Barquisimeto.- El Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) en el estado Lara denunció que una de las 17 enfermeras del Hospital Juan Daza Pereyra de Barquisimeto con expedientes administrativos abiertos desde noviembre de 2018, por reclamar aumentos de sueldos y dotación de insumos en las calles, fue destituida por órdenes de la directiva del centro de salud.
Esther García, con cuatro años de servicio en el Hospital Juan Daza Pereyra, recibió una notificación de despido por ausencias injustificadas a mediados de julio. Según el secretario general del sindicato, Alberto Domínguez, se trata de una represalia por protestar por reivindicaciones salariales. “Pudieran botarlas a todas, pero no hay personal calificado para ocupar los cargos vacantes. Para la directiva es un triunfo dejar en la calle a una enfermera”, reclamó.
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García es asistida por Movimiento Vinotinto, ONG dedicada a la defensa de derechos humanos. Solicitará en la Inspectoría del Trabajo y la Defensoría del Pueblo la revisión del caso. Domínguez anunció que enviarán el alerta a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Hace una semana sostuvimos una reunión con la Comisión de Encuestas de la OIT por su más reciente visita al país para investigar las violaciones de derechos laborales”, comentó.
El vocero señaló que la directiva regional del Ivss comienza a materializar las amenazas de despido contra el personal que ha ventilado las deficiencias de los tres centros de salud ubicados en Lara: el Hospital Pastor Oropeza, el Hospital Juan Daza Pereyra y el Ambulatorio Rafael Vicente Andrade. “Este es es el primer despido en el Hospital Juan Daza Pereyra, pero ya hemos registrado casos de persecución en el centro; hay seis trabajadores con salarios suspendidos y un médico jubilado por anticipado”, advirtió.
En el Hospital Pastor Oropeza dos médicos adjuntos de los servicios de cirugía e imágenes también recibieron la jubilación adelantada luego de rendir declaraciones a la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) que estuvo en Barquisimeto entre el 15 y 17 de marzo.
En el Ambulatorio Rafael Vicente Andrade hay 15 enfermeras que han intentado consignar una denuncia por violencia de género de parte del director del centro, pero en la Fiscalía Superior del estado Lara y otros despachos del Ministerio Público no les han recibido el documento.
Movimiento Vinotinto contabilizó 57 casos de persecución política en organismos públicos del estado Lara durante 2018 y la cifra va en aumento este año. El Ivss concentra el mayor número de casos.
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