La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentó este 16 de julio su informe mensual que recoge, en esta ocasión, los hechos de junio 2020.
En este documento, la Comisión refiere que “la emergencia sanitaria por la pandemia se agudiza en el Zulia entre la deficiencia de servicios hospitalarios y desprotección del personal de salud”.
La organización apunta que en el tercer mes de la cuarentena decretada lo que más hubo fue denuncias por “la incertidumbre sobre la capacidad del sistema público nacional de salud para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19”.
En el informe se advierte que la crisis del sistema público de salud se agudiza por la proliferación de los casos de COVID-9 y de las otras patologías. “En medio de esta crisis los más afectados son las personas enfermas y el personal sanitario”.
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En un apartado del documento de Codhez se destaca lo que califica como deficiencia de los servicios hospitalarios.
Explica cómo Zulia estaba en junio en el segundo lugar en número de contagios por COVID-19. De acuerdo con las cifras oficiales por debajo del estado Apure, aunque ya en julio está en el número uno del país.
Sobre la decisión del Gobierno de optar por el Hospital Universitario como centinela para atender los casos de contagio, el documento de la Comisión refiere que “si bien es el centro médico más grande de la región occidental, en la actualidad presenta déficit de personal de salud y en el número de camas necesarias”.
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Señala la organización que en ese centro asistencial falta el agua y el Colegio de Médicos del estado Zulia declaró que solo dispone de 14 camas operativas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, de acuerdo con información de trabajadores: “Cuenta con 12 ventiladores respiratorios”.
Sobre los fallecimientos, cuenta las denuncias de familiares y de personas recluidas en el Hospital Universitario. “A principios de mes (junio) ocurrió el fallecimiento de una persona, cuyo cuerpo permaneció por horas postrado en una cama. Para el levantamiento de los fallecidos debe utilizarse un traje especial de protección NBQ, y en casos como este, el levantamiento tardío de los fallecidos se debe al retraso del envío de estos trajes por parte de las autoridades competentes”.
En el documento se relata el caso de los pacientes que decidieron abandonar sin autorización el centro de salud, de las actas de defunción de personas con síntomas de COVID-19, pero que describen como muertes por neumonía o enfermedades respiratorias.
Codhez cierra el documento destacando los riesgos del personal de salud, de la vulnerabilidad ante la ausencia de controles y protocolos de protección indispensables.
Lo narrado por Codhez en el informe encuentra plena afirmación por la Junta Directiva del Colegio de Médicos, institución que en un comunicado del pasado 22 de junio solicitó alerta roja.
