Aquiles Leopoldo Lapadula Sira es general de división del Ejército y está detenido. El Ministerio Publico lo acusa de presuntamente adulterar evidencias que lo incriminarían con cárteles del narcotráfico en el estado Zulia | Foto: cortesía Aporrea
Aquiles Leopoldo Lapadula Sira es general de división del Ejército. Estuvo un mes y medio al frente de la Zona de Defensa Integral en Zulia. Salió del cargo el 11 de septiembre tras estar presuntamente involucrado con las mafias del narcotráfico. Antes, estuvo al frente de la Brigada 12 de Ejército, en el municipio Machiques.
El general Lapadula Sira está detenido desde septiembre. Lo imputaron por la presunta comisión de los delitos de cooperador inmediato para el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con circunstancias agravantes, obstrucción de la administración de justicia y asociación. Según el Ministerio Público, el militar se valió de sus cargos para beneficiar al narcotráfico.
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La detención del funcionario ocurrió días después de que autorizara el transporte de 33.440 litros de ácido sulfúrico que serían usados para el narcotráfico. La detención de la carga se hizo el 7 de septiembre en la carretera Machiques-Colón por efectivos de la Guardia Nacional.
El conductor del vehículo de carga pesada mostró en el punto de control de Aricuaizá una documentación suscrita por el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral No. 11 Zulia, general de división Aquiles Lapadula Sira, quien lo autorizaba a transportar presunto material estratégico de alimentos y medicinas; pero al revisar encontraron 152 envases plásticos con capacidad de 220 litros de ácido sulfúrico cada uno.
La detención e imputación del general por nexos con mafias del narcotráfico se confirmó este fin de semana, luego de que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó radicar el caso en Caracas tras la solicitud del Ministerio Público y en su sentencia ofreció detalles del caso.
El Ministerio Público asegura además —según reseña la sentencia— que Lapadula Sira ordenó en abril de este año a funcionarios militares incinerar una avioneta incautada en una pista clandestina en el municipio La Villa del Rosario, que además contenía otras evidencias de una operación en la que se decomisaron también 500 kilos de cocaína de alta pureza, teléfonos satelitales, equipos de navegación satelital.
«Era evidencia fundamental para el Ministerio Público, en virtud de que las actas policiales establecen que fue dentro de la misma donde se encontró gran parte de la evidencia objeto de la presente investigación penal, lo que indiscutiblemente atenta en contra de la correcta administración de justicia», indica la Fiscalía, según reseña la sentencia del TSJ.
De acuerdo con las experticias de llamadas hechas por la Fiscalía, se determinó que Lapadula Sira mantenía contacto telefónico con personas investigadas e imputadas por delitos relacionados con el narcotráfico en todo el estado Zulia.
«El general Aquiles Lapadula tenía (sic) varios contactos telefónicos con cada una de estas personas, incluso con demás casos a nivel estadal y nacional relacionados todos con el delito del Tráfico (sic) Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en grado de Cooperador Inmediato. (…) Hubo un concierto previo para delinquir entre el General Lapadula y las personas pertenecientes a estos grupos irregulares que hacen vida a lo largo y ancho de nuestra frontera», se reseña en la sentencia.
A Lapadula Sira lo acusan de ser quien promovió la destrucción de una decena de pistas clandestinas en el estado Zulia, denominadas rutas aéreas, destinadas al transporte de narcóticos hacia las islas del Caribe. Con más énfasis, dicho transporte aéreo salía o llegaba al municipio Jesús María Semprum, en el estado Zulia. En la zona presuntamente borró evidencias de sus nexos con el negocio de la droga. Eso lo indagan.
El general fue designado para ejecutar la Operación Centinela en 2018 y liderizó la encarcelación de productores y presuntos colaboradores de la guerrilla en Encontrados y El Guayabo, municipio Catatumbo, así como en Casigua El Cubo, El Cruce y poblados del eje limítrofe con Colombia del municipio Semprum.
Su comando de operaciones era el batallón del Ejército 123 Caribes Celedonio Sánchez. Allí se instalaba e impedía que representantes de la prensa o familiares de las víctimas que él ordenaba retener accedieran a constatar información sobre los casos, o sobre las torturas que se ejercían sobre ellos para que se declararan culpables. Fue esa la manera como marcó distancia con las mafias del narcotráfico y otros ilícitos.
Uno de los detenidos por el general fue Gustavo Guaiteros, miembro de la asociación de productores de El Guayabo. Lo detuvo porque su finca está ubicada en Caño El Medio, una zona en disputa por guerrilleros y paramilitares.
La manera de detener a civiles presuntamente vinculados con fuerzas subversivas llamaba la atención. Según productores, Lapadula enviaba soldados a detener a quienes tenían bajo sospecha. Los perseguían y les imputaban cargos de ultraje al centinela con la venia de un tribunal militar que se instaló en Machiques para perseguir a los colaboradores de la producción y procesamiento de pasta base para cocaína, entre otras materias.
Según informantes en la zona Sur del Lago, el general que hoy es señalado de corrupción se ganó enemigos dentro de las filas de la Fuerza Armada por actuar en contra del ELN, una organización que tiene nexos con el gobernante Nicolás Maduro.
Allanó viviendas en Casigua El Cubo cuando supo que parte de los materiales sustraídos de la planta eléctrica permanecían en casa de un hombre dedicado a reparar electrodomésticos. El implicado huyó y Lapadula detuvo a un familiar del hombre por “complicidad”.
En varias oportunidades, el general lideró operativos que terminaron en enfrentamientos con las fuerzas irregulares que operan en el Sur del Lago. En una de las balaceras cayó asesinado el teniente Roberto Carlos Ulpín González. Desde esa fecha Lapadula Sira recibió refuerzos y trató de replegar a la guerrilla.
Al general lo señalan de tener “cierto poder” en Perijá y Sur del Lago. Cuando los alcaldes no daban la cara a los pobladores era él quien acudía a las protestas de reclamo de los servicios públicos. El haber encarcelado y asesinado a varios hombres de las filas del ELN, la guerrilla o las mafias, apuntan fuentes, le valió la oportunidad de comandar la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) en Zulia, cargo que ocupó hasta septiembre de 2019.
Equipo de corresponsales Zulia
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