, cuyos familiares no conocen su estado de salud después de cinco meses de cuarentena, dado que además fueron restringidos los mensajes enviados en papelitos, y los alimentos deben pasarlos en bolsas.
Cifras publicadas por Una Ventana a la Libertad describen cómo el hacinamiento en los centros de detención policial fomenta en gran medida los casos de tuberculosis, debido a que los reclusos se encuentran unos sobre otros; de allí que Polifalcón tenga una población hacinada de 341 reos en Punto Fijo, 269 en Coro, 100 en Tocuyo de la Costa y 40 en Tucacas, mientras que la PNB alberga 106; Policarirubana, 132; Cicpc Tucacas, 75; GNB Punto Fijo, 45; GNB Dabajuro, 29; y GNB Tucacas, 14.
La paralización de los procesos judiciales en los tribunales penales del país a consecuencia de las medidas de cuarentena agravó la situación de hacinamiento en aquellas instancias policiales que cuentan con calabozos para detenciones preventivas, lo que obligó a instalar tribunales el pasado 28 de diciembre con el fin de agilizar 61 causas penales para descongestionar los centros de retención en Falcón, donde los riesgos para la salud personal de los recluidos son altos, además de los riesgos de fuga.
Este universo penitenciario —más de mil reclusos en el país— ha sido favorecido con libertades durante la cuarentena. En Falcón, sin juicios, violando el estado de derecho, sin participar a los tribunales, con el solo interés de tratar de descongestionar la Comunidad Penitenciaria de Coro (Copeco) que alberga actualmente a 965 presos, se ofrecieron 160 libertades por la pandemia del COVID-19.
Se está a la espera de que culmine la cuarentena para trasladar a 85 penados que se encuentran en las celdas de centros de detención preventiva en la comandancia de Polifalcón, según lo informó el director del penal, Álvaro Graham.
Sin embargo, los reclusos han denunciado a través de sus familiares que los están matando lentamente de hambre y enfermedades de todo tipo, entre las que están la neumonía y la tuberculosis.
Por esa razón, así como por las malas condiciones higiénicas, dicen que están muriendo de desnutrición y diarreas, mientras que Graham admitió que 272 penados están con bajo peso, por lo que estarían recibiendo doble ración de alimentos.
En Falcón, las familias de muchos reclusos enfermos han solicitado durante todo el 2020 de manera pública atención médica para los enfermos y no jornadas de despistaje de COVID-19, que asumen también como necesarias, pero no pertinentes a los casos por desnutrición o tuberculosis.
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