Barquisimeto.- El viernes 19 de junio, la directiva del Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Iribarren (PMI) rompieron los candados y santamarías de los galpones de Comercial Rodper y Comercial Ladino para practicar un desalojo sin orden judicial.
Los propietarios de ambos establecimientos forman parte del grupo de 200 arrendatarios que interpusieron una demanda contra la directiva de Mercabar a comienzos de 2018 por el aumento de 60.000% en los alquileres. Desde entonces, son blanco de persecución, sanciones, amenazas y operaciones tipo comando.
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Tras la última arremetida, los comerciantes pernoctaron en las instalaciones para evitar que les incauten la mercancía. El abogado Gerardo Carrillo, defensor de los comerciantes, declaró a El Pitazo que se trató de un procedimiento ilegal porque los tribunales están cerrados y el juicio sigue en curso.
“Lo hicieron en medio de un apagón y en horas de la noche fuera del horario laboral. Como ya ha pasado, funcionarios de la Guardia Nacional agredieron a quienes se apersonaron en el lugar y los mantuvieron retenidos. Se teme por la integridad de los comerciantes que debieron retomar las vigilias por temor a que les quiten la mercancía”, indicó.
Durante la cuarentena, la directiva de Mercabar –principal centro de distribución de alimentos del occidente del país ubicado en Lara– ya ha clausurado tres galpones bajo la custodia de cuerpos de seguridad y colectivos. El 1° de junio fueron detenidas por más de 24 horas las comerciantes Estela Guédez y Yanin Guédez en un comando militar para obligarlas a firmar el documento de entrega del local.
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