Falcón | Asociación de Ecologistas demandará al Estado venezolano por ecocidio en Morrocoy

Con el propósito de exigir justicia ambiental, la Asociación de Ecologistas para la Preservación del Ambiente (AEPA) en el estado Falcón, informó que demandará al Estado venezolano por el ecocidio en el parque nacional Morrocoy, a un mes del derrame de petróleo que afectó el hábitat marítimo costero falconiano, de allí que esté promoviendo la iniciativa de la Declaración de Morrocoy que espera sea suscrito por activistas, científicos y organizaciones ambientales locales y externas.

La información la ofreció el coordinador internacional de AEPA, Henderson Colina, quien explicó a El Pitazo que la Declaración de Morrocoy es un documento redactado por la  asociación falconiana para la preservación del ambiente, para instar a las diversas convenciones de Humedales, de Diversidad Biológica, Cambio Climático, de la Lucha contra la Desertificación, la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con sede en Suiza, para instaurar un protocolo de acción legal que permita establecer responsabilidades ambientales y penales, en lo que Colina consideró: la tragedia de Morrocoy.

Colina expresó que a las organizaciones ambientales a nivel mundial les preocupa el silencio de las autoridades administrativas venezolanas Inparques, Minec, INEA, Pdvsa, y el que no haya certeza de lo que está pasando dentro de Morrocoy debido al hermetismo en cuanto a la información, y la prohibición que existe para que un equipo especializado con más de 30 años de experiencia en el área ambiental colabore a cuantificar los daños y el periodo de recuperación de este ecosistema marino, para visibilizar y crear una agenda  en torno a la pregunta: ¿Qué nos toca hacer?, apuntó el especialista en desarrollo sustentable.

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La Declaración de Morrocoy, emitida el pasado 28 de agosto, describió que el ecosistema manglar es guardián de las formas de vida ancestral que protege la biodiversidad, defensores del territorio de las primeras tribus en el país, reflejados en las aves, mangles, peces, moluscos y todo aquello que alberga nuestros espacios, por lo que resulta inaceptable el silencio cómplice e inacción ante la destrucción de nuestros ecosistemas como Patrimonio Ecológico de La Humanidad, expone el documento.

Continua el escrito que los humedales de Venezuela son fuente de vida, cultura y alimentación, y que están siendo destruidos por un modelo desarrollista equivocado, que ha sometido a la población a la pobreza extrema como mecanismo de dominación, violentando los más fundamentales derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados.

Esta declaración resalta que Venezuela atraviesa una crisis ambiental sin precedentes, y que la deuda ecológica y social generada durante décadas por el errado arraigo a la Industria de Hidrocarburos se ha incrementado ante la falta de política, tecnologías y gerencia institucional en Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), conllevado a serios impactos al ecosistema, las formas de vida asociadas a estos espacios y contribuyendo a la actual crisis climática global.

Atribuyen la responsabilidad del derrame, ocurrido desde finales de julio y denunciado por las organizaciones ambientalistas el 1 de agosto, a los múltiples derrames de crudo originados en instalaciones del Complejo Refinador El Palito, lo que afectó a una amplia extensión de humedales marino-costeros del Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, humedal de importancia internacional RAMSAR Nro. 414.

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Considera el documento emitido por AEPA Falcón que todo lo descrito representa una sistemática violación a la normativa internacional y los Derechos Humanos (DD.HH) de los pueblos, a los que se suman los impactos ambientales denunciados por asociaciones comunitarias y pescadores artesanales sobre el tendido eléctrico que atraviesa El Refugio de Fauna de Cuare Sitio Ramsar Nro. 414 y la construcción de un canal de navegación de 1,5 kilómetros por parte de la empresa Hotelera Lake Blue en el cual se ha talado manglar, alterando el régimen hídrico del humedal.

Es así, que instan a los organismos internacionales y agencias de cooperación, para que se apoye a las organizaciones comunitarias, ambientalistas y científicas, facilitando el acceso a la cooperación y asistencia técnica para la recuperación de las áreas afectadas y ayuda humanitaria.

Solicitan al gobierno de Nicolás Maduro que respete la Carta Magna y la legislación ambiental del país, que cumpla con el compromiso del Estado para la protección del ambiente, y exhortan al sistema de Convenciones Internacionales para la Protección de La Naturaleza y Acciones referidas al Cambio Climático y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), para que se pronuncien y actúen atendiendo al marco jurídico global, en garantía de la protección de la diversidad biológica y los derechos humanos en Venezuela.

Henderson Colina, manifestó que ante todo lo expuesto en la declaración el problema debe visibilizarse y tiene que haber a su juicio-, la aplicación de la ley a nivel nacional e internacional, tomando en cuenta que los funcionarios que estaban o siguen en sus cargos de las instituciones del Estado, Inparques, Ministerio de Ecosocialismo (Minec), Pdvsa, y el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) tienen responsabilidad directa, por lo que las sanciones y procesos legales podrían ser unipersonales y no solo a las instituciones.