Barquisimeto.- Este miércoles 20 de febrero, diputados de la Asamblea Nacional (AN) se reunieron con los familiares de presos políticos y comunes del estado Lara que se encuentran en las prisiones Fénix y Uribana, donde han fallecido 14 reclusos por enfermedades infecto contagiosas en el transcurso de 2019.
La Comisión mixta de Cultos, Régimen Penitenciario y Política Interior dirigió una sesión extraordinaria en el Colegio de Abogados. Familiares denunciaron maltratos, torturas, hacinamiento, retardo procesal y falta de acceso a servicios básicos en las cárceles definitivas y transitorias de la entidad.
“Vamos a abrir una investigación al respecto y en adelante buscar correctivos. Es inaudito que se violen los derechos humanos a los presos, que no se cumpla con la Constitución, los estándares y las leyes. Las cárceles de Venezuela se han convertido en universidades del delito y son las cosas que en el nuevo gobierno se van a empezar a corregir”, indicó el presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, Robert Alcalá.
Asimismo, anunció que desde la AN indagan sobre el traslado de reclusos a la frontera -por órdenes de Iris Varela- para que impidan la entrada de la ayuda humanitaria.
Advirtió que en cárceles con nuevo régimen, ubicadas al occidente del país, se realizan estas prácticas. “Y lo que es peor, se están usando a venezolanos que están privados de libertad para llevarlos a guerras que hay en algunas zonas fronterizas del país del narcotráfico, en el caso específico del Cartel de los Soles y el Cartel de Sinaloa. En las costas del estado Sucre eso está sucediendo”, subrayó.
Según el diputado, parte de la ayuda humanitaria también será destinada a los presos.
“La idea es que los insumos médicos y los suplementos alimenticios lleguen a los casi 300.000 pacientes críticos que hay en Venezuela, algunos de ellos están en las cárceles. Hay penados y privados de libertad que sufren de hipertensión, cáncer y otras enfermedades crónicas que no tienen la asistencia necesaria. Recordemos que la primera fase de la ayuda humanitaria que ingresará sí o sí este sábado -23 de febrero- va dirigida hacia esos pacientes. Nosotros buscaremos las maneras de cómo hacerla llegar a los penales”, explicó.
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Madres piden apoyo
“En las cárceles de Uribana y Fénix, que según la ministra Iris Varela son ejemplos internacionales, hay depósitos de seres humanos donde nuestros hijos se están muriendo, donde el 80 % de los muchachos está en alto grado de desnutrición, porque no hay alimentos, medicinas, agua. Aquí hay una gran epidemia y nadie responde por los 14 fallecidos que llevamos este año”, dijo la activista Nayibe López, quien advirtió que a través de su Fundación Las Mercedes pagaron los entierros de ocho reclusos porque el Estado no cubre los gastos funerarios y las familias de escasos recursos sufren para darles sepultura.
“Cuatro de ellos no eran del estado Lara por los benditos traslados que nos masacran cada vez a los familiares. Cuando nos envían a un muchacho de un sitio a otro, tenemos que empezar de cero, nos llegan los muchachos desnudos, tenemos que volver a comprarle ropa, útiles personales, medicinas. Aparte de eso, los esbirros de Iris Varela golpean a nuestros hijos”, dijo.
Alertó que pese a los reportes de contaminación en las cárceles del estado Lara, el fin de semana enviaron a más de 60 reclusos de El Dorado al Centro Penitenciario Fénix.
Director de Uribana se burla
Los diputados Bolivia Suárez, Milagros Eulate y Juan Pablo Guanipa se dirigieron de la sesión extraordinaria a una protesta de madres de presos que tuvo lugar en la Plaza de la Justicia de Barquisimeto para recoger otros testimonios del drama carcelario en la región.
El director de Uribana se topó con la manifestación al salir de las oficinas del Circuito Judicial Penal. Los familiares lo siguieron y lo emplazaron a ofrecer explicaciones por los maltratos, la mala alimentación, escasez de agua o desacato de las boletas de libertad. Pero el funcionario respondió con burlas a la emboscada.
“El director del penal lo que hacía era reírse. Era la primera vez que las madres y esposas o hermanas tenían un acercamiento con él, le pedimos que oyera las denuncias y no quiso. Que cometieran algún delito no quiere decir que se le violen los derechos humanos”, expresó Suárez.
La inquietud y frustración de los familiares, agregó, va en aumento porque los órganos de justicia no protegen a los reclusos ni garantizan el debido proceso.
El sufrimiento de los presos políticos
Familiares y allegados de los presos políticos de las manifestaciones de 2014, 2017 y 2019 también se pronunciaron en la sesión.
Olga de Crespo, la abuela adoptiva de Yovanny Muñoz, enviado a Uribana en septiembre de 2017 por participar en protestas contra Nicolás Maduro, recordó que sigue enfermo y le han negado la atención médica en dos oportunidades.
“Es fuerte que nosotros tengamos que vivir el terror en esas cárceles por muchachos que prácticamente han dado la vida por Venezuela”, reiteró.
La penalista Rocío Valbuena indicó que hay casos minados de irregularidades, como el de Yovanny. En su causa hay otros dos jóvenes, Ayrton Giménez y Rafael García. Los acusan de causar lesiones a dos guardias nacionales en julio de 2017.
Yovanny y Ayrton continúan tras las rejas.
“Estos hechos ocurrieron el 28 de julio, un día después de que Yovanny perdiera un ojo de un disparo a mansalva e la guardia. Lo más grave es que en la misma fiscalía que lo está acusando hay un expediente donde consta que el 27 de julio entró una persona con una herida en el ojo de aproximadamente 23 años. Ese expediente demuestra que la víctima era él; sin embargo, está acusado. Ayrton estaba en Oriente, sus padres presentaron a la defensa pública las pruebas, el listín del pasaje y la defensa pública no las mostró y Rafael García estaba detenido por otro caso en Alí Primera”, sostuvo.
Igual de viciado está el proceso de los imputados por el intento de magnicidio a Nicolás Maduro, de agosto de 2018.
“Muchos barquisimetanos fueron detenidos. Entre ellos cuatro integrantes de la familia Escalona. A dos, Elisa y Eugenio, no los acusaron, pero a pesar de ello les imponen unas obligaciones de presentación cada 30 días al tribunal, prohibición de salida del país y constitución de fianza con fiadores personales que ganen más de 5.000 unidades tributarias. Aunque sabíamos que era una decisión ilegal, no ajustada a derecho, el 17 de octubre tratamos de someternos a las exigencias del tribunal, libran la boleta de libertad y hasta la presente fecha están detenidos en la sede de la Dgcim en Boleita Norte”, comentó la defensa.
Los familiares y abogados de presos políticos solicitaron a la AN que incluyan estos casos en la Ley de Amnistía y que procesen a los funcionarios que los judicializaron por manifestar.
Lamentaron que las protestas dejaron a jóvenes encarcelados o en el exilio y se refirieron al larense David Santana, quien salió a la calle en 2014 y se exilió en Chile por temor a ser perseguido. Fue arrollado y murió de un paro respiratorio hace pocos días. Su madre recauda fondos para repatriar los restos.
“Lo que nosotros vimos hoy es algo que toca mucho la fibra humana, porque cuando hay alguien que tiene un familiar preso todos están en una realidad dramática. El artículo 272 de la Constitución no se cumple en lo absoluto. Hay un problema adicional: el régimen penitenciario es un desastre. Nada de eso se cumple. La gente está llena de desesperación”, añadió el diputado Juan Pablo Guanipa, promotor de un nuevo régimen penitenciario.
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