El conflicto se mantiene en el predio San Camilo a la espera de una comisión del Inti. | Foto: Archivo
Pueblo Nuevo El Chivo.- Los campesinos que afirman tener una adjudicación emanada del Instituto Nacional de Tierras (Inti) en Caracas y con el aval político del Ministerio de Pueblos Indígenas, que preside Aloha Núñez, indicaron que sus espacios fueron invadidos por otra cooperativa.
Afirman que el conflicto en el predio San Camino, ubicado en las cercanías de un puente rojo que conduce hacia el poblado La Burra Mocha, en el municipio Francisco Javier Pulgar, inició hace dos semanas. Desde entonces, comenzaron los enfrentamientos. Las acusaciones, en principio, fueron verbales, pero la situación se salió de control y hubo una riña colectiva que dejó varios heridos.
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Anneris Flores, miembro de la cooperativa Fuerza Campesina Wayuu, indicó que el miércoles 27 de noviembre ocurrió otro evento en el que salieron a relucir machetes, piedras, palos y golpes entre el tumulto que disputa el lote de terreno. Allí hubo mujeres indígenas de la cooperativa que llevaron la peor parte.
«Nos golpearon con piedras, golpes y machetes. A varias de nosotras nos escupieron, fue una situación difícil. También quemaron lo poco que habíamos sembrado», indicó Flores, madre de dos niños, quien acudió ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), subdelegación San Carlos de Zulia, junto a otras cinco mujeres que fueron golpeadas y amenazadas de muerte. Allí en el organismo les realizó el exámen físico que avala su denuncia, a fin de soportar la investigación.
La mujer denunció a Julio César Martínez, líder del otro grupo al que calificó como invasores de oficio por, según la dama, adueñarse del predio donde sembrarían maíz y otros rubros. Dijo que también torturaron y secuestraron a otro hermano indígena llamado Darío.
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Afirmó que el caso ya está en manos de Aloha Núñez, ministra de los Pueblos Indígenas del gobierno de Nicolás Maduro y quien además encabeza el Movimiento Unido Indígena Unido de Venezuela (Miuven), organización política tambien afín al cuestionado gobierno, según lo han pronunciado más de 50 naciones en todo el mundo.
La Fuerza Campesina Wayuu integra 36 miembros que pasaron al fundo San Camilo, porque el predio que inicialmente les adjudicaron, en tiempo de lluvia se inunda por la creciente de los ríos y canales de la zona. Por el otro bando aseguran que son unas 120 personas.
El grupo de campesinos al que Flores pertenece aseguró que, además de armas blancas, poseen armas de fuego. «Esta es una situación política, los amparan personas del mismo Gobierno», remarca.
El viernes 29 de noviembre aseguraron que ya no sólo impiden que los cooperativistas avalados por el Inti-Caracas ingresen, sino que sacaron por la fuerza a los obreros que hacen vida en el otro lote de tierras que aún pertenece al dueño de las tierras.
«No los dejaron sacar ni las pertenencias, los echaron de allí apuntándoles y con amenazas», indicó Anneris.
Sobre estas denuncias, El Pitazo conversó con Luis Urbina, alcalde de la jurisdicción. Señaló haber enviado una comisión de la policía municipal para persuadir a que ambas partes no propiciaran más eventos de violencia.
Indicó que «este caso está en un proceso administrativo por parte de la Oficina Regional de Tierras (ORT), Sur del Lago, que preside Dustin Quiñónez. Esta instancia es la que evalúa si hubo o no una adjudicación y certifique lo concerniente a los deslindes», dijo Urbina.
Según el alcalde, su llamado ha sido a no cometer ningún acto de invasión que no esté avalado por la instancia que regula la tenencia de la tierra destinada a la actividad agrícola.
De hecho, mencionó que una comisión del Inti está próxima a constatar las denuncias y a precisar el destino del fundo en manos de cooperativistas que se disputan las áreas que no han podido ser cultivadas.
Leyenda
El conflicto se mantiene en el predio San Camilo, a la espera de una comisión del Inti. Foto archivo cortesía @Tatuyytv
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