Foto EFE
Caracas. Más de 4,6 millones de venezolanos han huido de la crisis política, económica y humanitaria en su país, protagonizando una migración forzada sin precedentes en la historia de América Latina.
Si en el pasado eran bienvenidos, en la actualidad estos venezolanos encuentran una serie de barreras que impiden su ingreso a los países de la región. El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (Ciup), con sede en Lima, Perú, incluye entre estas nuevas restricciones el requisito de visado.
A la fecha, Perú, Chile y Ecuador, es decir, tres de los cuatro mayores receptores de venezolanos en la región, han impuesto visados para el ingreso a su territorio. Solo Colombia sigue aceptando la entrada de migrantes sin este requisito, recuerda el estudio elaborado por investigadores del Ciup, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).
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Pero lo que se pensó como un torniquete para esta hemorragia migratoria está lejos de tener un carácter humanitario, advierte la investigación. Al contrario: los investigadores señalan que las llamadas “visas humanitarias” establecidas en junio y en agosto de 2019 en Perú y Ecuador, respectivamente, se convirtieron en nuevas restricciones, cuyo carácter humanitario es cuestionable.
Feline Freier, investigadora del Ciup, ilustra esta situación en un artículo publicado en el diario El Comercio. Afirma que el 10 de agosto de este año una pareja de venezolanos y su hijo de 16 años llegaron al Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) en Tumbes.
Explicó que el adolescente padecía un cáncer de cerebro, por lo que debía ser exonerado del requisito de la visa humanitaria. Sin embargo, Migraciones rechazó el reporte médico que habían traído sus padres de Venezuela. En su lugar, les pidieron un reporte firmado por un médico peruano como requisito para dejarlo ingresar.
“Esta es la política migratoria del absurdo (…) Este caso es emblemático del costo humano que tiene la nueva política migratoria populista en la frontera norte”, puntualizó Freier.
Del documento Los impactos adversos de las visas humanitarias, elaborado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, se desprenden cinco razones por las que estas visas no son consideradas tan humanitarias.
El trámite de estas visas requiere en Perú, Chile y Ecuador la presentación del pasaporte y de los antecedentes penales, documentos “que son difíciles, sino imposibles de obtener en Venezuela” para una población cuyo sueldo mínimo equivale a 8 dólares mensuales.
Y es que, a la fecha, el pasaporte venezolano es el cuarto más caro del mundo, al subir a Bs 5.890.270, equivalente a 152 dólares al día de hoy.
El documento del Ciup añade que, en Chile, la visa de Responsabilidad Democrática, implementada en abril de 2018, cuesta 30 dólares, mientras que la visa humanitaria en Ecuador vale 50 dólares.
El estudio señala que las visas humanitarias son una buena práctica cuando confieren protección o estatus migratorio a personas que no califican como refugiados o beneficiarios de protección complementaria, pero que tienen necesidades humanitarias dignas de atención.
“Para el desplazamiento venezolano, las nuevas visas de Ecuador y Perú no presentan protección adicional, sino nuevas barreras para el ingreso legal, y protección que antes ya estaban garantizados”, destaca el texto.
Al respecto, menciona que en Perú la implementación de la visa humanitaria viola derechos constitucionales como el libre tránsito, el derecho a la no discriminación y a la unión familiar, entre otros.
“Aún más preocupante es que el Perú también ha limitado seriamente la posibilidad de ser protegido como solicitante de refugio o refugiado, dado que se rechaza a la mayoría de los solicitantes venezolanos en la frontera de Tumbes, sin respetar su derecho al debido proceso”, expone el documento.
Con base en entrevistas realizadas a diversas ONG y funcionarios en la región fronteriza de Tumbes, el Ciup concluye que la imposición de esta visa humanitaria ha ocasionado un auge del tráfico ilegal y trata de personas en esa frontera norte.
“Además, el aumento de la migración irregular en la región ha socavado la buena práctica de vacunaciones obligatorias de los migrantes venezolanos en fronteras. Dado el colapso del sistema de salud en Venezuela, ello representa un riesgo para la salud pública en toda la región”, apunta el documento.
Datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de agosto pasado dan cuenta de un cambio en el perfil de la población migrante venezolana que, señala el Ciup, está asociado a una mayor vulnerabilidad: más mujeres (58%), mayor prevalencia de familias (59% viaja en grupo familiar) y más niños (51% de los grupos viajan con uno o más menores).
Y es esta población, cada vez más vulnerable, a la que no solo le faltan documentos, sino la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas: 56% de la población migrante en la frontera Perú-Ecuador reporta carecer de recursos para comprar comida, y 58% declara la imposibilidad de acceder a alimentos.
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“La gran afluencia de migrantes en fronteras, y el tiempo que tienen que esperar varados allí empeorara su bienestar. En la frontera de Tumbes, en agosto 2019, un gran número de familias estaban por más de una semana, muchas veces sin comida, esperando cita en el consulado peruano para tramitar la visa humanitaria”, revela el estudio.
El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico manifiesta que el hecho de que existan excepciones humanitarias a la visa humanitaria cuestiona su carácter humanitario, “puesto que, además, dependen de la discreción de los funcionarios en los puestos fronterizos”.
En este punto, el Ciup trae a cuento el ejemplo del joven que padece cáncer cerebral y fue rechazado a su llegada al Centro Binacional de Atención Fronteriza, después de exigirle a sus padres un informe firmado por un médico peruano, “requisito absurdo, dado que no hay médicos especializados en la frontera”.
“Se niega la entrada a muchas personas que requieren protección especial, aumentando el riesgo de los más vulnerables, como los niños, las embarazadas y personas enfermas”, concluyen los investigadores del Ciup en el documento.
Tres son las recomendaciones que los especialistas de los centros de Investigación de la Universidad del Pacífico y de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello realizan a las autoridades migratorias de la región:
1.- Reabrir los caminos legales para la entrada de la población migrante venezolana, a fin de proteger a los que llegan a las fronteras en una situación más precaria, y permitir su debida vacunación.
2.- Mejorar el monitoreo para la aplicación de excepciones a las visas humanitarias en la región, con especial atención a los.mayores de edad en extrema fragilidad, niños, mujeres embarazadas y migrantes con enfermedades graves.
3.- Reforzar las políticas públicas que brinden apoyo inmediato a los migrantes en frontera, en especial a los más vulnerables, para satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación y la atención médica. Los investigadores llaman a extenderles este apoyo en las ciudades de destino.
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