Especialista considera que la mayoría de venezolanos pueden ser reconocidos como refugiados. Foto EFE
Caracas. España es un oasis para los venezolanos que buscan refugio. Es lo que piensa Joenly, quien encontró en el país ibérico la protección necesaria para volver a empezar junto con su esposo.
― ¡Dios, sí que nos han ayudado! ― dice la caraqueña cuarentona, dejando escapar un suspiro ―. Estamos muy agradecidos, porque creo que no ocurre en ninguna parte del mundo … bueno, no sé, a lo mejor estoy hablando estupideces, pero aquí sí ayudan al inmigrante.
Joenly y su esposo son dos de los 75.640 venezolanos a quienes España ha otorgado la residencia por razones humanitarias, una suerte de estatus de refugiado concedido únicamente a las personas de esta nacionalidad que llegan solicitando asilo político, y que los autoriza a residir y trabajar.
La cifra representa 44% del total de solicitudes de refugio aprobadas a los venezolanos en el mundo, que suman 171.793 hasta diciembre de 2020, lo que coloca a España a la cabeza de los países con más peticiones aprobadas, seguido por Brasil, con 27%, que lidera la región, de acuerdo con datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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Sin embargo, las cifras son mínimas si se comparan con el número de venezolanos solicitantes de protección internacional en los países de acogida: 850.818. Irrisorias también si se mira a las 5 millones 636 mil 986 personas expulsadas de Venezuela desde 2015, según Acnur y la OIM, la mayoría en condiciones precarias.
Una población que, de acuerdo con la definición ampliada de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena de 1984 e incorporada en la legislación de 15 países receptores de migrantes, puede ser considerada para el reconocimiento de grupo del estatus de refugiado bajo el procedimiento prima facie alentado por Acnur, pues salió de Venezuela por una violación masiva de los derechos humanos, explica Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).
“Es decir, el reconocimiento de refugiado no se da a la persona por su perfil, sino por el perfil del país de procedencia, y eso permite que el procedimiento sea más rápido, porque lo que tienes que evaluar es de dónde viene, no quién es; sin embargo, ese reconocimiento prima facie no lo están aplicando los países de acogida, salvo Brasil”, prosigue la socióloga.
Así, los venezolanos gozarían de una estancia legal, acceso a derechos básicos como atención médica y educación; a la unidad familiar, a la libertad de circulación, albergue y derecho al trabajo, de manera igualitaria y no discriminatoria. También a garantías de no retorno a Venezuela.
Joenly nunca tuvo miedo de que le negaran la residencia por razones humanitarias. Llegó a España en mayo de 2019 para aliviar los síntomas de la enfermedad de Parkinson de su esposo a través de una intervención quirúrgica financiada por la Fundación Simón Bolívar, adscrita a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Él había sido elegido en 2018 por la Fundación Parkinson Caracas (Fundapark) para someterse a la operación que mejoró sustancialmente su calidad de vida. Fue en el Hospital de Terrassa, en Barcelona. El médico resultó ser un venezolano. Fue una oportunidad de oro que no podían dejar pasar.
“La situación en Venezuela es como una guerra, pero silenciosa. Nosotros pasamos mucha hambre; estábamos en el huesito, muy desesperados, sin comida y con la enfermedad de mi esposo, y nunca pensé que podía separarme de mis hijos. Es horrible, porque los extraño demasiado. Con todo, fue la mejor decisión”, recuerda la mujer, madre de cuatro adolescentes.
La pareja de venezolanos debía regresar al país un mes después de la cirugía, ya cumplida la rehabilitación. Sin embargo, decidió quedarse en Barcelona y solicitar asilo político para luego pedir la residencia por razones humanitarias.
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― La población que tiene Parkinson está sufriendo mucho en Venezuela ― dice Joenly, acariciando el cuello de su esposo ―. Las medicinas que él toma no se consiguen o son muy difíciles de conseguir. En cambio, este país funciona. Como venimos del caos España nos parece lo máximo. Nos hemos topado con gente muy cálida. Nos han ayudado muchísimo.
Ambos enterraron casi todas sus penas durante el camino para conseguir la residencia por razones humanitarias. Joenly se capacitó en gestión administrativa y financiera para potenciar una larga experiencia en contabilidad adquirida en Venezuela, gracias al amparo de la Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), y del financiamiento de la Generalitat de Cataluña
Con algo más de dinero en los bolsillos, ahora viven en Badalona, una ciudad abierta al mar a 10 kilómetros de Barcelona, en un pequeño apartamento alquilado, ubicado en el paseo marítimo. Solicitaron una ayuda económica al ayuntamiento porque llegan con lo justo a fin de mes.
“Cuando me levanto y veo ese paisaje tan hermoso, agradezco a Dios”, afirma la caraqueña, fijando la vista en la puesta del sol en el mar Mediterráneo. La pareja busca ahora mejores oportunidades de empleo en España, a la espera de reencontrarse con sus hijos y convertirse, en el mediano plazo, en ciudadanos españoles, al adquirir la nacionalidad.
No todos los países se muestran igual de receptivos a la hora de aprobar las solicitudes de refugio que se elevan ante sus autoridades. Es el caso de Perú, convertido en el país con más solicitudes de protección internacional de venezolanos recibidas en el mundo (532.303 hasta diciembre de 2020), seguido por Estados Unidos con 129.300 peticiones todavía sin respuestas.
