La directiva de la Cámara Industrial, Comercial y Agrícola del estado Falcón (Cicaf), presidida por el empresario Antonio Molina, denunció este viernes que la municipalidad está practicando cobros excesivos de impuestos a los comerciantes en tiempos de recesión económica por la pandemia del COVID-19 y el Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau) cerrando locales por moratoria de pago del servicio, basándose en una ordenanza modificada que nunca fue consultada.
Así lo manifestó Antonio Molina, quien como presidente del gremio comercial en la región señaló que la situación irregular que están enfrentando con el IMAU en Coro, debido a que se están realizando procedimientos administrativos que no están ajustados al debido proceso, gozan según el criterio del sector productivo de inconsistencia jurídica y violan los derechos de los comerciantes que hacen vida en la ciudad capital del estado Falcón.
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“No defendemos la moratoria en los pagos que puedan tener algunos comerciantes, pero sí defendemos el derecho que tienen los mismos de evitar ser atropellados hasta el punto de ver como un instituto que no tiene tal competencia cierra establecimientos sin respetar la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV), expuso Molina.
Argumentando que la actividad económica en el país está pasando por un serio bache debido a la crisis política y a la pandemia del coronavirus, Molina apuntó que han sostenido encuentros con la autoridad municipal, Pablo Acosta y con el director del IMAU, sin que se haya alcanzando algún tipo de acuerdo, por lo que refirió la intención del gremio de acudir a otras instancias jurídicas para resolver lo que consideró una arbitrariedad.
Alegó que hasta hace una semana el sector comercial en el municipio Miranda desconocía los cambios en la ordenanza municipal de recolección de desechos sólidos, y menos que está fue aprobada por el concejo municipal sin el debido debate jurídico, por lo que Molina solicitó sea analizada por abogados en la materia tributaria.
“No puede un prestador de servicio como Cantv, Hidrofalcón o Corpoelec cerrar un establecimiento hasta por 72 horas por moratoria de pagos, tampoco puede hacerlo el IMAU. Es un error que será combatido legalmente, sentenció el presidente de Cicaf.
Otras consideraciones
A pesar de este desencuentro con la municipalidad la directiva de Cicaf manifestó que aun están en la mesa de acuerdos con la alcaldía de Miranda la propuesta de decreto de exoneración del 50% de los impuestos correspondientes a catastro e ingeniería municipal al igual que lo tiene el municipio Carirubana.
Víctor Nercio, primer vicepresidente de Cicaf y secretario ejecutivo de Fedecámaras Falcón, dijo que el acuerdo desarrollado con las autoridades municipales en el tema de los tributos, tasas y contribuciones para el empresariado ha sido una lucha que comenzó con el acuerdo de armonización tributaria refrendado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y que en algunos municipios resultó bastante oneroso para economías deprimidas en medio de la pandemia.
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Explicó Nercio que se le solicitó al alcalde de Coro, Pablo Acosta, establecer un 100% de exoneración por un periodo determinado y de acuerdo a unas condiciones, el pago de impuestos de actividades económicas al sector turismo y prestadores de servicios turísticos, mediante un decreto que deberá ser aprobado para su ejecución el lunes 7 de junio.
