Venezolanos varados en República Dominicana buscan sustentarse con trabajos informales mientras vuelven a su país. Foto EFE
Cientos de venezolanos se encuentran varados en República Dominicana debido a la pandemia de COVID-19, sin la posibilidad de optar por un estatus migratorio regular que les permita trabajar de manera legal para sustentarse mientras les dan la posibilidad de volver a su país natal, por lo que la desesperación de regresar crece cada día..
Llegados a Santo Domingo antes de la COVID-19 no pudieron volver a su país en los viajes de repatriación organizados por la aerolínea Conviasa, que actualmente cobra 290 dólares por pasaje en lo que denominan «vuelos humanitarios«, dado que Venezuela mantiene cerrado su espacio aéreo.
La defensora de los Derechos Humanos, Guadalupe Vargas, que vela por la situación de la diáspora venezolana, dijo a Efe que buena parte de estas personas no está buscando el retorno por un deseo expreso de volver a casa, sino por pura «desesperación».
Sin ayudas, sin unas condiciones de vida dignas y, en ocasiones, sin un lugar en donde vivir. Este es el caso de Raúl Villarroel, que acaba de trasladarse junto a tres compatriotas a una pequeña casa, apenas equipada y por el momento sin electricidad, que les han conseguido en Valle Encantado, una zona humilde de Santo Domingo, para que tengan donde alojarse.
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En sus tres años en República Dominicana, Raúl se ha ganado la vida como sastre y árbitro de baloncesto, pero su situación irregular le ha impedido conseguir un trabajo formal y ha decidido que es mejor volver a Venezuela, donde al menos tiene vivienda propia.
«En vista de que la situación se complicó tanto para conseguir papeles» y, además, ser estafado por falsos buenos samaritanos, admite: «me decepcioné bastante».
Para colmo, hace pocas semanas ha tenido que someterse a tres cirugías y, sin nadie que lo asista, para él no cabe otra opción que conseguir plaza en el próximo vuelo de repatriación.
Con ese objetivo está vendiendo mascarillas que él mismo ha confeccionado para reunir el dinero que le permita hacer frente al pasaje, a las tasas migratorias dominicanas y a la PCR y los gastos de cuarentena que el Gobierno venezolano exige a los recién llegados.
República Dominicana es el mayor receptor de inmigrantes venezolanos del Caribe, acoge 114.500 personas de esa nacionalidad entre migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, según datos de la plataforma R4V, que aglutina a varias ONG, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
De esa cifra, solo 7.946 venezolanos cuentan con estatus regular, incluyendo permisos de residencia, necesarios para conseguir un empleo legal y para optar a las ayudas que el Gobierno dominicano ha dado a los trabajadores suspendidos por la pandemia.
La semana pasada, el presidente dominicano, Luis Abinader, prometió al cantautor Ricardo Montaner que tratará la situación de los inmigrantes venezolanos y le avanzó que en breve hará «un anuncio al respecto que va a traer mucha tranquilidad a los paisanos venezolanos», según palabras del artista.
Mientras las ayudas no llegan, los venezolanos en situación irregular buscan la forma de sacar algo de dinero para el viaje y subsistir.
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Tal es el caso de María Cecilia Piratova y su hijo Manuel, que junto al resto de su familia, otros dos adultos y tres niños, salieron de Venezuela hace dos años buscando «una mejor calidad de vida».
Pero al estar en situación irregular, aunque cuentan con formación superior, su principal sustento ha sido la venta ambulante de helados y empanadas, haciéndose con una buena clientela en el sector Los Ríos.
«Nos estaba yendo relativamente bien», dice Manuel, pero las ventas se redujeron en más de un 50 % a causa de la pandemia y se les acumularon los gastos de alquiler, los servicios y el colegio de los niños, hasta llegar a una situación insostenible.
«En Venezuela tampoco es fácil, pero al menos uno tiene un techo propio», apuntó.
Diferente es el caso de Ludys. Lo que iba a ser una visita de un mes se ha transformado es una estancia forzosa a raíz de que se decretara el cierre de fronteras en marzo.
«Yo no vivo aquí, yo vivo en Venezuela», pero el retorno es demasiado costoso y «estoy totalmente desesperada», dice.
En estos meses ha podido ganarse el pan limpiando en oficinas o viviendas, su única alternativa al no tener documentos, pero necesita una ayuda para costearse el viaje que «se suponía eran 120 dólares» pero ya cuesta 290 dólares y además «hay que pagar impuestos, tasas» y la PCR.
«De hecho, la embajada nos obliga a hacernos las pruebas en los laboratorios donde ellos dicen» y que cobran cerca de 70 dólares, aunque hay centros mucho más económicos, se queja Ludys.
Mientras logran su propósito de volver a su país, cerca de 200 venezolanos en una situación más vulnerable están contando con ayuda de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Acnur y otras instituciones sociales.
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