Hombres cocinan con leña dentro de un Pasi en San Antonio del Táchira | Foto: Carlos Eduardo Ramírez
Caracas.- Muchos de los venezolanos migrantes que huyeron de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida, debieron retornar tras la cuarentena que se implementó en los países en los que vivían. La pandemia les dificultó las posibilidades de generar ingresos y mantenerse en el exterior.
Algunas de las razones por las que se regresaron, según testimonios que ha recogido El Pitazo son: la cuarentena y los desalojos de las viviendas ante la imposibilidad de pagar arriendos por falta de dinero. Cuando llegan a Venezuela les toca pasar días en los centros de aislamientos donde escasean los servicios públicos básicos y la comida.
A continuación presentamos un resumen de las denuncias más relevantes que han hecho los retornados tras pisar su país de origen:
El caso más reciente que documentó El Pitazo fue relatado por Rainer, uno venezolano retornado que denunció que una vez en el país se le exigió el pago de hoteles para pasar la cuarentena a pesar de que tanto él como el resto de los viajeros traían la prueba PCR con el resultado negativo. Cuando los pasajeros compran el boleto por un vuelo humanitario para llegar a su país natal, no se les informa de esta medida, pero al llegar al aeropuerto Internacional Simón Bolívar son interrogados sobre el hospedaje y se les pide pagar uno.
Son 10 los hoteles dispuestos por el Gobierno para la estadía de los repatriados, quienes no pueden elegir otro alojamiento fuera de esas opciones. En caso de no poder optar por uno de estos alojamientos los llevan al campamento de la Misión Negra Hipólita, donde igual tienen que pagar 10 dólares y les garantizan comida.
Tamara Taraciuk: “Los Pasi funcionan como centros de detención arbitraria para retornados”
Las denuncias de los aislados va en aumento todos los días. Entre las dificultades por las que pasan los retornados se encuentra el tema de la comida. Resulta que en el estado Zulia, municipio Guajira, fronterizo con Colombia, al menos 400 personas tenían que salir a comprar pan, refrescos, galletas, agua y proteínas porque el Estado no se las proporcionaba; según contó Luis Cárdenas, uno de los afectados.
El Punto de Asistencia Social (Pasi) es el liceo Orángel Abreu Semprún, donde los ciudadanos tuvieron que romper la cuarentena para ir al mercado de Los Filúos a hacer las para no morirse de hambre.
En este mismo Pasi, los ciudadanos no solo no recibían comida, sino que además las condiciones no eran propicias para mantenerlos aislados. Los migrantes que retornaron denunciaron que en el albergue había insalubridad, no tenían agua potable y tampoco electricidad. Los ciudadanos agregaron que los días de encierro se prolongaron de 14 a 30 días.
No solo los venezolanos han elevado su voz para que se sepa sus padecimientos, pues dirigentes políticos y ONG han exigido mejores condiciones para los connacionales. El exgobernador del estado Miranda y dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles Radonski informó que algunos migrantes huyeron de albergues para exigir resultados las pruebas de COVID-19.
Aproximadamente, 60 migrantes retornados, albergados en cuatro Pasi situados en el municipio Muñoz en el estado Apure, huyeron de estos recintos para protestar a las puertas del hospital Martín Lucena, con la finalidad de exigir a las autoridades competentes la entrega de resultados de las pruebas PCR para coronavirus, pendientes desde hacía dos meses. La denuncia fue hecha en agosto.
En todas las noticias que ha sacado este medio de comunicación sobre el tema, los venezolanos vienen alzando sus voces para revelar que han permanecido en los albergues un mes o más sin asistencia médica, sin seguimiento, sin elementos de bioseguridad, sin información, con pocos alimentos y sin ningún balance nutricional.
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