La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) denunció este viernes, 18 de septiembre, que las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19 empeoró la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan en las zonas de Guajira y Perijá, en la región zuliana.
«Los pueblos y comunidades indígenas del Zulia presentan problemas a gran escala que requieren soluciones de fondo y de sostenido alcance en el tiempo, no respuestas inoportunas y coyunturales, indicó la comisión en un informe.
La Codhez indicó de igual forma: «La permanente escasez de alimentos, así como la reiterada ineficiencia en la prestación de servicios básicos, en particular de agua potable y electricidad, convierten a estos pueblos en comunidades marginadas y desoladas«.
La referida comisión precisó que 80% del sector laboral y comercial se paralizó en la Guajira a partir del segundo trimestre de 2020 como consecuencia de las medidas anunciadas por los gobiernos venezolano y colombiano con motivo de la pandemia.
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Una de las preocupaciones de la organización es la inseguridad alimentaria que hay en el municipio: «Ha sido una problemática sostenida en el tiempo, pues tanto la accesibilidad como la disponibilidad de los alimentos necesarios para la nutrición de estos pueblos no han sido garantizadas por el Estado venezolano».
En el documento, la comisión aseguró que la mayoría de los habitantes de Guajira debe trasladarse hasta Colombia para adquirir los pocos alimentos que pueden. «Se ha denunciado que para llegar a otras zonas se debe recorrer hasta 12 kilómetros en bicicleta, o en el peor de los casos, caminar para adquirir tan solo 3 artículos con bonos proveídos por el gobierno, dado que la mayoría depende de la economía informal y las medidas de confinamiento han afectado sus ingresos y dependen de la ayuda gubernamental para subsistir», explicó Codhez.
Agregó el informe que en agosto se reportaron altos índices de desnutrición en niños de Guajira y que algunas familias caminan hasta 20 kilómetros para pedir pescado y así contar con un plato de comida al día.
Resaltó el texto que a la situación económica se le suma la precaria situación de los servicios públicos, sobre todo el eléctrico. Se recordó que al menos 50.000 personas de 80 comunidades de Paraguaipoa quedaron sin electricidad por 180 horas, después de que el 19 de agosto se cayeron 5 postes de electricidad por las lluvias. «Las autoridades manifestaron no contar ni con las herramientas ni el combustible necesario para trasladarse a atender las averías; varios habitantes debieron organizarse para suministrar combustible a los camiones de Corpoelec», añadió la comisión.
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Con respecto al suministro de agua, Codhez denunció que siguen fallas en la distribución: «En abril, en pleno aumento de casos de COVID-19, los habitantes de la Guajira continuaban esperando por el servicio de agua corriente. Esta ausencia de agua potable impide la correcta preparación de los alimentos y han trascendido reportes de familias que solo pueden cocinar una comida al día por no contar con agua para su preparación».
En la zona de la sierra de Perijá, municipio Machiques, Codhez alertó sobre las dificultades de acceso a los poblados, la sequía, las inundaciones y la proliferación de enfermedades, presuntamente erradicadas, que «siguen ocasionando daños irreparables a las comunidades allí asentadas, ante la inacción e inercia estatal».
Insistió la organización en que el tema sanitario es uno de los principales problemas del pueblo yukpa, por la reaparición del paludismo que afecta al menos a 120 habitantes, entre hombres, mujeres y niños de la sierra de Perijá.
En el documento se indicó que la escasez de gasolina también pone en riesgo la salud del pueblo yukpa: «El 1° de mayo un niño mordido por una serpiente falleció por no contar con gasolina para trasladarlo oportunamente a un centro de salud, que queda a 6 horas de su comunidad, Santa Catalina. En junio se reportaron fallecimientos de personas yukpas por COVID-19».
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