Cerca de diez familias con residencia en la población de Yaracal, estado Falcón, fueron despojadas de sus siembras cuando terratenientes del sector Barraca llegaron con maquinaria y arrasaron con ranchos y sembradíos. Los afectados, quienes habían atendido el llamado del gobernante Nicolás Maduro para mantenerse y aportar para la alimentación de sus comunidades, sembraron algunas tierras en el sector La Enea del municipio Jacura, en el que esperaban las cosechas de cambúr, yuca, auyama, lechosa, batata, guanábana, maíz y ají.
Lo que calificaron como “la arremetida de los terratenientes de la Barraca” terminó con enterrar la iniciativa de estos campesinos, que sembraron para dar de comer a sus familias y a sus comunidades. Gustavo Ladino, vocero del Movimiento de Campesinos del estado Falcón, concejal del municipio Cacique Manaure y uno de los afectados, denunció que entre los que acabaron con la siembra pudieron identificar a Gregorio Miranda y a su administradora, Yaritza Aponte.
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Resaltó Ladino que tienen más de 15 años trabajando la tierra y que cuentan con los documentos que respaldan jurídicamente el uso de los terrenos. Indicó que los terratenientes destruyeron los ranchos y acabaron con la siembra, lo que a su juicio es grave, por lo que alegó: “Si el Gobierno manda a producir la tierra y sembrar lo que uno se come, aquí hay una flagrante contradicción con lo que sugiere Maduro en el sentido de apoyar para la productividad y contribuir a recuperar la economía”, fustigó desde Coro.
Acabaron con todo
“Lo que hicieron no tiene nombre. Arrasaron con todo, aprovechando que no estábamos, y convirtieron las casas de espera y la siembra en escombros. A Dios gracias que en las casas no estaban los niños, porque cuando pasaron las máquinas ni revisaron si había gente adentro”, describió Julia Jiménez sobre lo acontecido la tarde del 2 de agosto. Su relato coincidió con el de Magaly Coromoto Alastre.
Gustavo Ladino y los demás afectados llegaron a Coro e iniciaron una cruzada que abarcó el Ministerio Público, la Defensoría Agraria, Defensoría del Pueblo, la Unión Regional de Trabajadores (URT-Falcón) y el Instituto Nacional de Tierras (Inti), instituciones de las que esperan un pronunciamiento ante semejante y brutal atropello.
Por tal motivo, una comisión de la Defensoría del Pueblo, encabezada por Marisela Colina, visitó el sector rural La Enea, donde pudo verificar que alrededor de 15 ranchos y sembradíos quedaron devastados tras la intervención con maquinaria enviada por un terrateniente.
La delegación se entrevistó con los campesinos, quienes reiteraron la denuncia. El defensor, Edisoie Sandoval, indicó que la delegatura se activó. Declaró además que la Defensoría indaga sobre otros acontecimientos en Mauroa, Boca de Aroa y Churuguara. «Todos —advierte— tienen un patrón común de desalojos y detenciones arbitrarias, quema y destrucción de siembras y cultivos, así como matanza de animales”.