A pesar de ser el segundo mayor receptor de migrantes forzosos provenientes de Venezuela, después de Colombia, con 1 millón 49 mil 970 personas en su territorio, Perú ha concedido el estatus de refugiado a tan solo 2.628 (1,5% del total de refugiados de esta nacionalidad reconocidos en el planeta).
“La sobrecarga del sistema de refugio, más la falta de aplicación general de la definición de refugiado según Cartagena, ha contribuido a las bajas tasas de reconocimiento de refugiados de nacionalidad venezolana en el Perú”, refiere el estudio Inmigración Venezolana en el Perú: Regularización Migratoria y el Sistema de Refugio, elaborado por el centro de pensamiento Equilibrium Cende.
Lesly Solórzano vive en carne propia esta realidad. La caraqueña de 38 años introdujo la solicitud de refugio el 4 de enero de 2019, pues la posibilidad de solicitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) – el documento de regularización migratoria más importante dirigido a la población venezolana en Perú – se había cerrado.
“O era refugio o era andar indocumentada, no encontré otra manera de estar legal. Era ‘la mejor opción’”, recuerda la venezolana que había llegado a Lima en un viaje por tierra en diciembre de 2018 con una prima, pero razones económicas le impidieron seguir hasta su destino final: Chile.
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A pesar de todo, la investigación de Equilibrium Cende comprobó que el sistema de refugio fue una vía a la que recurrieron entre agosto de 2018 y junio de 2019 un conjunto de venezolanos que buscaba entrar a Perú sin pasaporte. No fue el caso de Lesly, quien ingresó con el documento de viaje.
― Hay decepción, porque realmente al inicio se pintaba un trámite sencillo y prometedor para tanta gente que se vino prácticamente huyendo de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida. Incluso ― añade ― ha resultado desde mi punto de vista una burla. Es colocar una curita a una herida hecha con un machete.
La técnico en química, que llegó a ocupar el cargo de jefa de Control de Calidad en una empresa de licores en Venezuela, posee un carnet que la acredita como solicitante de refugio en Perú, pero constituye una barrera para acceder a oportunidades laborales acordes con su experiencia y formación, porque no es un documento reconocido por los empleadores.
Sin perder las esperanzas, Lesly espera la aprobación de su solicitud de refugio y trabaja por ahora como personal de limpieza en casas y apartamentos en la ciudad de Lima.
Madre de tres hijos que se quedaron en Venezuela, aboga por un cambio en los diversos mecanismos de regularización en Perú. “La solicitud de refugio debe ser para quien realmente necesite esa condición y no para el que solo requiere un documento válido para residenciarse y trabajar”, insiste.
Minado por la decepción, el tachirense Héctor Peña se cansó de esperar el día en que Chile le reconociera la condición de refugiado. Fueron suficientes casi tres largos años de restricciones e inestabilidad para desistir de la solicitud de refugio y optar por una visa temporaria para profesionales que consiguió en menos de siete meses, pero con una vigencia de solo un año.
― Vivía con una visa temporaria que se vencía cada ocho meses ― dice el ingeniero ambiental de 30 años, para quien su casa en San Cristóbal se había convertido a finales de 2017 en el lugar más inseguro para vivir por razones políticas, entre otras.
Y añade: “Para conseguir renovarla debía estar alrededor de dos meses sin documentos (vencido) y era realmente frustrante. No puedes viajar, no puedes tener un trabajo estable, tampoco postularte a la permanencia definitiva, por lo que tampoco puedes acceder a licencia de conducir, créditos hipotecarios, etcétera. Era realmente restrictivo y frustrante”.
A pesar de todo, Héctor descubre que todos los horizontes se le abren en Chile, en particular en la capital, Santiago, donde trabaja como ingeniero de proyectos en el área de Medio Ambiente de una gran consultora de ingeniería que adelanta proyectos energéticos que están transformando el país austral.
En Chile residen 457.324 venezolanos, de los cuales 2.861 han solicitado la condición de refugiado y a únicamente 14 se les ha reconocido ese estatus.
― ¿Qué debe cambiar para que los migrantes forzosos venezolanos sean reconocidos como refugiados?
― Son muchas las situaciones por las que los ciudadanos procedentes de Venezuela no son reconocidos como personas que requieren protección internacional, fundamentalmente porque son vistos como cualquier tipo de migrantes. Mientras persista esa mentalidad no habrá posibilidad de que los Estados ni agilicen ni amplíen su capacidad para el reconocimiento de los venezolanos como refugiados ―, advierte Ligia Bolívar, investigadora del Centro de DDHH de la Ucab.
«Hay una grandísima incongruencia entre lo que dicen los Estados en los foros políticos internacionales y lo que hacen; de que hay un régimen de fuerza en Venezuela, que hay una situación de violación de derechos humanos, que hay una crisis humanitaria compleja, pero cuando llegan los venezolanos a sus países no aplican el concepto amplio de refugio, que incorpora esta otra categoría de personas que están huyendo de una violación masiva de derechos humanos. De lo que se trata es de ser coherente. La pelota está en manos de los Estados: lo único que se requiere es voluntad política y coherencia«, insiste en señalar la socióloga.
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