Sur del Lago.- La tarde del martes 22 enero funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), base San Carlos, detuvieron al registrador mercantil en la zona Sur del Lago, Luis Chacín y otros ocho trabajadores por una denuncia emanada de la dirección nacional del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
Los nueve implicados están detenidos en la sede de la instancia detectivesca, hasta tanto se aclare su participación en el presunto cobro de trámites por documentos notariados y registrados, cuya práctica estarían efectuando desde hace algunos meses, según reveló la policía científica.
La información la confirmaron fuentes del Cicpc, al referir que luego de recibir la denuncia formal por parte de Carlos Luis Sánchez, inspector general del Saren, acudieron a las instalaciones del registro ubicado en el tramo San Carlos de la avenida Bolívar en el municipio Colón. Allí levantaron evidencias que, al parecer, comprometen a los servidores públicos.
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De acuerdo al supervisor de investigaciones del Cicpc en el Sur del Lago, José Rivas, además de Luis Chacín, de 71 años, y quien regía como registrador subalterno mercantil, fueron detenidos: Gilberto Delgado Useche (51), jefe de archivo; Argenis García Cobo (33), abogado revisor; Wilfredo Arenas (47), mensajero; Rosa Delgado, jefa de servicio; Mareidy Bracho (38), administradora; Thais Carolina Ovalles Novoa (31), Jenny Salon (54), Eliana Urdaneta (33), Danelis Delmar (41) y Yanirka Bracho (33), éstos últimos cinco escribientes.
Según la investigación en curso los detenidos se encargaban de agilizar documentos. A cambio pedían a sus “clientes” depositar cuantiosas sumas de dinero para poder otorgarles los trámites que tienen un costo estipulado en el Saren.
También El Pitazo confirmó que la Fiscalía décima sexta del Ministerio Público fue notificada de la aprehensión. Los afectados no pudieron aportar su versión ante la prensa, al tiempo que familiares se mostraron herméticos ante la detención.
De acuerdo al parte ofrecido por Rivas, los servidores públicos son investigados por delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción. El registro subalterno tiene competencia en los municipios Colón, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar y Jesús María Semprum.
Entre las evidencias incautadas a los funcionarios, según Rivas, enumeró nueve teléfonos celulares, una computadora, documentos de compra-venta, un sello húmedo y 11 credenciales.
El registro está intervenido y se espera una comisión mixta procedente desde Caracas y Maracaibo para establecer las responsabilidades administrativas y designar nuevos funcionarios y jefes la instancia dependiente del estado venezolano.
