Barquisimeto.- En el estado Lara quedan 51 hombres y dos mujeres detenidos en el contexto de las manifestaciones y suman entre 57 y 170 días presos en comandos de la Guardia Nacional.
El Tribunal de Control número 7, con la causa de la mayor parte de los detenidos, no despachó por tres días consecutivos y los familiares están desgastados conforme reclaman la libertad de sus seres queridos, hacinados en celdas y containers con presos comunes. Solo tienen permitida una visita a la semana de apenas 15 minutos de duración.
El coordinador del Foro Penal capítulo Lara, Abraham Cantillo, declaró que siguen sin fijar la fecha de audiencia preliminar a 48 de los detenidos en las protestas registradas en Barquisimeto el 30 de abril y 1° de mayo, aunque ya se agotaron los plazos previstos en la ley. La fecha debió interponerse entre 15 y 20 días después de las acusaciones.
El abogado señaló que la defensa no ha tenido acceso a los expedientes, sujetos a modificaciones de último momento.
“Nos hemos enterado por las minutas del sistema Iuris que las acusaciones tienen una corrección o han subsanado. No las conocemos, no sabemos que hay dentro de ellas. Esperamos que sea para beneficiarlos, según los lineamientos del derecho procesal penal”, indicó.
Cantillo reiteró la inocencia de estas personas implicadas en la quema del Consejo Municipal de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (Cmpnnai) porque fueron emboscadas por militares horas antes de los sucesos. “No cometieron los hechos de los cuales se les inculpa”, añadió.
El defensor de derechos humanos contó que algunos detenidos han enfermado y perdido peso en los calabozos.
Jesús Franco Rojas, de 24 años, ya presenta signos de alarma. El muchacho tiene problemas cognitivos y suele despertar en la celda sin saber dónde se encuentra. “Sino tiene la libertad pronto, se agravará”, advirtió.
De los 53 detenidos en Lara, solo cuatro tienen fecha de audiencia confirmada para el 10 de julio. Se trata de los jóvenes aprehendidos en la marcha del Día de Trabajador realizada en Quíbor, municipio Jiménez.
Cantillo se refirió al caso de Aydismar Figueroa, la veinteañera llevada por funcionarios de la Guardia Nacional de una cancha ubicada a pocas cuadras del Comando Regional número 4, en el oeste de Barquisimeto, el 27 de enero. Para el abogado, Figueroa “está en un limbo jurídico”.
“Está privada ilegítimamente de libertad desde hace 170 días. El Tribunal Segundo tiene el expediente, pero la ponencia le corresponde a otro. Aparentemente hay un error material, no lo sabemos”, dijo.
El representante del Foro Penal subrayó que a Figueroa le corresponde la libertad porque se agotaron los lapsos de acusaciones.
Por otra parte, también se pronunció por el arresto del médico Daniel Yépez, quien trabaja en el Hospital Egidio Montesinos de El Tocuyo y fue llevado esposado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del centro asistencial el 25 de junio.
“Ya nosotros consideramos que allí podría haber una situación irregular”, comentó sobre el caso del médico arrestado por segunda vez por denunciar la escasez de insumos para atender a los pacientes en el Hospital Egidio Montesinos.
En las últimas semanas, el número de detenidos en el contexto de las manifestaciones se redujo de 65 a 53 tras la liberación de 12 habitantes de El Tocuyo y Carora.
“Ratifico el criterio que tiene nuestra organización en cuanto a la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidos, Michelle Bachelet. Tenemos la visión de que el informe técnico que será presentado el 5 de julio va a determinar las violaciones de derechos humanos”, agregó Cantillo tras la visita de Bachelet a Venezuela.
Calificó de positiva la instalación de una comisión de derechos humanos de la ONU en el país.
Para el abogado, el pronunciamiento de Bachelet al cierre de su visita fue breve y diplomático. Pero aspira que en el informe se refleje el acercamiento directo que tuvo Bachelet con las víctimas.
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